“Estamos en la comisaría (segunda), con dos defensores de menores y con representantes de organizaciones sociales, tratando de garantizar los derechos humanos elementales.” En diálogo con Página/12, mientras los médicos revisaban a trece jóvenes detenidos –y golpeados– por la policía antimotines ayer por la tarde en el centro de San Carlos de Bariloche, el juez Martín Lozada dio cuenta del “clima de caos” que se vivía en esa dependencia policial y en buena parte de la ciudad. Vecinos y dirigentes de organismos de derechos humanos denunciaron la violenta represión que siguió ayer en el Centro Cívico y en los barrios del Alto, para intentar ponerles fin a una serie de protestas populares para repudiar el asesinato del chico Diego Bonefoi, de 15 años, a manos de un uniformado que ya fue detenido. A ese episodio le siguió la muerte –se cree que a consecuencia de la violencia policial– de otras dos personas que participaron en las manifestaciones. “No caben dudas de la participación del suboficial”, cuyo nombre no fue proporcionado, en el crimen de Bonefoi, admitió el ministro de Gobierno de Río Negro, Diego Larreguy, quien informó que “se están haciendo pericias” en las armas de otros policías, para determinar si de allí salieron las balas que mataron a dos de los manifestantes.

Larreguy confirmó que Bonefoi recibió un disparo en la nuca por parte de un agente de la comisaría 28ª que está detenido y que será indagado el martes. “No se descarta que se hayan producido como consecuencia de los incidentes entre policías y manifestantes”, dijo el ministro respecto de las otras dos muertes, que por ahora son de “autor desconocido” y que son investigadas por la fiscalía número uno de Bariloche, a cargo de Marcos Burgo. Los otros dos muertos fueron identificados como Nicolás Carrasco, de 17 años, y Sergio Cárdenas, de 29.

Respecto del caso Bonefoi, el juez Lozada ratificó a este diario que “el sospechoso es el cabo de la policía que está detenido”. El magistrado hizo saber que “el chico recibió un balazo con orificio de entrada y de salida. Hasta ahora, lo que tenemos es la declaración de los tres policías, cuyas armas fueron secuestradas y a los que se les hizo pericias” para determinar si habían hecho uso de sus armas reglamentarias. Lozada aclaró que, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo del chico, “no había ningún arma” que pudiera ser asignada a la víctima. Admitió que con posterioridad “se encontró un arma tirada en la plaza (cercana), pero no hay nada que indique que perteneciera a Bonefoi. Es muy dudoso el origen de esa arma, teniendo en cuenta los protagonistas del hecho”, es decir, los tres chicos que escapaban luego de cometer un supuesto “robo o hurto” y los tres policías que los persiguieron unos 200 metros. “Sólo alcanzaron a Bonefoi, de los otros dos no se sabe nada”, aclaró Lozada.

El juez informó, además, que ayer se produjeron 13 detenciones durante una manifestación de vecinos que fue reprimida por el Batallón Organizado de Represión Antimotín (BORA), el temido cuerpo de choque de la policía rionegrina (ver aparte) y por efectivos de la comisaría segunda de Bariloche. La protesta se hizo en el Centro Cívico, cerca de la sede de la Municipalidad local, y luego de la intervención policial, algunos de los manifestantes rompieron vidrieras de negocios y protagonizaron “actos de pillaje”, según dijeron las fuentes de la comisaría segunda. Las clases fueron suspendidas y buena parte de los negocios cerraron, incluidos los hipermercados.

“Los detenidos en la comisaría segunda eran diez jóvenes y tres menores. Dos de los menores fueron entregados a sus padres y el tercero quedó alojado en una dependencia de Promoción Familiar, porque los menores no pueden estar en comisarías. Los diez jóvenes detenidos fueron llevados a otras dependencias policiales, en mejores condiciones que en la comisaría segunda, donde tuvimos que intervenir para garantizar la vigencia de los derechos humanos fundamentales”, explicó el juez Lozada.

“Había otros dos jóvenes detenidos en el hospital, pero ya dispuse su libertad. Habían sufrido traumatismos y lesiones varias. Los dejé en libertad, porque ya con un caso Walter Bulacio tenemos suficiente en la Argentina”, señaló Lozada, recordando el caso del joven que murió en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido detenido ilegalmente y sin motivo alguno por la Policía Federal.

A los detenidos se les labró, en sede policial, una causa por “daño y tentativa de hurto, porque dicen los policías que intentaron robar en algunos negocios. Hay que ver ahora cuán serio es ese cargo. Mañana (por hoy) me voy a ocupar de esos casos”, anticipó Lozada. Anoche, según el juez, el único incidente ocurría en el Centro Cultural La Llave, en la zona de El Alto, donde “un grupo reducido de jóvenes había producido la rotura de algunos vidrios”.

María Isabel, vecina del Barrio 169 Viviendas, le dijo a Página/12 que para los vecinos “es imposible salir a la calle para hacer las compras en el supermercado, porque el BORA está tirando balas de goma y gases que entran en las casas y no nos dejan respirar”. El complejo habitacional donde vive María Isabel está al lado del barrio Boris Furman, donde fue asesinado el chico Bonefoi. Se trata de tres barrios construidos hacia fines de los ochenta por medio de planes sociales, en donde viven 169, 170 y 180 familias, respectivamente.

“La situación en los barrios del Alto es muy grave, porque la represión continúa. Los vecinos están realizando asambleas para ver cómo pueden organizarse para evitar que se produzcan nuevas muertes”, dijo a este diario Mara Bou, integrante de la APDH de Bariloche. “La represión en el centro fue terrible”, comentó. La comisaría segunda de Bariloche está ubicada en el corazón del Centro Cívico. Algunas radios locales aseguraron, en distintos programas, que lo que se ha establecido en la zona del Alto es “un toque de queda de hecho porque los vecinos no pueden salir de sus casas por orden de la gente del BORA”.