La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, e instó al Estado nacional y provincial a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana”.

La Comisión se pronunció hoy por primera vez luego de la visita del Comisionado Escobar Gil, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, y se convirtió así en el tercer organismo internacional de protección de derechos humanos que a lo largo del último año advierte al Estado argentino sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. En marzo lo había hecho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la semana pasada se expresó en el mismo sentido el Comité de Derechos del Niño.

Escobar Gil examinó distintas cárceles y comisarías de la provincia entre el 7 y el 10 de junio pasados. En su visita a la provincia de Buenos Aires, además de reunirse con representantes del Estado nacional y provincial y con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares, víctimas y ex detenidos, realizó inspecciones al Complejo Conurbano Bonaerense Norte, la Unidad 2 Sierra Chica, la Unidad 1 Lisandro Olmos, la Comisaría de Ensenada Seccional 3ª (El Dique), la Comisaría de Berisso Seccional 1ª, y la Comisaría de Lomas de Zamora Seccional 6ª.

Para Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la preocupación expresada por la Comisión Interamericana luego de su visita al país demuestra que “la situación de las personas privadas de libertad en la provincia es de extrema gravedad y requiere una intervención estatal urgente”. “Así como el Estado argentino cumple ante la comunidad internacional al juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, los organismos internacionales también lo obligan a ocuparse de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el presente”, afirmó.

En el informe, la Comisión expresó su “profunda preocupación por la información recibida, según la cual en los centros de detención se infligen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y destacó que “las condiciones de alojamiento que se verificaron durante la visita resultan incompatibles con el principio de trato humano”. Al respecto, resaltó “el mal estado general de las estructuras e instalaciones físicas” y las graves deficiencias del sistema de salud. Además, la Relatoría aseguró que tomó conocimiento de casos de “golpizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías; la práctica de la ‘falanga’ o ‘pata-pata’, consistente en golpes propinados en la planta de los pies; y maltratos mediante disparos con balas de goma; aislamiento prolongado en celdas de castigo; hacinamiento y malas condiciones materiales”.

Por otra parte, la Comisión hizo hincapié en las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, a raíz del “déficit actual de plazas penitenciarias”, y “exhortó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención”.