Cuando parecían aplacarse los efectos de la tempestad mediática que se desató en torno del caso, la fiscal de Morón María Rita Bustamante volvió a producir truenos: ayer pidió a la jueza Mónica López Osornio que eleve a juicio oral y público la causa por abuso deshonesto y corrupción de menores que tiene como único imputado al cura Julio César Grassi. La fiscal mantiene como víctimas y testigos de cargo a los dos chicos que declararon en contra del sacerdote, “Gabriel” y “Ezequiel”, apuntalados por informes psiquiátricos que aportan credibilidad a la denuncia (ver aparte). También sumó una red de testimonios que incluye a muchos actuales o ex empleados de la Fundación Felices los Niños. La prueba colectada serviría para configurar el “patrón de conducta” que el imputado habría seguido con los menores que estaban bajo su guarda y de los que habría abusado, según dio por acreditado la fiscal Bustamante.
“Esta es una forma de clausurar todos los efectos ajenos a la causa y poner el eje en el caso concreto”, afirmó a Página/12 una fuente cercana a la investigación, al confirmar el pedido de elevación a juicio presentado el viernes por la fiscal Bustamante, aunque la novedad se conoció ayer. La parte acusadora entiende que hay “elementos más que suficientes para el ejercicio de la acción penal” en el marco de la audiencia oral y pública. Ahora la jueza dará vista del requerimiento a la defensa de Grassi, que podrá formular su oposición o demandar un cambio de calificación de los hechos. Después, tras evaluar las distintas posturas, la jueza se tomará cinco días para resolver el pedido fiscal.
La fiscal tomó su decisión luego de que la Cámara de Garantías de Morón le devolviera la causa a la jueza López Osornio, sin resolver una serie de incidentes planteados mayormente por la defensa de Grassi, entendiendo que ya que no tenía tiempo para expedirse y alegando que los temas presentados “no son asuntos que puedan resolverse durante la feria” judicial de enero. Si la jueza decide elevar la causa a juicio y la defensa no está de acuerdo, tendrá que apelar ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones, que si lo cree conveniente hasta podría llegar a fijar la fecha de comienzo del juicio o bien devolver la causa a la fiscalía, si entiende que todavía debe seguir el caso en la etapa de instrucción.
El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, comentó que con el pedido de Bustamante “terminaría la etapa instructoria del caso y se pasaría directamente al juicio”, aunque todavía habría unos meses para sumar elementos a la causa. Grassi fue detenido el 24 de octubre, cuando se presentó en la Delegación de Investigaciones de Morón, un día después de que en el programa “Telenoche Investiga” se hicieran públicas las denuncias en su contra formuladas por dos menores que estuvieron internados en la Fundación, creada en 1993. El sacerdote tenía casi 6000 niños bajo su tutela, más de 300 de ellos internados en la sede de Gorriti 3520, en Hurlingham, donde habrían ocurrido los hechos denunciados.
La fiscal dio por acreditados los dichos tanto de “Gabriel” como de “Ezequiel” en contra de Grassi. En sus testimonios, los menores señalaron la existencia de “besos en la boca”, caricias en los genitales y contactos que llegaron hasta el sexo oral, en todos los casos por iniciativa del imputado. La fiscalía interpretó que hubo “abuso intimidatorio” por parte del sacerdote y resaltó “la imposibilidad de negarse el menor víctima a los actos abusivos, habida cuenta de la relación de jerarquía del sujeto activo (Grassi), y el desamparo en el que quedaría” el chico en caso de una resistencia frente al acoso.
“¿Qué onda, padre?”, le preguntó extrañado “Gabriel” a Grassi durante uno de los “avances” del sacerdote que, según el testigo-víctima, “lo besó en la boca, tratándose de un ‘pico’”. Varios testigos relataron, a su vez, distintos hechos que involucran a por lo menos otros tres menores que habrían sido abusados por Grassi, aunque ninguna de las víctimas lo admitió en público ni ante la Justicia. Por el contrario, en algunasapariciones fugaces en la televisión lo negaron rotundamente. La fiscal aporta una serie de testimonios de personas adultas, empleados o ex empleados de la Fundación, que certificarían el “patrón de conducta” de Grassi. Todos confirman que tenía “preferidos” que recibían “beneficios económicos o en el trato cotidiano”, ya que contaban con celulares, hacían viajes en auto y tenían posibilidades diferentes al resto. La fiscal dejó sentadas las dificultades de los testigos, recordando que “cuando menos ocho” de ellos recibieron amenazas de muerte.