La ausencia de un plan nacional para enfrentar la problemática de la violencia machista, la persistente desjerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres y la “poca efectividad” que han tenido las políticas vigentes para brindar soluciones a fenómenos como el embarazo en la adolescencia, la mortalidad materna –particularmente aquella por abortos inseguros– y la reiterada criminalización de los interrupciones de embarazo permitidas por la ley, son algunos de los cuestionamientos al gobierno nacional en materia de derechos humanos de las mujeres, incluidos en un informe elaborado por una decena de ONG, entre ellas el CELS, FEIM, Cedes y Católicas por el Derecho a Decidir. El documento fue presentado ante el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (conocido como Cedaw, por sus siglas en inglés), donde el Estado argentino deberá rendir cuentas el próximo 12 de julio, en Nueva York.

“La salud sexual y reproductiva es uno de los temas en los que todavía hay puntos pendientes. Más allá de destacar la implementación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y la sanción de las leyes de Educación Sexual y de Anticoncepción Quirúrgica, tenemos un grave atraso en los derechos de las mujeres a la interrupción del embarazo”, señaló la médica epidemióloga Mabel Bianco, presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), durante la conferencia de prensa realizada ayer en la sede del CELS, en la que se dio a conocer el documento “Derechos Humanos de las Mujeres: asignaturas pendientes del Estado argentino”. “Para hacer este informe nos basamos en información oficial y ésa es una de las principales falencias: falta información confiable integral y desagregada por sexo para poder evaluar las políticas destinadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres”, puntualizó Andrea Pochak, directora ejecutiva adjunta del CELS. Al mismo tiempo, Pochak destacó como un avance la sanción del Protocolo Facultativo de la Cedaw, que fue fuertemente resistido por la jerarquía católica y que posibilita que las mujeres víctimas de violación de los derechos humanos puedan realizar denuncias internacionales.

Laureana Malacalza, de la Comisión Provincial de la Memoria, se refirió a la situación de las mujeres en las cárceles bonaerenses, y Susana Pastor, de Feministas en Acción, al problema de la trata de mujeres para explotación sexual, otras dos temáticas en las que se hace hincapié en el informe “sombra”.

La Cedaw es el tratado internacional más importante sobre derechos de las mujeres. Fue aprobado por la ONU en 1979, ratificado por la Argentina en 1985 y desde 1994 tiene jerarquía constitucional. Las expertas internacionales que integran el comité que se encarga de evaluar el cumplimiento de la Convención tendrán en cuenta el informe oficial y los “alternativos” elaborados por ONG para realizar observaciones y recomendaciones al Estado argentino.

El informe de las ONG cuestiona la escasa jerarquía del Consejo Nacional de las Mujeres y su bajo presupuesto, de apenas 5,5 millones de pesos, cuando se trata del órgano del Gobierno encargado de lograr la institucionalización de las políticas de género y su transversalidad. Además, desde 2009, con la aprobación de la ley 26.485 –de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres–, también es su órgano ejecutor, lo que implica una ampliación de sus responsabilidades.

El diagnóstico destaca como positiva la implementación de diversos programas de transferencia de ingresos destinados a reducir la pobreza y la indigencia, particularmente la Asignación Universal por Hijo.

Las ONG reclaman la adopción de iniciativas y programas específicos para reducir “los elevados índices de mortalidad materna como consecuencia de abortos inseguros”. Eso implica trabajar en tomar las medidas necesarias para garantizar que los casos de aborto no punible sean realizados dentro del sistema de salud público, y “propiciar el marco jurídico nacional respecto del aborto en general, en tanto criminaliza a las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado o forzado, y/o las lleva a someterse a abortos clandestinos que ponen en serio riesgo su vida y salud integral”.