Las mujeres pueden desde esta semana acceder a un aborto en España dentro de las primeras catorce semanas de gestación sin tener que justificar los motivos por los que quieren interrumpir un embarazo. La nueva ley –que entró en vigencia el lunes– es fuertemente resistida por el Partido Popular y la jerarquía católica local. Sin embargo, en los ocho años que el PP gobernó el país nunca cuestionó la legislación que regía desde 1985, y que permitía desde entonces un amplio acceso al aborto, al despenalizarlo –entre otras circunstancias– cuando un embarazo no deseado afectaba la salud psíquica de la madre. Por esa causal, se realizaban la casi totalidad de los abortos en España: 98 por ciento, según estadísticas del Ministerio de Salud.

La nueva normativa, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por una clara mayoría en el Parlamento tras un largo proceso de consultas, consagra el derecho de las mujeres al aborto, en línea con la mayoría de las legislaciones europeas, y a la vez contempla mejorar la educación sexual en las escuelas y el acceso a los anticonceptivos, dos pilares fundamentales para reducir la cantidad de embarazos no deseados y así disminuir el número de abortos.

El presidente Zapatero salió a defender la flamante norma. Dijo que se trata de una ley “de prevención, porque está destinada a evitar embarazos no deseados; de seguridad, porque da más garantías a los profesionales y a las mujeres, y europea, porque está en la media de las leyes de países de la Unión Europea con gobiernos de todos los colores políticos”. También defendió su plena constitucionalidad: “No crea inseguridad jurídica”, afirmó. Además cuestionó la actitud del PP de pretender invalidar la ley: “Lo que pierde políticamente en la mayoría social y parlamentaria siempre lo traduce en un recurso ante el Constitucional”, señaló.

La ley establece que en las primeras catorce semanas de gestación se puede acceder a un aborto sin dar explicaciones. Es decir, lo consagra como un derecho, un histórico reclamo del movimiento de mujeres español. A partir de ese plazo y hasta la semana veintidós se podrá recurrir a la intervención cuando la vida de la madre corra grave riesgo. Tras ese límite se permitirán sólo los abortos por malformaciones graves del feto, lo cual deberá ser examinado por un comité médico. Las adolescentes de 16 y 17 años podrán acceder también a un aborto, pero tendrán que informar a sus padres sobre su decisión, “acreditar” con un “documento” ante el médico que han cumplido con ese requisito y acudir acompañadas de un tutor a la intervención. En caso de que se alegue un conflicto familiar que impida a la joven poner al tanto a sus padres, el médico deberá poner por escrito que el miedo de la muchacha está fundado, para lo que podrá pedir informes psicológicos si lo considera oportuno.

Los abortos se practicarán en la red sanitaria pública, aunque “excepcionalmente” estos centros podrán derivar a las mujeres a clínicas habilitadas “con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”. Este aspecto recibió críticas de colectivos de mujeres y organizaciones feministas que advirtieron que podría obligar a las mujeres a peregrinar de un sitio a otro y tener que costear de su bolsillo la práctica (cuyo costo oscila entre 350 y 660 euros, según el tiempo de gestación). Hasta ahora, la casi totalidad de abortos en España se venían realizando en clínicas privadas –pero cubiertos por la seguridad social o con reintegros, según cada autonomía–, dado que en los hospitales los profesionales solían apelar a la objeción de conciencia para no hacer la práctica.

La ley que regía desde 1985 consideraba no punible el aborto en casos de violación hasta la semana doce, y de malformación del feto hasta la veintidós y además permitía la interrupción voluntaria del embarazo por grave riesgo de salud –psíquica y física– de la madre sin fijar un plazo.

El PP y el gobierno de Navarra –gobernado por la derecha– presentaron la semana pasada un recurso ante el Tribunal Constitucional y pidieron que suspenda la aplicación de la normativa. El Ejecutivo que encabeza Rodríguez Zapatero, a través de la Abogacía del Estado, planteó el martes último al Tribunal Constitucional que rechace la solicitud del PP porque no hay “previsión legal o constitucional” alguna que permita la paralización de un texto con rango de ley aprobado por las Cortes Generales. No se espera que la norma sea suspendida.

La resistencia a la aplicación de la nueva ley llegó a tal extremo que Murcia, una de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, había anunciado que directamente no la aplicará, aunque ayer dio marcha atrás. Su presidente, Ramón Luis Valcárcel, el lunes dijo que “no hay razones para acatar” la ley pues “todavía no está en su punto final”, en referencia al recurso del PP y del gobierno de Navarra ante el Tribunal Constitucional. Ayer, como todo indicaba que ese tribunal avalaría la norma, Valcárcel aceptó aplicar la ley. Otras comunidades con gobiernos del PP, se espera, harán todo lo posible por obstaculizar su implementación. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, enfatizó su intención “de proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”, lo que puede convertirse en una imposibilidad de brindar la prestación. El gobierno de Navarra advirtió que seguirá derivando a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en los supuestos legales a centros de otras comunidades autónomas y bajo subvención. En Navarra, un enclave del Opus Dei, nunca se habilitaron clínicas que realicen abortos.

Igual que cuando se aprobó en 2005 la ley de matrimonio para parejas del mismo sexo –también impulsada por el PSOE–, en los últimos meses se realizaron en España diversas manifestaciones convocadas por la Iglesia Católica –en las que participaron referentes del PP– para oponerse a la nueva norma sobre aborto.