La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por expertas de la cartera de Salud de la Nación ya tiene rango de resolución ministerial. El documento, que define los procedimientos que se deben respetar para garantizar en el país el acceso a los abortos permitidos y que prohíbe expresamente la exigencia de una autorización judicial, fue respaldado por la resolución N° 1184, firmada por el ministro Juan Luis Manzur. “Frente a la ausencia de normativas provinciales, esta guía debe ser una referencia. El Estado nacional está marcando así un piso de acceso a derechos. Se trata de señalar un protocolo de atención frente a los casos que ya están contemplados en la ley”, explicó a Página/12 Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

La Guía, como ya informó este diario, hace una interpretación amplia de las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, y en ese sentido deja claro que cualquier mujer que resulte embarazada en una violación tiene derecho a un aborto en un hospital público. También establece que las adolescentes mayores de 14 años no necesitan de la autorización de sus padres para acceder a un aborto permitido. Está contemplada la objeción de conciencia, pero a título individual y no puede ser nunca institucional, es decir, todo hospital debe garantizar la práctica. Los profesionales de la salud que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo “podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología”, advierte el documento.

“El derecho de las mujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal constituye propiamente un derecho humano de orden constitucional”, dice la Guía, que ahora cuenta con un fuerte respaldo político para evitar que sectores conservadores pretendan imponer obstáculos, ya sea en hospitales como en la Justicia, frente a los casos permitidos. El protocolo establece que el aborto se debe realizar dentro de los diez días de solicitado, “previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de alguna de las causales” previstas en el CP. Lo que significa que queda prohibida la consulta a un comité de bioética u otro órgano similar. La Guía enumera los casos permitidos:

- Si existe peligro para la vida de la mujer.

- Si hay peligro para la salud de la mujer.

- Si el embarazo proviene de una violación.

- Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

Además, la Guía señala que el riesgo para la salud de la mujer debe definirse tomando en cuenta que el concepto de salud se entiende como un “completo estado de bie-nestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones”.

Manzur firmó la resolución el 12 de julio. “Es una excelente noticia. Es un paso importante en el reconocimiento de parte del Estado de sus obligaciones, ofreciendo de esta forma una política pública que salvaguarda los derechos de las mujeres. Esta Guía además va a respaldar a los equipos de salud en sus decisiones, va a simplificar el acceso a los abortos permitidos y evitar su innecesaria y perjudicial judicialización”, evaluó en diálogo con este diario Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), e integrante del Consejo Asesor del PNSSyPR, un órgano conformado por las principales especialistas en la temática del ámbito académico, de la sociedad civil y de servicios de salud.

Con esta resolución, indicó Ramos, es evidente que ya no es necesario que el Congreso legisle sobre los abortos no punibles, en referencia a los proyectos de reglamentación del artículo 86 del Código Penal que había empezado a comienzos de junio en el Senado. “En todo caso, el Parlamento tiene que ocuparse de expandir las fronteras del derecho”, analizó Ramos.

La Guía es una revisión y actualización del documento elaborado por un equipo de expertas y con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el último tramo de la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García. Como se informó oportunamente, su sucesora, la ex ministra Graciela Ocaña, no le dio difusión. La sucesión a comienzos de este año de dos casos de adolescentes víctimas de una violación que reclamaron su derecho de interrumpir una gestación en Comodoro Rivadavia y que tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en la Justicia para acceder a un aborto permitido, por la negativa de los médicos del hospital local a practicarlo, puso de relieve la necesidad de promover la Guía.

“Por muchas décadas las mujeres que habitan la Argentina han sido impedidas de ejercer un derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1921”, dice el prólogo de la Guía, que lleva las firmas de Ferro y del subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto.

La coordinadora del PNSSyR adelantó ayer a este diario que en aproximadamente dos semanas estará lista la primera edición de la Guía, que incluirá unos 20 mil ejemplares, que serán distribuidos entre los jefes de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales de todo el país. A partir de hoy, la Guía estará publicada en la página web del Ministerio de Salud. Además, están previstos cinco encuentros regionales con equipos de salud de todo el país para darle mayor difusión. Ferro aclaró que se trata de un piso. “Las provincias pueden avanzar sobre esta legislación, sumar estrategias. La obligación del Ministerio de Salud de la Nación es borrar las brechas, para que todas las mujeres tengan los mismos derechos sin importar en qué provincia nazcan y vivan”, dijo la funcionaria, sabiendo que algunas jurisdicciones, más permeables a las presiones de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica, pueden ser más resistentes a exigir la aplicación de la Guía. De todas formas, la resolución de Manzur se discutió ya en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cefesa), que integran los ministros de todas las provincias.