Clarificar los alcances de los permisos previstos desde 1921 en el Código Penal era una asignatura pendiente del Ejecutivo nacional, frente a la vulneración recurrente de los derechos de mujeres y adolescentes que reclamaban su derecho a abortar, en el marco de la ley. Pero es responsabilidad ahora del Congreso avanzar con una reforma que elimine el aborto del Código Penal y legalice su práctica. Cada año mueren alrededor de 80 mujeres en el país como consecuencia de abortos realizados con métodos inseguros en la clandestinidad. La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles hace referencia a ese contexto dramático. El aborto sigue estando criminalizado y sólo permitido en algunas circunstancias. Las estimaciones recientes indican que ocurren alrededor de 500 mil abortos inducidos al año. Entre 1995 y 2007, las hospitalizaciones de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años por consecuencias de abortos inseguros representaron cerca del 15,5 por ciento del total en la Argentina y las internaciones de jóvenes de 20 a 24 años fueron un 26 por ciento aproximadamente. Juntos, ambos grupos constituyen cerca del 40 por ciento del total de los egresos hospitalarios por aborto, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Está demostrado que la penalización del aborto no disuade a las mujeres de interrumpir un embarazo no deseado: el aborto es su última salida, ante una situación desesperada. Condenarlas a quedar lesionadas, con la pérdida de los ovarios o el útero, como ocurre con frecuencia, o directamente a morir por falta de dinero para un aborto seguro –clandestino, pero seguro– nos convierte a toda la sociedad en cómplices. Está en manos del Congreso revertir este grave problema sanitario y de profunda desigualdad.