El Consejo de la Magistratura de Río Negro rechazó ayer iniciar una investigación sobre la actuación del juez Martín Lozada –con vistas a un juicio político– por el aval que dio a la realización de un aborto no punible. Por unanimidad, los miembros del órgano finalmente resolvieron esperar a que se expida sobre el caso el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que tiene el expediente en sus manos. “La decisión se ajusta a derecho”, destacó en diálogo con Página/12 el diputado radical Iván Lazzeri, uno de los integrantes del cuerpo. Si el STJ confirma la sentencia de Lozada, que autorizó la interrupción de un embarazo solicitada por una adolescente que había denunciado que su padre y su tío la violaban en forma recurrente, quedaría desarticulada la maniobra de los sectores más conservadores y ultracatólicos de Bariloche, que quieren la cabeza del magistrado, reconocido por su perfil garantista y su extensa trayectoria en defensa de los derechos humanos.

En 2009 la corte de Río Negro avaló otro aborto no punible pedido por una niña de 12 años abusada sexualmente (ver aparte). Lozada ayer recibió nuevos apoyos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, lo respaldó tácitamente. Dijo, en relación con la situación de Lozada, que no se puede denunciar a los jueces “por sus sentencias” y lamentó que esa práctica “se está convirtiendo en común”. “Para eso están las apelaciones”, aseveró Lorenzetti. “Esta es una práctica que no corresponde y que hay que corregir”, insistió Lorenzetti en declaraciones a la prensa.

Lozada es el mismo juez que fue apartado por la Cámara Segunda de Bariloche de la causa por la muerte del joven Diego Bonnefoi, presuntamente asesinado en esa ciudad por un cabo de la policía provincial en un caso de gatillo fácil. Lozada había calificado el hecho como “homicidio agravado”.

El Consejo de la Magistratura se reunió ayer para analizar si abría el jury en su contra, a partir de un pedido que había elevado el Colegio de Abogados, presidido por el ultracatólico Diego Breide, representante legal de la organización “pro vida” Gravida y ministro de la eucaristía. Breide y otros miembros que responden a lo más reaccionario de la Justicia en Bariloche le apuntaron a la cabeza de Lozada, luego de que el magistrado avalara con una sentencia el pedido de un aborto no punible de una adolescente de 17 años, identificada como T.N. a quien le habían negado la práctica en el hospital público de El Bolsón.

El encuentro fue presidido por el titular del STJ, Víctor Hugo Sodero Nievas. Participaron de la sesión el representante del fuero penal Héctor Leguizamón Pondal, juez de la Cámara Segunda, tres consejeros del Colegio de Abogados (una de ellas una ex socia de Breide en su bufete, Dolores Mazzante) y los diputados radicales Nelly Meana e Iván Lazzeri. Leguizamón Pondal, que es uno de los camaristas que votó por el apartamiento de Lozada en la causa del gatillo fácil y fue denunciado internacionalmente por antisemitismo –como reveló en su momento Página/12–, ocupó la silla de Alejandro Ramos Mejía, miembro de la Cámara Primera, que anuló la sentencia de Lozada. Tanto Ramos Mejía como su hijo homónimo –que también es consejero por el Colegio de Abogados– se excusaron finalmente por razones de “decoro”. Ambos se alinean con el pensamiento ultracatólico de Breide. Estuvo ausente el consejero por el justicialismo, el diputado Martín Soria (h), y también su suplente, su compañera de bancada Silvina García Larraburu.

Dos argumentos esgrimió el diputado Lazzeri para frenar el intento de jury. Por un lado, que todavía no está firme la sentencia de la Cámara Primera del Crimen que anuló el fallo de Lozada: tal como informó este diario, fue recurrida por el defensor Manuel Cafferata y ahora debe pronunciarse el STJ. Por el otro, que el planteo original del Colegio de Abogados fue que se investigue la actuación de todos los funcionarios judiciales que intervinieron en el expediente de aborto no punible, y no sólo de Lozada, es decir, también de los defensores públicos y de los camaristas. Pero por razones ideológicas, Breide focalizó el pedido sobre el magistrado.

La decisión de rechazar el inicio del juicio político a la espera del fallo del STJ fue unánime, informó Lazzeri. En realidad, los sectores conservadores pretenden la destitución de Lozada para dar un mensaje aleccionador a otros jueces que se “atrevan” a respetar la ley cuando haya otro caso de aborto no punible que llegue a los tribunales.

El pedido de jury se fundamentaba en las supuestas deficiencias técnicas de la instrucción llevada adelante por Lozada. Puntualmente se le achacaba haber autorizado el aborto a T. N. cuando la Cámara del Crimen no había resuelto la apelación presentada por la defensora de Menores Paula Bisogni. Es decir, para el Colegio de Abogados, el magistrado ya no tenía jurisdicción sobre el expediente al momento en que avaló la interrupción del embarazo, en los términos del artículo 86 del Código Penal.