La Legislatura porteña tapa y destapa agujeros en el presupuesto de Mauricio Macri. Ayer tuvo que aprobar un proyecto para reasignar parte del dinero tomado como deuda a través del Bono Tango, destinado en principio a la ampliación de la red de subtes, para usarlo en reparaciones de la maltrecha infraestructura escolar de la ciudad y la construcción de escuelas, cuyas obras están paralizadas por falta de presupuesto. El monto asignado es de 36 millones de dólares (144 millones de pesos) que se suman a los 150 millones de dólares que se derivarán para la construcción de 25 pasos bajo nivel en distintos puntos de la ciudad.

Así, de los 475 millones de dólares obtenidos a fines de marzo para las obras de subterráneos, ya se derivaron 186 millones para otros fines. La razón esgrimida por el oficialismo es que las licitaciones para las obras de subte están demoradas y el dinero destinado a ese fin permanece inmovilizado e improductivo.

El oficialismo tenía prisa en obtener la aprobación de esta reasignación para poder cumplir con la promesa que hicieron, hace exactamente un mes, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Educación, Esteban Bullrich. En conferencia de prensa, anunciaron un plan de infraestructura que incluía la reanudación de las obras paradas, como el Polo Educativo de Saavedra, en el Otto Krause y el Mariano Acosta, y la solución de todos los problemas de falta de suministro de gas.

Esas obras, hasta ayer, no tenían financiamiento. En esa búsqueda, el oficialismo había recurrido a otro proyecto, con la idea de reasignar los fondos obtenidos por la venta de un terreno en Catalinas Norte, unos 300 millones de pesos. Esos fondos, según la ley que autorizó la venta de esas tierras, debían destinarse exclusivamente a obras nuevas, iniciadas a partir de 2009. El macrismo quería utilizar una parte, además, para trabajos de infraestructura y para terminar obras iniciadas en gestiones anteriores. El proyecto, presentado por la diputada Eugenia Morales Gorleri (PRO), había conseguido el apoyo del kirchnerista Francisco “Tito” Nenna.

Al respecto, un informe que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hizo llegar a los legisladores advertía que si se aprobaba ese proyecto “se retrocedía en la decisión de asignar esos fondos a obras nuevas, pretendiendo utilizar ingresos extraordinarios en gastos comunes y obras ya previstas”. Finalmente, con la ley aprobada ayer, sería dejado de lado.

Ayer, el proyecto para reasignar parte de los Bonos Tango sumó 39 votos, entre el oficialismo y el Encuentro Popular para la Victoria. En contra votaron la Coalición Cívica, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires e Igualdad Social. La ley autoriza al Poder Ejecutivo a destinar “transitoriamente” el equivalente en pesos de 36 millones de dólares del crédito obtenido por los Tango a “la partida presupuestaria Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Educación”. La garantía para el reintegrar ese monto proviene de la recaudación futura de ABL y otros impuestos.

El crédito de 475 millones de pesos había sido obtenido a fines de marzo por la gestión PRO mediante la colocación internacional del Bono Tango, a devolver a cinco años con una tasa anual del 12,5 por ciento, considerada elevada por la oposición. De ese dinero, unos 300 millones de dólares estaban destinados a la continuación de las obras de subterráneos y la iniciación de tramos nuevos para extender la red. El resto estaba previsto para el Fondo de Infraestructura Social (Foiso) que comprende obras de infraestructura de salud, saneamiento y vivienda.

“Esto demuestra la improvisación y la ineficiencia de la gestión de Macri, que primero propuso un presupuesto para infraestructura escolar de 140 millones para este año (el año anterior había sido de 243 millones), que en el primer trimestre había ejecutado sólo el cinco por ciento, y que ahora pide reasignaciones presupuestarias”, dijo a Página/12 la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires)

La propuesta de otorgar un préstamo a AUSA para construir pasos bajo nivel fue defendido por el diputado Alvaro González (PRO), titular de la Comisión de Presupuesto. “Estas obras contribuirán al avance del plan de movilidad sustentable implementado por el gobierno porteño y otorgarán un notable avance en materia de seguridad vial”, afirmó.

La mayores críticas a este proyecto estuvieron dirigidas justamente al préstamo que el Ejecutivo le concede a la empresa AUSA (del Estado porteño) para la ejecución, por vía de subcontrataciones, de 25 pasos bajo nivel y la ampliación del Puente Pacífico.

El diputado Martín Hourest (Igualdad Social), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, cuestionó la transferencia de seiscientos millones de pesos a AUSA, “que es una ‘caja negra’ que no responde a inspecciones ni a un sistema de controles republicanos”. “Esto demuestra cuánto nos engañaron diciendo que esa plata iba para los subterráneos”, dijo, y calificó el préstamo de “pésimo negocio financiero”.

Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, se negó a acompañar el proyecto “porque el monto pone en riesgo a AUSA: esta operación nace de la impericia del Ejecutivo al colocar todos los bonos cuando no tenía capacidad de ejecución”. En efecto, a cuatro meses de tomado el préstamo, todavía no están los pliegos para licitar las obras de subte.