Después de muchas idas y muchas vueltas llegó el honorable Vaughn R. Walker para dar un paso fundamental en favor del matrimonio igualitario. El miércoles pasado este juez federal de San Francisco falló que prohibir matrimonios de personas del mismo sexo viola la Constitución nacional. “Un fallo que cambia para siempre el debate sobre el matrimonio igualitario”, editorializó Los Angeles Times, el diario más prestigioso e influyente de la costa oeste norteamericana. A horas del fallo, sus consecuencias políticas ya se hacen sentir. El gobernador republicano Arnold Schwarzenegger ya había vetado dos veces leyes estatales que legalizaban el matrimonio igualitario. Pero anteayer elogió el fallo del juez Walker y le pidió autorización para reanudar inmediatamente el otorgamiento de licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. “Hacerlo es consistente con la larga historia de California de tratar a todas las personas y sus relaciones con igual dignidad y respeto”, declaró Terminator.

La sentencia de Walker hizo historia por varias razones.

Primero, porque se trata del primer fallo en la jurisprudencia estadounidense que defiende el matrimonio igualitario con argumentos basados en la Constitución de los Estados Unidos. Hasta ahora, todos los fallos de este tipo se basaban en artículos de constituciones estatales. La decisión implica casi con seguridad que el tema llegará a la Corte Suprema federal. Hasta ahora la Asociación de Libertades Civiles y los grupos pro matrimonio igualitario se habían cuidado de no usar argumentos federales en sus apelaciones. Temían que un fallo adverso en la máxima instancia echara por la borda todas las conquistas logradas durante los últimos años. Pero ahora expertos legales le auguran un futuro promisorio al fallo de Walker en la Corte por el impecable razonamiento que usó el magistrado y por la contundencia de las pruebas que apoyan sus conclusiones. Y dicen que fue escrito a la medida de Anthony M. Kennedy, el quinto voto que suele decidir cuestiones sociales en el Tribunal Supremo.

Segundo, porque el fallo declara ilegal un referéndum del 2008 que pasó con el 52 por ciento de los votos para prohibir casamientos de personas del mismo sexo en el emblemático estado de California. Un estado tan poderoso que tiene un PBI que lo ubica como la séptima economía del mundo. Más aún, California alberga a las principales industrias culturales que marcan tendencia en el mundo, desde Hollywood hasta Silicon Valley. El capital simbólico que esas industrias producen al reflejar lo que pasa en California multiplica el impacto de la decisión de los otros cinco estados que ya habían legalizado el matrimonio igualitario en la principal potencia del mundo.

Tercero, por todo lo que sucedió durante el proceso judicial hasta llegar a la sentencia. Cuando Walker recibió el expediente, tomó la sencilla pero inusual decisión de abrir a testimonio los argumentos de los proponentes de la prohibición. Hasta entonces, las discusiones legales habían girado en torno del carácter discriminatorio, o no, del lenguaje de la prohibición, y sobre si el estado tiene derecho a rechazar una prohibición votada por sus ciudadanos. Después de cotejar los argumentos prohibicionistas con la evidencia empírica disponible, Walker llegó a la conclusión de que ninguno, pero ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de Prop 8, se respaldaba en evidencias fácticas.

Cuarto, porque la demanda se basa en la Enmienda XIV de la Constitución estadounidense. Esa enmienda se votó en 1868 para otorgarles derechos de ciudadanía a los esclavos liberados después de la Guerra Civil. En su cláusula de Debido Proceso, la enmienda prohíbe a los gobiernos locales y estatales “denegar a las personas (físicas y jurídicas) la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso ante la ley”. Es la misma enmienda que se usó como base de Brown vs. Board of Education (1954), quizás el fallo más conocido de la jurisprudencia estadounidense, que sirvió para abolir la segregación racial del sistema educativo en ese país. El fallo del juez Walker se inserta en esa tradición y de ella extrae su poder discursivo.

La batalla legal por el matrimonio igualitario en California estalló en noviembre del 2000, cuando el estado votó en referéndum la llamada Ley de Defensa del Matrimonio (California Defense of Marriage Act). Dicha ley modificó el código civil estatal con el siguiente agregado: “Sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido y reconocido en el estado de California”. Pero la historia recién comenzaba.

En febrero del 2004 el alcalde de San Francisco empezó a emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. Al mes siguiente, la Corte Suprema estatal le ordenó suspender esos matrimonios y anular las 4000 licencias que ya había otorgado a matrimonios de gays y lesbianas. San Francisco apeló en base a la ley estatal de Igualdad de Oportunidades. Ganó en primera instancia, perdió en segunda y en mayo 2008 la Corte Suprema estatal, en un giro con respecto a su anterior posición, le dio la razón a la ciudad. Reafirmó el derecho al matrimonio igualitario y ordenó a todos los condados emitir licencias matrimoniales sin discriminar por sexo ni orientación sexual.

Entre mayo y noviembre del 2008 se entregaron 18.000 licencias a parejas del mismo sexo en California. Pero ese mes se aprobó Prop 8, el plebiscito que volvía a prohibir lo que la Corte Suprema estatal acababa de reautorizar. Llovieron apelaciones. Pero la Corte Suprema estatal, en un nuevo giro, votó 6-1 a favor de Prop 8, aunque esta vez declaró válidas las licencias que habían sido otorgadas.

Pero no fue la ciudad de San Francisco la que demandó al estado de California por Prop 8 ante la Justicia federal. Fueron dos parejas, una de mujeres y otra de hombres. Kristin Perry y Sandra Stier (foto) crían cuatro hijos en Berkeley, cuna del slogan sesentista “Marx, Mao y Marcuse”. Jeffrey Zarrilla y Paul Katami viven solos con sus mascotas en Burbank, sede de los estudios de la cadena NBC. Contaron con dos abogados acostumbrados a dar grandes batallas. Ted Olson es el ex procurador del Tesoro (Solicitor General) de Bush y David Boies es uno de los principales abogados del Partido Demócrata. Ambos se enfrentaron en el caso Gore vs. Bush (2004), cuando la Corte Suprema decidió una elección prácticamente empatada. “Llevamos muchísimos años estudiando la Corte Suprema y estamos convencidos de que ha llegado el momento”, dijo Olson en una conferencia de prensa en Hollywood para anunciar la presentación del caso en mayo del año pasado. La causa se caratuló Perry vs. Schwarzenegger.

Según el juez, durante el juicio los defensores de Prop 8 basaron su defensa en argumentos legales y repreguntas a los testigos que presentaron los litigantes. “En cambio su presentación de pruebas fue más bien limitada”, señaló Walker. En una de las primeras audiencias la defensa argumentó que “el interés del estado en el matrimonio es procreativo”. Cuando el juez preguntó de qué manera el matrimonio igualitario afecta la procreación, el abogado contestó: “Su señoría. Mi respuesta es no lo sé, no lo sé”.

Más adelante, la defensa prometió que iba a presentar evidencias de 23 consecuencias dañinas específicas de cambiar la definición de matrimonio para incluir a personas del mismo sexo. “En el juicio, sin embargo, presentaron un solo testigo, David Blakenhorn, para argumentar dicho interés del estado en el matrimonio. El señor Blakenhorn se explayó al respecto. Basta decir que no presentó evidencia creíble alguna para sostener las supuestas consecuencias dañinas que los proponentes (de la prohibición) habían prometido demostrar”, escribió el juez en el fallo.

En el alegato final, la defensa de Prop 8 volvió a reflotar el argumento procreativo. Cuando el juez les volvió a preguntar en qué evidencias se basaban, el abogado contestó: “No hace falta tener evidencia de esto”.

Con la misma meticulosidad, citando decenas de testimonios y estudios científicos, el juez refutó los demás argumentos presentados en contra del matrimonio igualitario: que la prohibición protege al matrimonio tradicional, que los niños están mejor cuando los crían un papá y una mamá, y que el objetivo del matrimonio es la procreación responsable. Walker concluyó que la homosexualidad es un status biológico en vez de una elección voluntaria, que los niños no sufrieron daño cuando fueron criados por parejas del mismo sexo y que Prop 8 se basó primariamente en un temor irracional hacia la homosexualidad. “Prop 8 no presenta ningún argumento racional para negarles una licencia matrimonial a gays y lesbianas”, dice el fallo.

Falta el último paso de la Corte Suprema, pero los opositores al matrimonio igualitario tienen buenas razones para estar preocupados. Consultado por Los Angeles Times, John Eastman, jurista conservador que apoyó Prop 8, reconoció que el fallo de esta semana puso contra las cuerdas a los prohibicionistas. “Yo creo que en la Corte Suprema el juez Kennedy se va a alinear con el fallo del juez Walker”, pronosticó el ex decano de la Facultad de Derecho de Chapman University.

Para la demandante Kristin Perry esta historia ya tiene final feliz. “El fallo asegura que nuestros derechos constitucionales están tan protegidos como los de los demás”, declaró exultante en la puerta del juzgado. En Hollywood ya habrá empezado el casting para rodar el courtroom thriller. Kristin y Sandra hacen de protagonistas. Se casan en el 2004 y cuatro meses más tarde el estado les anula la libreta. Después de una dura batalla legal recuperan su derechos. Con Jeffrey, Paul y los abogados famosos, más la actuación estelar de Terminator como Arnold, el gobernador malvado. El cartel francés se lo lleva Walker, el juez que supo poner las cosas en su lugar.

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