La organización internacional Human Right Watch criticó la “falta de decisión política” del Gobierno para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el país y denunció que miles de mujeres deben enfrentar numerosas trabas en los servicios de salud para acceder a métodos anticonceptivos, procedimientos de ligaduras tubarias y abortos permitidos por la ley. “Parece que no hay conciencia de que los derechos sexuales y reproductivos son un componente importante de cualquier agenda de derechos humanos”, consideró el abogado José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, al presentar un informe sobre la temática realizado por la entidad, en el que advierte que la falta de supervisión y rendición de cuentas en la implementación de las leyes vigentes de salud sexual y reproductiva son los principales problemas que generan que “se continúe denegando a mujeres y niñas una atención adecuada”. HRW reclamó además que el Congreso avance con una reforma legislativa que legalice el aborto. “No cabe la menor duda de que los derechos a la autodeterminación y a la salud de la mujer son los que deben primar en esa materia y así lo establecen tratados internacionales de derechos humanos y derechos de la mujer, que Argentina ratificó de buena fe”, dijo Vivanco en declaraciones a Página/12.

Es la segunda vez que la organización internacional de derechos humanos pone el foco sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país. Su primer informe fue publicado en 2005. El nuevo relevamiento, presentado ayer en el Salón Arturo Illia del edificio Anexo del Senado, lleva por título “¿Derecho o ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva”. El documento se basa en investigaciones de campo realizadas entre febrero y marzo en el ámbito metropolitano por Marianne Mollman, directora de abogacía de la División de Derechos de las Mujeres de HRW, cuya sede está en Nueva York.

Mollman entrevistó a profesionales de la salud, funcionarias del área, usuarias de los servicios y referentes de ONG e investigadoras académicas. “Entre el primero y el segundo informe no hemos detectado mayores progresos”, objetó Vivanco y detalló que los obstáculos más comunes que enfrentan mujeres y jóvenes, según el relevamiento, “incluyen prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo –cuando se pide una ligadura tubaria, por ejemplo– y, en algunos casos, directamente la denegación del derecho a la atención.” Como resultado directo de esas trabas, dice el informe, a menudo mujeres y adolescentes no pueden tomar decisiones independientes sobre su salud, y muchas se enfrentan a embarazos no deseados o con riesgo para su salud. Vivanco se sorprendió por el elevado porcentaje de embarazos no deseados que son interrumpidos mediante abortos en el país, de alrededor del 40 por ciento, en muchos casos practicados de forma insegura, como consecuencia de la penalización de esa práctica. “Esto es realmente chocante”, consideró. Mollman, quien acompañó a Vivanco en la presentación del informe, precisó que los embarazos no deseados en la región Latinoamérica oscilan entre el 15 y el 20 por ciento, una proporción significativamente menor al de Argentina. Vivanco aclaró que todos los datos que recoge el estudio provienen de fuentes oficiales. “La actitud del gobierno argentino no es sólo errática sino ausente en esta materia”, lamentó el directivo de la organización. Y cuestionó que se haya dado marcha atrás en la decisión de avalar con una resolución del Ministerio de Salud la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por esa propia cartera.

“Claramente, las políticas sobre salud reproductiva de Argentina no son perfectas, pero si se implementaran evitarían en gran medida los padecimientos que advertimos al realizar la investigación para este informe”, opinó Vivanco.