Desde hace una década, pero cada vez más frecuentemente, el modo ideal de llegar a una sentencia judicial favorable es montar un patíbulo donde el verdugo, en lugar de levantar el hacha, exclame la palabra: “¡Jury!”. En la primera semana de agosto se asistió a dos situaciones semejantes. El Concejo Deliberante de Tigre, amasado por Sergio Massa, votó en forma unánime para iniciar el trámite de jury al tribunal del caso Urbani (Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez). A 1570 kilómetros de distancia, en Bariloche, para que no se piense que es un atributo de la Zona Norte, otro pedido de jury era presentado contra el juez Martín Lozada por los más recalcitrantes representantes del catolicismo sureño. En uno, Urbani, por haber condenado de acuerdo con la ley que rige sobre la minoridad. Teniendo en cuenta que los acusados tienen 16 años, no estaba mal para empezar. En el otro, Lozada, por haber permitido realizar un aborto a una joven violada, aborto no punible según indica la ley.

El método es altamente eficaz para las aspiraciones de muchos ya que una exclamación, “¡jury!”, echada a la vidriera pública extiende su sombra alineadora de voluntades sobre el resto. Lejos de la justicia, la amenaza presiona por un fallo favorable, lo que en sí misma es negación de justicia. La lógica de lo ilógico.

“Los jueces de la generación que ahora tienen 60 años y que no quieren someterse al poder político no soportan la presión y hacen cuentas, suman los años de docencia para ver si les da para jubilarse”, confió un ensombrecido camarista bonaerense, que se podía jactar de haber superado un trance de ¡jury! “por cumplir con lo que la ley me obliga”. Como hizo notar el camarista, la enorme cantidad de casos se desarrollan contra jueces del fuero penal “porque la inseguridad deja mucho rédito político”. Si cada vez que un juez para dictar sentencia debe evaluar los peligros que ello implica a su estabilidad, el libre albedrío pasa a ser una simple rendición de cuentas.

Los casos de ¡jury! se desparraman públicamente en los titulares de los medios: el conocido como la “Masacre de Campana”, que colocó en la lupa al juez de San Martín Nicolás Schiavo hasta que fue anulado; el del asesinato del ingeniero Carlos Regis, que avanza sobre los jueces de San Isidro Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli. La polémica con Carlos Stornelli sobre los menores en la provincia tuvo como protagonista al juez Luis Arias. También en Capital, en julio pasado, el juez de ejecución penal Axel López presentó su defensa ante el Consejo de la Magistratura, denunciado por el caso de Soledad Bargna. “En el norte del país, donde la política funciona como feudo –confió un juez que analiza su permanencia en el cargo– los magistrados que cumplen con la ley están sometidos al poder feudal.” Y cita dos casos paradigmáticos: los apartamientos del ex juez de Ejecución de La Rioja Guillermo Boiero; y de la camarista de Tucumán, Alicia Freidenberg de Ferreyra, quien debió ser reincorporada por orden de la Corte tucumana. En el primer caso, Boiero había otorgado una salida con custodia a un condenado por homicidio para reparar la casilla de su madre; en el segundo, la camarista autorizó un traslado durante el cual se fugó el detenido.

Pero el ¡jury! no consiste sólo en el insólito reclamo de una justicia favorable a uno mismo. También exige una depurada presentación política ante los medios, que repetirán la información sin analizarla pero aumentándola como lo hace una lupa al destacar determinadas letras. De la lectura detallada de los casos iniciados como presión, surgen puntos en común en todos ellos.

1) Denuncias con errores tan absurdos y graves como equivocar de juez o suponer que tomó tal medida cuando no fue así y ni siquiera está demostrado en el expediente.

2) Acusar de tomar decisiones luego confirmadas por una Cámara, lo que lleva a la pregunta: ¿Por qué los camaristas no fueron denunciados?

3) Tomar decisiones luego aceptadas por el fiscal, y pese a eso, el fiscal no es visto como enemigo público por los denunciantes.

4) Apuntar responsabilidades a los jueces cuando se trata de responsabilidades de fuerzas de seguridad (policía, penitenciarios o políticas).

4) Desconocer las leyes que rigen la actividad judicial, y la que dispone los motivos de enjuiciamiento.

5) Los pedidos de jury vienen casi invariablemente agregados a la intervención de los medios, que en general repiten sin preguntar ni hacer el menor análisis. Salvo algún caso, como el de Lozada (cuyo jury fue suspendido), en el que, de no haber tomado estado público, muchos suponen con asidero que el juicio se hubiera llevado a cabo.

6) Existe interés político que antecede al caso que motiva la denuncia, pero se encubre bajo argumentos supuestamente jurídicos de valor nulo. En definitiva, intentar desplazar al juez señalado y, como alternativa segura, amedrentar al resto.

Del otro lado, juicios políticos como el que pidió contra el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, una cantidad abrumadora de fiscales dependientes de él, muestran la otra cara del mecanismo, cuando la protección política duerme la denuncia y no la hace pública.

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