El caso de los jueces Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli, de los Juzgados 3 y 4 de San Isidro, en su oscuridad es por completo transparente. La denuncia en su contra fue iniciada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, Carla Regis, viuda de la víctima Carlos Regis, y los legisladores José Molina (ex vice segundo del Senado bonaerense y que entre sus acciones como senador convocó a Aldo Rico como asesor) y Guido Lorenzino, diputado por Vicente López, un dato que no será excluyente del trasfondo. El 18 de marzo de 2008, Sal Lari le dio la excarcelación a Sebastián Bordón, imputado por tenencia de armas de guerra. Previamente, Rossignol había dado la excarcelación al cómplice de Bordón, López. La situación era la misma. Ambos, fueron condenados en abril pasado a perpetua por el asesinato de Carlos Regis. A ambos jueces los denunciaron por otorgar la excarcelación durante la cual asaltaron y asesinaron a Regis. A Sal Lari también le imputaron varias causas más relativas a excarcelaciones a denunciados como violadores y a integrantes de la banda que asaltó el Banco Río.

En todas las ocasiones, las excarcelaciones fueron realizadas porque la ley así lo obliga y en las condiciones que se exigen. Pero en la denuncia, además, aparecen errores: achacarle decisiones que tomó la Cámara durante una apelación; ordenar libertades cuando no fueron cuestionadas por la fiscalía; acusarlo cuando concedió una excarcelación que fue confirmada por tres jueces de la Cámara de Apelaciones pero revocada dos votos contra uno por la Casación. Sal Lari sostiene que se lo acusa a él pese a que cuatro jueces más coincidieron con él, y dos no, pero fueron los votos que prevalecieron, y pese a que sostiene su fallo, se pregunta por qué lo acusan sólo a él. Del mismo modo, asegura, cada vez que se aprueba un fallo suyo no implica que el fiscal deba ser llevado a juicio por disentir y apelar.

Para colmo, en abril, cuando se realizó el juicio oral que concluyó con las condenas a perpetua a Bordón y López, aquél dijo al tribunal en la última audiencia que su abogado le había pedido 10 mil pesos para que los fiscales le concedieran la excarcelación igual que a López. El tribunal ordenó investigar el fin de ese dinero. Los medios tergiversados por fuentes interesadas anunciaron que el investigado era Sal Lari. Nadie mencionó a los fiscales, ni mucho menos al abogado. En el trasfondo de tanta acusación a Sal Lari subyace otro motivo: el intendente de Vicente López, García, estaba imputado con otros en una causa por defraudación que fue elevada a juicio por Sal Lari. La Sala Primera de Apelaciones sobreseyó al intendente. Y el fiscal de Cámara, Julio Novo, pese a tener la costumbre de apelar, esa vez no apeló. Desde ese momento, Sal Lari está en la mira.