La Justicia Federal confirmó que ni la presidenta Cristina Fernández, ni su gabinete ni los legisladores delinquieron al propiciar la ley de matrimonio igualitario. La ratificación llegó luego de que la Sala Segunda de la Cámara Federal rechazara la apelación de unos particulares, cuya demanda contra los funcionarios por atentar contra la “ideología del ser nacional” había sido previamente desestimada por un juzgado federal de primera instancia. El recurso de apelación firmado por el abogado chaqueño Jorge Gait, explicó el tribunal, fue rechazado porque no correspondía y había sido “mal concedido”. De esa manera, quedó firme el fallo de primera instancia.

La denuncia había sido promovida, a mediados de agosto, contra la Presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Justicia, Julio Alak, y los diputados y senadores que votaron favorablemente la ley. Aunque radicada en los tribunales de Comodoro Py, quienes la impulsaron y quien los representó legalmente son oriundos de Chaco, donde suelen intentar el fortalecimiento de una Asociación Civil en Defensa de la Ciudadanía que, por ejemplo, atacó públicamente a senadores y diputados nacionales que respaldaban el matrimonio igualitario. En esta oportunidad, Héctor Moors, Miguel Conde Holgado, Elio Montivero, Héctor Aguirre, Amílcar Romanut y Humberto Cardozo contaron con el patrocinio de Gait ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N0 10, a cargo de Julián Ercolini.

“El pueblo argentino es esencialmente católico, y en la norma fundacional se expresa claramente este aspecto –aseguraba el escrito–. Juan Bautista Alberdi diría: en el Preámbulo invocamos a Dios fuente de toda razón y justicia, y en la ley de matrimonio homosexual insultaron la ley de Dios, y tenemos por nada sus preceptos.” Para reivindicar esa perspectiva, los demandantes interpretaron que en el artículo 2 de la Constitución Nacional “declaramos que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, y en la ley de matrimonio homosexual despreciamos el Evangelio, la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia Católica, y la fe del pueblo argentino, que se movilizó multitudinariamente en la plaza del Congreso y en todas las plazas del país y no fue escuchado por los senadores traidores”. El argentino, continuaba la demanda, es un régimen “teísta” y “no ateo, ni neutro”, porque “valora la religión como factor de cultura, y dentro de esa religiosidad, recogerá en el articulado constitucional al catolicismo como religión preferida: la Iglesia Católica será una persona jurídica de derecho público o de existencia necesaria”.

De acuerdo con los representados por el abogado Gait, las normas constitucionales “protegen el modelo de familia biológica-natural, la familia heterosexual”. El reconocimiento a modelos de familia diversa sólo significa una cosa: que “la Nación se enfrenta a un plan sistemático de terrorismo de Estado en lo cultural, constitucional, institucional, social y familiar”. El Gobierno, que lo permitió, pretende “sustituir la ideología nacional, que es humanista y cristiana, por una ideología basada en el relativismo moral, el escepticismo ético y el nihilismo existencial”. En el paquete “terrorista”, por iniciativa del Poder Ejecutivo “y sus seguidores”, se considera “el debate sobre la despenalización del aborto, el matrimonio entre homosexuales, y otros temas, que colisionan con la tradición, las creencias religiosas de la mayoría, con los valores, usos y costumbres, con el pudor social, con la historia argentina, con la Constitución Nacional y con el mismo sistema de Derechos Humanos, que el kirchnerismo aparenta defender”.

En primera instancia, con dictamen fiscal que había desaconsejado la promoción de la causa, la denuncia fue desestimada, pero la medida pretendió ser apelada ante la Cámara. Allí, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que el pedido “no se encuentra debidamente fundado”.