Primero fue “una ola”. Después pareció un maremoto. Terminó el año y los secuestros habían amainado a una correntada más suave pero aún vigente, como muestra entre otros el caso Zapata. En 2002, la crisis llevó a los ladrones a buscar una alternativa de ingresos que suplantara a los robos, cada vez menos rentables y más difíciles por las prevenciones crecientes de la clase acomodada a salvo del corralito. Página/12 consultó a los capos policiales en el tema y a abogados de secuestradores que conocen el paño de esa ilegalidad. “El secuestro es cuestión de experiencia”, evalúa José María Vera, defensor de algunos de los personajes acusados de participar en el secuestro de Cristian Riquelme. Como regalo de la misma crisis las fuerzas de seguridad debieron pelear contra bandas sin ninguna práctica, venidos del arrebato y el robo liso y llano, reconoce Carlos Sablich, jefe de la División Delitos Complejos de la Federal. Angel Casafús, titular de la Brigada Antisecuestros creada tras el escándalo del caso Peralta, considera que algunas juntaron estructura y sapiencia en el rubro. Más allá de las condiciones del enemigo, Casafús agradece la alta importancia que el gobierno provincial le dedicó a su área. “Tenemos el 95 por ciento de los casos resueltos”, se ufana el ya famoso Casafús.
Fueron meses de sangre y extrañas muertes en que desde el riñón de la política provincial se denunció un siniestro plan serruchapisos que intentaba socavar la firmeza política de Juan Pablo Cafiero. Y algunos secuestros con extraordinaria repercusión mediática parecían, a los ojos de los funcionarios de seguridad en el área, hechos a medida de ese “proyecto”. Pero ese remezón político que traducía en principio una nueva faceta en la interna del Partido Justicialista pasó. Y la modalidad del secuestro se mantuvo, aunque no la imprevisibilidad del comienzo, ni el resultado de las pesquisas. Los policías dedicados al tema fueron haciendo mella en la debilidad de las bandas, y apoyados, en el caso de los bonaerenses, por la inversión de recursos que el poder político provincial decidió hacer tras el escándalo y las sospechas que dejó el caso de Diego Peralta, el chico de 17 años secuestrado y asesinado.
El expresivo comisario Casafús suena lleno de orgullo al divulgar el “alto nivel” de resolución de secuestros extorsivos a lo largo de 2002. “Se ha logrado en el 95 por ciento de los casos”, asegura a Página/12. El Ministerio de Seguridad registra en la estadística de sus oficinas técnicas 144 secuestros durante el traumático 2002. De ellos el 34 por ciento y el restante 66 express, la modalidad que más auge tuvo en medio de la crisis. “Riquelme, Peralta, Abetti, Bernardotti, Dadal, Milito”, recita el comisario los apellidos de las “resoluciones”. “Se trata de un trabajo muy intenso, nada más”, asegura sobre los motivos de la performance. El alto rendimiento provincial asombra al titular de la División de Delitos Complejos de la Federal, comisario Sablich. ¿El 95 por ciento de cuántos casos?, pregunta Sablich. “En la ciudad de Buenos Aires debemos andar en 22, entre secuestros comunes y express –repasa–. De ésos, unos 18 fueron resueltos.” En el haber de Sablich figura el descenso marcado de la cantidad de hechos durante la segunda mitad del año. Según esa visión –siempre acusó a los medios de multiplicar el efecto rapto–, la televisión y los diarios primero provocaron la explosión del delito y luego el efecto contrario. “La delincuencia empezó a escuchar que la policía detenía”, dice.
Hasta ahí los números. Pero qué hay detrás de esas cifras que muestran el éxito en el combate del “nuevo flagelo”, como gustaron llamarle los medios. En principio es el propio Sablich quien describe la calidad de las bandas caídas. “Son de cuarta. Todas ellas. Puede haber alguna como la gente, en el sentido de que sepan lo que hacen. Son formadas por delincuentes comunes que venían del robo, del arrebato. Saben cómo hacer un secuestro pero no continuarlo. Saben cómo levantar a la víctima pero no es gente preparada para este delito. La gente experta fue detenida en su momento y yo creo que a esta altura ya está retirada.” Sorprende, pero el mismo argumento que el experto federal utiliza un abogado perito en defender ladrones de alta monta y a algunos nuevos y poco entrenados secuestradores extorsivos. “Yo diría que más que éxito policial hay mucha batida y muchos, demasiados, improvisados. El alto nivel de capacidad que pueden exhibir las fuerzas tiene que ver con el alto nivel de incapacidad de los delincuentes. Para no entrar en la verdad de fondo que es que por lo menos en nuestro estudio tenemos varios casos en los que han engarronado a la gente.” Batida, como sabemos, es delación. Engarronar, verbo tumbero que proviene del sustantivo “garrón”, significa ser acusado falsamente de un delito.
Para el comisario Casafús hubo aprendizajes. “Avanzaron en una modalidad nueva para ellos y con el tiempo fueron perfeccionando los métodos. En algunos casos se fue prolongando el tiempo que mantenían cautivas a las víctimas o aumentando la estructura de la que disponían, optimizaron la logística”, diagnostica. Casafús, recién destituido por el ministerio como jefe de la División de Narcocriminalidad y Delitos Complejos, pero firme al frente de la Brigada Antisecuestros, elogia: “El gobernador y el ministro apoyaron la tarea de la División y dieron una orden clara: privilegiar siempre la vida de la persona secuestrada. Eso demora la resolución del hecho, nosotros siempre detuvimos a los delincuentes después de la liberación. En muchos de los casos sabíamos quiénes eran los secuestradores y esperamos para actuar”.
Sin dudas el punto de inflexión en la escalada secuestradora del año que se fue ha sido la muerte de Diego Peralta, la quema de aquella seccional corrupta y el denunciado complot contra la administración Cafiero en el Ministerio de Seguridad. En el éxito exhibido por el comisario pesa la inversión de recursos realizada por la gestión de Cafiero y su lugarteniente, Marcelo Sain. La brigada antisecuestros no sólo recibió el nombramiento de más personal que ninguna otra en la estructura del ministerio, sino que además la provincia se hizo de un sistema Excalibur de capacidad superior al usado en el caso Cabezas para cruce y rastreo de llamadas y de un helicóptero provisto de una cámara capaz de registrar hasta el número de la patente de un auto y los rasgos de los secuestradores, desde lo alto en el cielo. “Aprendieron unos y otros, los ladrones de cuarta que se perfeccionaron con el tiempo, y la policía, que tuvo que aumentar su capacidad para combatir un delito específico”, admite el penalista Vera. “Acá lo que se nota en el fondo es que hubo una decisión política de querer avanzar, hasta mandaron gente a afuera a hacer cursos. Van siempre un paso más atrás de la delincuencia pero esto demuestra que cuando el poder político toma la decisión puede mejorar algunos aspectos”, juzga Vera y apuesta a que serán otros los delitos que sorprendan a la teleplatea y el ciudadano durante el 2003.