La Dirección de Habilitaciones porteña sabía que el local Beara, donde un derrumbe provocó el viernes la muerte de dos chicas, venía funcionando como local de baile, en forma clandestina, y de todas maneras le otorgó la habilitación como “casa de fiestas privadas”. Lo hizo a pesar de que la directora de Fiscalización y Control del mismo gobierno había solicitado considerar el rechazo de la habilitación, en virtud de “la desvirtuación del rubro y la reincidencia del titular de la explotación comercial en dicha conducta”. El cuestionado director de Habilitaciones, Martín Farrell, justificó ese procedimiento en “el principio de inocencia” de los dueños de Beara. Lo dijo durante el informe que dio ayer en la Legislatura, ante una pregunta del diputado Eduardo Epszteyn, quien reclamó públicamente la renuncia del funcionario. Ayer, el gobierno porteño suspendió preventivamente una serie de espectáculos musicales previstos para esta semana.

Beara estaba habilitada como “casa de fiestas privadas”, un rubro que permite la realización de shows en vivo siempre que no se vendan entradas y los concurrentes lo hagan con invitaciones. Pero el boliche utilizaba esa habilitación como pantalla para organizar bailes y shows, a los que se ingresaba pagando consumiciones, según se pudo comprobar en su sitio web y lo ratificaron varios testigos. Ese pudo haber sido el “mal uso” de la habilitación a la que se refirieron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri (ver aparte). Lo preocupante es que el director de Habilitaciones estaba al tanto de ese comportamiento de los dueños del local y de todas maneras otorgó la habilitación.

Farrell concurrió ayer a la Legislatura, acompañando a su jefe, el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, y de su par, la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski. Los funcionarios repartieron entre los diputados copias del expediente de habilitación del boliche Beara, que hasta agosto de 2009 tenía permiso para funcionar como bar y restaurante y que a partir de entonces lo hizo con el agregado de “casa de fiestas privadas”.

No fue difícil para los inspectores que clausuraron el local dos veces darse cuenta de que había allí una actividad encubierta: “Con la habilitación como casa de fiestas privadas se eludían todas las exigencias que, desde la tragedia de República Cromañón, pesan sobre los locales bailables”, explicó a Página/12 el diputado Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro).

Esa sospecha quedó plasmada en una nota que la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, le envió a Farrell el 3 de agosto de 2009. Allí, después de detallar que el local había sido clausurado el 22 de abril de 2008 por “obstrucción al procedimiento inspectivo”, y el 2 de junio de 2009 “por funcionar como local de baile clase C sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables ni contar con la respectiva habilitación otorgada”, solicitó “el rechazo de la habilitación solicitada” por los responsables de Beara.

Farrell ignoró esa recomendación realizada por escrito y, sin fundamentar su virtual rechazo, veintiún días después le concedió la habilitación. Farrell no pudo explicar por qué no tomó en cuenta la recomendación de la jefa de inspectores. “No puedo tomar medidas sancionatorias”, balbuceó.

“La Agencia de Control clausura, levanta, vuelve a clausurar, hasta que el empresario se pone en regla y arregla con la Agencia”, sentenció Epszteyn, sembrando sospechas de corrupción en el área de habilitaciones.

Durante su exposición, Ibáñez, el titular de la Agencia Gubernamental de Control, deslizó la hipótesis de que el derrumbe del entrepiso de Beara se produjo por “un mal montaje” de la estructura. De esa manera, contradijo las razones vertidas hasta ahora por Macri y su jefe de Gabinete. “No hubo una sobrecarga por la cantidad de gente que había en el entrepiso”, conjeturó.

Ibáñez admitió que existen empresarios que “encubren el cobro de entradas mediante el pago de consumición” y aclaró que “no convalidamos esa operatoria: estamos atrás de ellos”. Precisó que si bien el rubro “casa de fiestas privadas” no existe en el Código de Habilitaciones, la actividad está permitida desde 1996. “Durante la gestión de Fernando de la Rúa fueron habilitadas 28 casas, en la de Enrique Olivera, cuatro; en tiempos de Aníbal Ibarra, 24, y con Jorge Telerman 27. Durante la actual gestión fueron habilitadas 48 casas de fiestas privadas”, precisó Ibáñez.

El funcionario recordó que el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto a la Legislatura para incluir esta figura en el Código de Habilitaciones, pero la diputada Gabriela Alegre le advirtió que “fueron algunos diputados del PRO los que no mostraron interés en tratarlo”.

Mientras esto se discutía en la Legislatura, el gobierno porteño había decidido preventivamente suspender los espectáculos musicales previstos para esta semana. Entre ellos, el recital de presentación del primer disco solista de Pomo Lorenzo, el ex baterista de Luis Alberto Spinetta. El recital se iba a hacer hoy en el local Samson Studio, en San Telmo. “Fue por pedido del Gobierno de la Ciudad”, confirmó a este diario la vocera de ese espacio. También se suspendió ayer el habitual recital del grupo de percusión la Bomba de Tiempo, en Ciudad Cultural Konex.