Los primeros pedidos de amparo realizados por personas trans para que el Estado respete su derecho a la identidad llegaron a la Justicia. Ayer, en el fuero contencioso administrativo porteño, ingresaron las demandas para que la activista María Pía Baudracco y la locutora Ariana Cano accedan a documentos que den cuenta de su identidad de género. Las demandas, que anticipan lo que otra treintena de amparos hará en los próximos días, fueron elaboradas por la Federación Argentina LGBT (Falgbt), cuyos proyectos sobre identidad de género y acceso a la salud para personas trans esperan tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados.

“Presentamos los amparos porque entendemos que hay un derecho vulnerado y es urgente que el Estado lo repare. El derecho a la identidad está garantizado desde el nacimiento para cualquiera, pero eso no sucede en el caso de las personas trans”, explicó a Página/12 Esteban Paulón, presidente de la Falgbt. El nuevo enfoque significa un cambio radical: hasta ahora, las personas trans que logran cambiar sus datos registrales deben hacerlo tras exponerse ante la Justicia, que requiere diagnósticos médicos y revisiones físicas para conceder los documentos acordes. Por eso, el espíritu de los amparos es “demostrar que la identidad de género es el ejercicio del derecho a la autonomía y la identidad”. “El Estado no puede más que reconocer lo que peticionan ciudadanos y ciudadanas. Es inadmisible que tu identidad dependa de la opinión de alguien más.”

La presentación fue “solamente un trámite: ir a la mesa de entradas, que nos den un número de juzgado y esperar. Todavía no tenemos ni el primer proveído”, explicó la abogada Mariana Casas, activista trans e integrante del equipo jurídico. La estrategia judicial, como sucedió durante la campaña por el matrimonio igualitario, acompañará los pasos legislativos de los proyectos ingresados en Diputados hace semanas. Además, nuevamente los tiempos parecieran coincidir: los amparos iniciaron su camino judicial a poco más de un día de la XIX Marcha del Orgullo LGBT, que este año tendrá por lema “Vamos por más. Ley de identidad de género ya”. De hecho, Cano será una de las conductoras del acto central, en la Plaza del Congreso.

En años anteriores, ha habido fallos favorables al pedido que personas trans elevaron para modificar sus datos registrales. “Pero esos fallos no eran amparos, sino presentaciones para que se otorgara el cambio de documento. Las resoluciones favorables concedían el cambio de documento, pero a condición de contar con el diagnóstico de disforia de género”, explica Paulón, en referencia a la enfermedad que abre las puertas, actualmente, a las operaciones de reasignación de sexo y, luego, permite el acceso a otros documentos.

Con el criterio actual, la Justicia ordena la intervención quirúrgica “para ordenar el cuerpo a una convención de género, de acuerdo con un canon de la sociedad acerca de cómo debería ser un cuerpo con identidad femenina o masculina”. En el caso de personas trans operadas en otros países, la Justicia ordena pericias para comprobar las características corporales y sólo luego se concede el documento. Es el caso de Marcela Romero, la activista trans que logró el cambio de los datos registrales tras diez años de gestiones judiciales, y a quien el año pasado la Cámara de Diputados reconoció como Mujer Destacada del Año.