Un pedido de indagatoria contra Mauricio Macri lo obliga a dar, una vez más, explicaciones ante la Justicia en una causa de gran repercusión pública. Se trata del voluminoso expediente de quince cuerpos sobre la UCEP (Unidad de Control de Espacio Público), la patota que dependía de su ex ministro Juan Pablo Piccardo a la que se responsabiliza por diecinueve hechos delictivos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009. La medida fue determinada por el juez de instrucción Facundo Cubas, quien citó al jefe de Gobierno porteño para el 10 de diciembre y, además, a otros funcionarios e integrantes del grupo que se dedicaba a de-salojar por la fuerza a indigentes de plazas, parques y casas tomadas. La carátula dice “Macri, Piccardo, UCEP, sobre amenazas y otros delitos”. Algunas de las pruebas que pueden resultar claves contra los imputados son videos sobre los operativos que realizaban en la calle, documentación incautada en un allanamiento a las oficinas de la unidad y el decreto 1232/08 que le dio vida a este cuerpo de robustos empleados que funcionaba básicamente de noche y bajo protección oficial.

El Juzgado de Instrucción Nº 49 se hizo cargo de la causa desde la denuncia original presentada en octubre de 2008 por la diputada nacional Liliana Parada (ver aparte) y unificó a todos los expedientes que estaban abiertos con distintas acusaciones contra la UCEP. Uno de ellos se abrió por la agresión a Carla Baptista, una embarazada de 30 años y madre de cinco hijos ocurrida en la madrugada del 1° de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. La mujer terminó con desplazamiento de placenta, golpeada en su rostro y hasta corrió riesgo de perder su embarazo. En aquella oportunidad, los integrantes del grupo que la atacó fueron identificados por efectivos de la comisaría 18. Este es uno de los diecinueve hechos que se le imputan a la UCEP y que investigó el fiscal Marcelo Roma, quien elevó el pedido de indagatoria para veintiocho personas hasta el nivel del ex ministro de Ambiente y Espacio Público. El juez Cubas agregó a Macri a la lista de futuros indagados, quien deberá comparecer con su ex colaborador el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las declaraciones comenzarán el próximo martes 30 con los funcionarios que tuvieron directamente a su cargo la UCEP, como Fabián Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Matías Lanusse. Después y hasta finalizar con Pi-ccardo y el jefe de Gobierno, desfilarán por el juzgado veintitrés de los integrantes del grupo que operaba desde oficinas ubicadas en el Mercado del Plata, a media cuadra del Obelisco. Los miembros de la UCEP pertenecían a la planta transitoria del gobierno porteño, cobraban sueldos que rondaban los 1200 pesos y funcionaron así gracias a un decreto que firmaron Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

Los abogados Claudia Neira y Jonatan Firún, que patrocinaron la denuncia original, sostienen que el expediente “tiene pruebas muy importantes como los videos sobre operativos de la UCEP en distintos barrios de la ciudad y la documentación que se obtuvo cuando el juez Roberto Gallardo ordenó un allanamiento en la sede donde funcionaba la unidad. Hubo un mérito importante en la investigación del fiscal Roma, aunque la causa no tuvo un desarrollo probatorio que aportara más datos nuevos durante este año”.

Al poco tiempo de aquella medida dispuesta por Gallardo para que la UCEP se abstuviera de intervenir en operativos que involucraran “a menores e incapaces”, la patota se disolvió tras una reunión entre Piccardo y la defensora del Pueblo Alicia Pierini. Al menos, esa noticia difundió el gobierno. Las sospechas sobre una sobrevida de la unidad siguieron inquietando a las víctimas de su accionar. Cuando se desmovilizaron por las numerosas denuncias recibidas en su contra, otro decreto los reubicó dentro de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y quedaron a las órdenes del ingeniero Jorge Cristian Polini, ex director de Compras y Contrataciones del gobierno, su último jefe.

En los meses siguientes hubo más denuncias contra individuos que vestían ropa oscura, se movían bien entrada la noche y amenazaban, golpeaban e incautaban pertenencias a indigentes. “Esta gente comete delitos y tiene que ir presa”, denunciaba en marzo del año pasado el abogado Ricardo Dios, jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. En ese organismo se acumulaban testimonios de afectados por los operativos violentos de la UCEP: “Con fecha 2 de octubre de 2008 el señor Carlos Rolando Gutiérrez amplió su denuncia y señaló a fojas 4 de la actuación referida, que el día 1° de octubre de 2008 regresó al lugar donde había sido agredido haciéndose presente un coche Fiat Duna de color gris –patente INN220 o ANN220– acompañado por un camión de color blanco que llevaba inscripto ‘Panizza’ en una de sus puertas. Expuso que en dicha oportunidad le fue sustraída por las personas que descendieron de ambos vehículos la frazada que tenía en su poder siendo amenazado con ser golpeado si volvía a intentar pernoctar en el lugar”. Gutiérrez dormía en el umbral del Teatro Colón que el gobierno porteño reinauguraría en mayo de este año. Su presencia afeaba el espacio público, según el particular manual de procedimiento de la UCEP.

“El objetivo de la UCEP es promover el buen uso del espacio público”, decía el ministro Piccardo cuando estaba al frente de la unidad (hoy se desempeña como presidente de la empresa Subterráneos de Buenos Aires). El gobierno porteño se abocó a esa tarea durante casi dos años. A su regreso de la luna de miel, Macri deberá declarar como indagado por qué permitió esa política restrictiva para las personas sin techo en el espacio de todos. Es muy posible que pida la postergación de ese trámite judicial, aunque eso no lo eximirá de responder sobre su presunta responsabilidad penal en la creación de una patota que se fijó como meta expulsar a los más desposeídos de la ciudad de Buenos Aires.