La diputada nacional Liliana Parada, de Proyecto Sur, presentó la primera denuncia contra la UCEP cuando ésta era una amenaza todavía difusa para la mayoría de los indigentes que terminarían sufriéndola. En mayo del 2009, vinculó su investigación y seguimiento de los procedimientos del grupo con un ataque a golpes a su madre, María Estela Gismondi, en su domicilio de Boedo. Su agresor la empujó, le pegó varias patadas en la espalda y se alejó sin robarle nada del hall del edificio donde vive.

En aquel momento, Parada era legisladora porteña. Hoy, desde su banca en el Congreso, observa con satisfacción el resultado momentáneo a que llegó la investigación del juez Facundo Cubas: “El llamado a declaración indagatoria a los responsables políticos máximos de esta verdadera ignominia no sólo da la razón en cuanto a los pasos elegidos, sino que nos permite seguir construyendo los caminos necesarios para derrotar definitivamente una concepción de ciudad alejada de las necesidades que tenemos como pueblo”, comentó.

Sostiene que “fue y es un tema clave para Macri. Desde el comienzo de su gestión hubo dos concepciones de ciudad en pugna: una donde el criterio de mercantilización de todos los aspectos de nuestra vida en comunidad pasaba por encima de los derechos de la ciudadanía, privilegiando el uso del espacio público por parte del capital concentrado financiero e inmobiliario. A fuerza del desalojo compulsivo y masivo de quienes menos tienen, lo consiguió mediante golpes, aprietes y amenazas. En disputa con esta mirada, luchamos por una ciudad inclusiva y democrática”.

Parada reivindica “la lucha popular contra la UCEP, que obligó a un retroceso del macrismo. Cada logro fue importante: la renuncia del coordinador inicial, Rodríguez Simón; la remoción del ex ministro Juan Pablo Piccardo, después; el desmantelamiento de la Unidad cuando ya el escándalo era público y notorio significaron logros colectivos”.