Desde Clorinda

Las 5187 hectáreas que están en el centro del conflicto por las tierras en Formosa le pertenecen –legalmente– a la comunidad toba-qom de La Primavera, desde que el gobierno nacional se las reconoció como propias por decreto 80.513 de diciembre de 1940. Hasta allí, todos están de acuerdo, pero la controversia surge del hecho de que, por distintas razones, los qom repudian y el gobierno provincial justifica, los habitantes naturales han ido perdiendo terreno y creen que, de no ponerse firmes, van a seguir perdiéndolo. El ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Abel González, en una declaración pública, sostuvo que el 10 de octubre de 2008, el máximo dirigente de la comunidad, Félix Díaz, “desistió” mediante la firma de un acta del derecho de propiedad de una porción de esa tierra, ocupada por la familia Celía. En diálogo con Página/12, la abogada de la comunidad, Roxana Silva, admitió la existencia de tal acta, pero aclaró que fue obtenida “por la fuerza, con cientos de policías rodeando a la gente que se había movilizado para protestar, igual que el martes 23 de noviembre”, cuando dos personas murieron en medio de la represión policial.

Eduardo Davis, el abogado que representa a la comunidad en la causa por los sucesos del martes 23, abonó la teoría del despojo permanente, recordando que desde 1940 en adelante “los sucesivos gobiernos le fueron ‘peluqueando’ las tierras, al punto de que en algún momento, de las cinco mil iniciales fueron quedando unas 2500” por la ocupación de familias criollas amparadas por los gobernantes de turno. Incluso le restó hectáreas la creación, en 1951, del Parque Nacional Pilcomayo, que en total ocupa 285 mil hectáreas, algunas de las cuales avanzaron sobre las tierras que hoy sigue reclamando como suyas, por que lo son, la comunidad La Primavera.

Davis dijo que durante los años 1978 y 1979, el gobernador de la dictadura Juan Carlos Colombo expulsó a muchos criollos de las tierras hoy en litigio, pero “por extraña razón nunca echó a la familia Celía, que es la que hoy está siendo usada por el gobierno provincial para quitarles tierras a los aborígenes, en vez de construir su proyecto (un instituto de nivel universitario) en otros lugares de Formosa, con la enorme cantidad de tierra disponible que hay. Los Celía tuvieron y tienen buena relación con los gobiernos y por eso han ido acrecentando sus tierras, en perjuicio de sus legítimos e históricos propietarios”.

En una solicitada que publicó en los medios locales, el ministro Jorge Abel González –hasta ahora no fue posible hablar personalmente con él o con sus asesores– admitió la existencia del decreto del Estado nacional de 1940 que otorgó oficialmente las cinco mil hectáreas a “distintos grupos indígenas” que se asentaban en la zona de Naineck, vecina a lo que hoy es la comunidad La Primavera, en el kilómetro 1300 de la Ruta Nacional 86.

Según la versión oficial, el derecho que les asistiría a los sucesores de don Rosario Celía sería que éste, “en 1939, con anterioridad al dictado del decreto” 80.513 inició “los trámites de tierras (en la misma zona) ante el Ministerio de Agricultura de la Nación”. Por esa razón, cuando en 1981 se hace la mensura de las tierras adjudicadas a la comunidad “se deja fuera de las mismas las ocupadas por la familia Celía, compensándose a la comunidad de La Primavera con fracciones de tierra al norte y al sur”. Así se va llegando, según la historia oficial, a la firma del acta del 10 de octubre de 2008, cuando los encabezados por Félix Díaz supuestamente “desisten” en sede policial de seguir reclamando como suyas las tierras en litigio.

La abogada Roxana Silva afirmó que “no existe ningún documento que certifique que los Celía son los legítimos propietarios de esas tierras. No hay ningún dominio registral a favor de esa familia y el único propietario registrado es el Estado provincial, porque son tierras fiscales”. Agregó que los Celía permanecieron allí por “la generosidad de la comunidad que encabeza Félix Díaz, que durante muchos años mantuvo buenas relaciones con los ocupantes criollos. Lo que pasa es que ellos fueron avanzando: edificaron, alambraron, cercaron un total de 2700 hectáreas, aunque el verdadero problema es el gobierno”.

“Ahora, el proyecto del instituto universitario es del gobierno, ni siquiera es de la Universidad de Formosa. Esta obra se podría realizar en cualquier otro lado. Hacerlo allí es un capricho del gobernador (Gildo Insfrán), no es otra cosa que eso. Acá se maneja todo como si fuera un feudo.” La abogada sostuvo que en la provincia “no se respetan los derechos indígenas, ni se quiere aplicar la ley nacional 26.160”, que reconoce los derechos preexistentes de las comunidades originarias del país, mucho más lejanas, en el tiempo, que la presentación que habría hecho don Rosario Celía en 1939.

También está vigente el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificado en la Argentina, que establece los derechos de los pueblos originarios a tener “una existencia perdurable y diferente, a determinar sus propias prioridades de desarrollo y controlar el mismo, y a ser consultados a través de mecanismos apropiados acerca de cualquier decisión” que pueda afectarlos. Los abogados de la comunidad recordaron que “esos derechos, como se sabe, no son tenidos en cuenta”.

“El gobierno provincial está tratando de tapar el sol con un dedo. Y el ministro González no puede decir que se están respetando los derechos indígenas, porque él sabe muy bien de qué se trata, porque él ha trabajado mucho sobre el tema. El sabe que para los pueblos indígenas una cosa es la tierra y otra, el territorio. Para ellos, el título de propiedad no es lo que vale, sino el de tener derechos sobre su territorio, no para alambrar ni para construir casas, sino para poder cazar, pescar, recoger los frutos de la tierra, sin alambrados ni los impedimentos que ponen los blancos. Para poder vivir de la forma que ellos han elegido vivir desde siempre”, concluyó Roxana Silva.