Ayer la Presidenta promulgó la nueva Ley de Salud Mental. Este hecho marca un momento histórico para nuestro país en la materia. A partir de este momento podremos empezar a desandar el paradigma todavía hegemónico en Argentina que se basa en la concepción de que las personas con discapacidad psicosocial son objetos de tutela y protección que deben ser sustituidos en la toma de las decisiones, restringiendo así su capacidad de ejercer derechos y su inserción en la comunidad.

Esta situación los obliga, al margen de su voluntad, a someterse a procesos de internación e interdicción. Lo que conduce, a la vez, a un alto grado de hospitalización a largo plazo, en grandes centros de internación, y la utilización de la mayor parte de los recursos destinados a salud mental a este fin, en detrimento de dispositivos de atención comunitarios.

El concepto de enfermedad es el resultado de una construcción social. No es ningún hecho dado ni mucho menos objetivo. A lo largo de la historia, cada sociedad fue definiendo qué es lo normal, qué es lo patológico, qué es la salud y qué la enfermedad. Por supuesto que estas definiciones fueron –y son todavía– objeto de discusiones, de combates discursivos, ideológicos y también económicos. La enfermedad –y la locura particularmente– muchas veces ha funcionado, en la modernidad, como objeto de engaño, como señuelo para ocultar profundas políticas de disciplinamiento social. La obra de Michel Foucault, entre otras, es un extraordinario registro, lleno de inventiva teórica, sobre los modos en que el poder, en nombre del miedo a la locura, avanza sobre el control de las poblaciones, que no es otro que el control del deseo, de nuestros cuerpos y de la capacidad subjetiva de decidir sobre nuestros actos.

Es este un tema que toca de cerca, que apunta al núcleo específico de nuestra tarea en el Inadi. Pensar el racismo, la discriminación y la xenofobia no es sólo tomar nota y denunciar las manifestaciones evidentes (aunque también lo es), sino desmontar los mecanismos de dominación y segregación, las huellas que suprimen la diferencia en nombre de una supuesta normalidad. Pensar la igualdad implica también pensar en estas cuestiones. La Ley de Salud Mental significará un notable paso adelante en la ampliación de derechos civiles y en la conquista de nuevos avances sociales.

En relación a la salud mental, se estima que en Argentina hay alrededor de 25.000 personas en centros de internación (66,7 por ciento en el sistema público y 33,3 en el privado). En promedio, más de un 80 por ciento de estas personas permanecen internadas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Entre el 60 y el 90 por ciento suelen ser denominadas como “pacientes sociales”, dado que permanecen institucionalizados en hospitales psiquiátricos por motivos de pobreza y/o desamparo social y familiar.

En las instituciones psiquiátricas argentinas se han constatado graves hechos de abuso y negligencia, incluyendo muertes no investigadas, exposición a privación sensorial mediante aislamiento y diversos actos de violencia física y sexual. Asimismo, se evidencian falta de recursos, mal estado de las instituciones y ausencia de mecanismos de supervisión pública. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2007, se enmarca en un cambio de paradigma que pasa a entender a la persona con discapacidad de objeto de asistencia a sujeto de derechos.

Garantizar el derecho de los individuos a defender su propia subjetividad, a no sufrir el peso del injusto orden psiquiátrico imperante, era una deuda social y cultural. Desde el Inadi estamos en apoyo activo en busca de una sociedad más justa. Hoy, gracias al compromiso del gobierno nacional y de los legisladores que impulsaron y aprobaron la nueva Ley de Salud Mental, estamos ante la posibilidad de empezar a cambiar esta realidad y continuar construyendo un país más inclusivo e igualitario.

* Titular del Inadi