Vecinos del barrio porteño de Boedo recurrieron a la Justicia para que impida al Gobierno de la Ciudad ubicar un Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) dentro de una plaza, que ellos mismos lograron que se empezara a construir hace cuatro años. Los denunciantes sostienen que, de ejecutarse la obra, que tiene una licitación en curso, se violará la ley que catalogó ese predio como espacio verde de uso público, además de infringir el Código de Planeamiento Urbano. La Defensoría porteña ya envió un pedido de informes al Ejecutivo. En este marco, los vecinos se manifestaron ayer para hacer visible su reclamo.

Ante el llamado a licitación pública número 2021-SSATCIU-2010 –11 de noviembre y prorrogado para el 26 del mismo mes– por parte de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Ciudad para construir el nuevo edificio del CGPC Nº 5, la asociación vecinal Todos por la Plaza de Boedo solicitó la “urgente intervención” de la Defensoría del Pueblo porteña para que resguarde el derecho a contar “con un ambiente sano y equilibrado” y que “eventualmente” le recomiende al gobierno “dejar sin efecto” la licitación iniciada.

La asociación vecinal apoya su reclamo en la Ley 2266, sancionada en 2006 e impulsada por los propios vecinos, una iniciativa que dio a conocer Página/12 en diciembre de ese año. La ley expropió y destinó a “espacio verde de uso público y usos complementarios con la zonificación Urbanización Parque (UP)” un predio enmarcado entre las calles Carlos Calvo, Estados Unidos y Sánchez de Loria, que pertenecía a una empresa de micros quebrada. Patricia Rosello, referente vecinal, sostuvo que “si se instala un CGP cambiará el destino de la expropiación” del terreno donde hoy se construye la plaza.

Diego Mielniki, jefe del área de Asuntos Urbanos, Espacios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, es quien recibió el pedido de los vecinos. Mielniki contó a este diario que desde el organismo público de defensa le pidieron al Ejecutivo, a través de un oficio enviado el 30 de noviembre, “que informe sobre qué interpretación hicieron ellos de la ley, si es que la hicieron”. “Además de informarle sobre la denuncia (vecinal) le hicimos un pedido de informes” que indaga sobre “los motivos del proceso de licitación”, explicó. Es que la Defensoría considera que pretender construir el CGPC allí es contrario a la citada Ley 2266.

Sobre la argumentación de los vecinos para que no se construya el CGPC allí, el funcionario judicial consideró: “No parece ridículo, es razonable”. Y comentó que habría que pensar “otras alternativas” para la construcción del centro de gestión.

Manuel Ludueña, asesor del legislador Francisco Nenna y quien aportó información a la demanda vecinal, explicó que “según el Código de Planeamiento Urbano, los predios UP, como son las plazas, tienen como uso principal actividades recreativas”. Para usos complementarios se podrían hacer “construcciones con fines deportivos o culturales, o un baño, pero no un edificio administrativo”.

“El Ejecutivo de la Ciudad debería haber consultado a la Subsecretaría de Planeamiento, luego llevar una propuesta a la Legislatura y, posteriormente, realizar una audiencia pública, si es que quería darle un destino particular a la UP”, como es en este caso. “La persona que actuó promoviendo esto –Eduardo Macchiavelli es el subsecretario de Atención Ciudadana– incumplió los deberes de funcionario público”, acusó. El asesor advirtió que, de no ajustarse a la Ley 2266, “se puede caer en lo que se llama expropiación inversa”, es decir, “se puede pedir la devolución del predio” por haberlo destinado a otros fines.

Los vecinos realizaron ayer por la tarde un corte sobre la intersección de Boedo e Independencia para dar a conocer su reclamo. También presentarán estos días un amparo en el fuero Contencioso Administrativo con los mismos argumentos que esgrimieron ante la Defensoría. A entender de Rosello, esa vía judicial “es la única que puede parar la licitación”.

Informe: Leonardo Rossi.