Las autoridades del Banco Provincia aseguraron ayer que “no hay topes indemnizatorios” para los clientes damnificados por el robo de 136 cajas de seguridad en la sucursal Belgrano y se comprometieron a considerar “caso por caso” para buscar “una solución satisfactoria”. El presidente de la institución, Guillermo Francos, sostuvo que el banco cumple “con las normas de seguridad” establecidas por el Banco Central, aunque admitió que ante lo ocurrido es necesario “un replanteo sobre esas medidas”. La duda central fue expuesta por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien tras resaltar que existen “elementos técnicos suficientemente importantes” para evitar este tipo de robos, cuestionó el hecho de que los responsables del banco “no les prestaran atención” a las alarmas que sonaron repetidas veces antes de que los boqueteros se llevaran, el lunes por la mañana, el dinero y los valores que habían sacado de las cajas violentadas. Ayer se supo que las alarmas estuvieron sonando –se investiga en cuántas ocasiones– desde el jueves 23 de diciembre hasta el fin de semana pasado, cuando se escucharon al menos en dos oportunidades.

“En este caso, por lo que dicen, hubo señales en las alarmas a las que no se han prestado atención y, a partir de ese momento, todo tipo de propuesta (en materia de seguridad) falla”, insistió Fernández. Anoche, Francos reconoció que las alarmas venían sonando desde el 23 de diciembre y precisó que el 29, ante una reiteración de esos hechos, “el gerente de la sucursal entró al banco, pero no advirtió nada raro”. Hubo nuevos avisos el viernes 31 y el fin de semana pasado, pero en esos casos “no se entró al banco”. Sobre esta decisión, Francos se limitó a decir que “tal vez no lo consideraron necesario”.

Una fuente de la Policía Federal consultada por Página/12 aseguró que la fuerza de seguridad “sólo interviene si recibe el aviso de las autoridades internas del banco y sólo puede ingresar a la institución si lo autoriza el gerente”. El vocero sostuvo que “antes del fin de semana en el que habría ocurrido el saqueo de las cajas una comisión policial ingresó al banco, luego de sonar la alarma, pero lo hizo dentro del horario de atención al público y con autorización, y a pedido, de las autoridades. En ese caso, no se comprobó ninguna irregularidad”.

Como se sabe, los tres boqueteros –se dice que podrían haber intervenido en el hecho hasta diez personas– salieron de una casa contigua al banco, en Cabildo 1971, llevándose el dinero y los valores en bolsas de consorcio que cargaron en una Renault Kangoo blanca. El vehículo habría sido encontrado ayer en la zona de Moreno, parcialmente quemada.

Para ingresar al banco, los ladrones hicieron un túnel a seis metros de profundidad, de una extensión de 20 metros. Entraron directamente al sector donde están las cajas de seguridad, luego de perforar una capa de cemento de ocho centímetros de espesor y una plancha de acero, según confirmó anoche el presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos.

Hasta ahora se sabe que fueron tres los ladrones, captados por las cámaras de seguridad internas del banco. Estaban encapuchados. Se supone que otras siete personas podrían haber intervenido en la construcción del boquete, que partió de la casa vecina, alquilada hace tres meses. Una de las excusas de las autoridades del banco por no haberles dado importancia a las alarmas antisísmicas que sonaron fue la presencia cercana del subte D, que une las estaciones de Catedral y Congreso del Tucumán.

El fiscal de la causa, Martín Niklison, solicitó a la Policía Federal que elevara un informe sobre cuántas veces, qué días y a qué horas sonaron las alarmas. “Si hubo alarmas que advirtieron sobre lo que estaba pasando y no fueron atendidas es un claro caso de negligencia”, le dijo a este diario la abogada Nydia Zingman de Domínguez, una experta en este tipo de casos, quien representa a decenas de damnificados (ver nota aparte).

El presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, aclaró ayer que “no hay un monto máximo” de resarcimiento para los damnificados, en respuesta a una versión que indicaba que no se iban a reconocer montos superiores a los 50 mil dólares.

“No hay límites y lo que vamos a hacer es conversar con cada uno de los clientes, para darles una solución acorde a cada uno. El Banco Provincia nunca estafó ni defraudó a nadie”, afirmó Francos. Ayer, a raíz de lo sucedido, el Banco Central informó que trabaja en la reglamentación de la ley 26.637, por la cual se establecen nuevas medidas de seguridad para las entidades bancarias, entre ellas la necesidad de contar con un área blindada para dar garantía de inviolabilidad a las cajas de seguridad. La reglamentación estaría lista “antes del 27 de enero” próximo. El Banco Provincia dijo anoche que ya había atendido “al 80 por ciento de los damnificados”. La doctora Zingman comentó que muchos clientes “están en el exterior y todavía no pudieron entrevistarse con las autoridades”.