El juez federal de Quilmes, Luis Armella, insistió en su orden de desalojo, a como sea que se cumpla, de los edificios de Castañares y Portela, sobre un número impreciso de familias que oscila entre las 70 y las 160 según de quién sea la voz portante. Armella volvió a advertir a funcionarios nacionales que no cumplan la medida con la aplicación de multas, como la que ya aplicó a la secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño. Como contrapartida, la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, presentó un plan de seguridad para prevenir intrusiones en la cuenca Matanza-Riachuelo mediante patrullajes preventivos. Por su lado, los legisladores de Proyecto Sur Laura García Tuñón y Rafael Gentili presentaron ayer un pedido para desafectar al juez federal Luis Armella de la causa por el desalojo y que ésta sea inmediatamente remitida al juez penal, contravencional y de faltas de la Ciudad en turno.

El plan presentado por el Ministerio de Seguridad lleva el título de Plan Integral de Seguridad y consiste en la articulación de acciones entre el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, a través de sus autoridades ejecutivas y fuerzas de seguridad correspondientes, esto es, la Bonaerense, la Metropolitana y la fuerza nacional que corresponda. El plan contempla acciones preventivas y de control sobre la costa ribereña, haciendo hincapié en la detección de nuevos asentamientos en ambas márgenes. Uno de los detalles del plan refiere a lo que hoy pareciera ser la cabecera de un conflicto jurisdiccional, que no es más que la representación de un conflicto de posiciones políticas frente a cómo resolver un problema de clara raíz social: la intrusión de los edificios de Castañares y Portela.

También define que en caso de realizar un desalojo de un predio intrusado, el mismo deberá ser ocupado y asegurado por las fuerzas jurisdiccionales, que vienen a ser la Bonaerense o la Metropolitana, con el apoyo perimetral de las fuerzas de seguridad federales.

El plan, que fue desarrollado por la secretaria Caamaño por orden de Garré, impulsa además la creación de un comité de coordinación operativa entre las tres fuerzas federales de seguridad –Prefectura, Gendarmería y la Federal, en coordinación con la Metropolitana– y la figura del “comandante operativo táctico”, que tendrá a su cargo la supervisión de tareas y la elevación de informes situacionales. El plan fue presentado al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Juan José Mussi, quien es a la vez secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En la reunión participaron representantes de los municipios bonaerenses que integran la Acumar, de la Metropolitana, de las tres fuerzas federales y del juzgado federal de Quilmes, de Armella.

El juez, entretanto, ratificó la orden de desalojo que ya había dado el miércoles pasado y que no se cumplió por diferencias entre los gobiernos nacional y porteño sobre a quién compete la responsabilidad del desalojo y sobre si la solución consiste en palos y a la bolsa, o en resolver los problemas de techo, que son eminentemente sociales. Y de la ciudad, en tanto sea la jurisdicción del problema habitacional.

Macri, por su lado, insistió en que la Nación desaloje el predio ocupado y sostuvo que el kirchnerismo “se dedica a tolerar a aquellos grupos de usurpadores que se apropian de cosas ajenas”, en una rara intrusión de criterios según zona: ni mu sobre el desalojo de los clubes okupas de lo ajeno en los bosques de Palermo.

En comunicación con este diario, Sonia, una de las mujeres ocupantes del predio de Castañares, describió la situación como “calma”, sostuvo que les dejan entrar desayunos y meriendas provistos por un comedor popular de la zona, y agregó que “de acá nos vamos con un techo, no queremos más promesas ni proyectos”. Según su relato, son 160 familias, el 80 por ciento mujeres, y casi un centenar de niños.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, insistió en que no se enviarán fuerzas federales y sostuvo que sólo la Metropolitana debe actuar ante el delito de usurpación, que ya fue traspasado a la Justicia de la ciudad. Precisamente en esa línea, los legisladores de Proyecto Sur García Tuñón y Gentili presentaron el pedido de apartamiento de Armella y la inmediata transferencia a la Justicia porteña. “Pagamos muy buenos sueldos a jueces, fiscales y policía de la Ciudad como para que después se laven las manos para resolver asuntos que están bajo su competencia.” Hoy, Claudio Lozano dará una conferencia exponiendo propuestas de solución del problema, bajo el lema “Para llegar a una salida negociada hay que sacar al juez Armella de la causa”.

http://horaciocecchi.wordpress.com