“Algunos comisarios pueden representar un problema pero la enorme mayoría de los policías realiza su trabajo con mucho esfuerzo y riesgo”, declaró la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al término del seminario internacional “Desafíos de una política de seguridad para la democracia en Argentina”. El encuentro, convocado por el Acuerdo de Seguridad Democrática, había reunido a expertos nacionales e internacionales y representantes políticos de todo el arco democrático representado en ASD. Durante dos jornadas, el seminario buscó debatir para alcanzar un amplio consenso de base, sobre el modo en que desde la tribuna política se informa la inseguridad a la sociedad, sobre los miedos y su multiplicación geométrica azuzada desde los medios y sobre la presión que genera el reclamo posterior sobre los jueces y las leyes.

“Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que llevan a más inseguridad y que en el pasado condujeron al terrorismo de Estado”, dijo Garré durante su discurso de clausura, en el que elogió el consenso logrado por la alianza multisectorial Acuerdo de Seguridad Democrática. Unos minutos antes, el auditorio Bioy Casares a pleno, en el Centro Cultural Borges, recibía con un cerrado aplauso la condena a perpetua a Luis Patti.

“Se trata de un personaje emblemático de lo que este Acuerdo busca evitar en materia de seguridad y de conducta policial”, dijo el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS y uno de los integrantes del Acuerdo.

En el auditorio se encontraba, entre otros, León Arslanian, también organizador de la iniciativa y ex ministro de Seguridad bonaerense.

Durante la mesa anterior, referentes del arco político democrático, todos firmantes del ASD, habían debatido sobre los acuerdos básicos a los que se debía llegar para evitar manipulaciones de los discursos punitivistas desde el ámbito político y a través de los medios. En pocas palabras, cómo evitar que un delito sea trasladado a la sociedad multiplicado como una ola de inseguridad, que luego instale la supuesta necesidad de leyes más duras. Estaban en la mesa los diputados nacionales Vilma Ibarra (NE), Felipe Solá (PF), Mónica Fein (PS), María Luisa Storani (UCR), Horacio Alcuaz (GEN) y el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro (FpV), todos firmantes del Acuerdo. En la audiencia se encontraban Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria; Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. El consenso, arduo por tratarse de un año electoral, fue motivo de elogio por la ministra Garré, quien vio con optimismo que se hubiera alcanzado un acuerdo que enfrente “la demagogia punitiva”.

En la mesa de los representantes políticos quedó expuesto principalmente el mensaje mediático de la inseguridad. Solá sostuvo que “el problema es la repetición de la televisión. La letra con sangre entra. Repiten, repiten, repiten y terminan agrandando la información”. Ante esto, Ibarra defendió la importancia de “alcanzar acuerdos fuertes, que permiten pararse frente al miedo” y recordó las presiones que sufrieron los diputados que se enfrentaron a los reclamos en el período de las leyes Blumberg. Fein defendió las mejoras de profesionalización y equipamiento de las fuerzas de seguridad de su provincia, Santa Fe. Alcuaz se dirigió hacia dentro de los propios partidos, sostuvo una mirada crítica a lo actuado, mencionó las presiones que sufren los diputados para defender una postura no punitivista. Storani sostuvo que “hay que enfrentar estos pedidos y para eso el acuerdo tiene que ser transversal y comprometer a nuestros militantes”. El Chino Navarro volvió sobre los medios y sostuvo que “el negocio de los medios no sólo es el rating. También es tratar de meter miedo, que permite hablar de inseguridad y de presencia policial”.

El caso del jury al juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari fue introducido en el debate. La sola mención de su apellido provoca conmoción en la comunidad judicial, los organismos de derechos humanos y diferentes representantes de la sociedad desde el lunes pasado, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento aceptó iniciarle juicio político. En el debate quedó presente la noción de que el jury a Sal Lari intenta imponer un fuerte mensaje de sujeción de los jueces a la decisión política.

El encuentro de ASD, auspiciado por la oficina regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se desarrolló durante miércoles y jueves y cubrió diferentes aspectos del amplio abanico del concepto de seguridad y las políticas a implementar en una sociedad democrática. Entre los especialistas internacionales participaron Amadeu Recasens i Brunet, ex director de la Escuela de Policía de Cataluña; Gino Costa, ex ministro de Interior de Perú y consultor de la ONU para los Derechos Humanos; Robson Rodrigues, coordinador general de las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro; el periodista Marco Lara Klahr, coordinador del proyecto Violencia y Medios en Insyde. Y una nutrida lista de especialistas argentinos, entre ellos el juez federal Daniel Rafecas; la titular de la Comisión Nacional en materia de drogas, Mónica Cuñarro; Juan Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y Gabriel Kessler, sociólogo del Conicet, entre otros.

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