Cinco empresarios y el organizador de la fiesta donde murieron dos jóvenes tras un derrumbe en el boliche Beara, del barrio de Palermo, fueron citados a declaración indagatoria por la Justicia por las irregularidades detectadas en el lugar y en la construcción del entrepiso, cuya caída provocó la muerte de dos mujeres jóvenes. La decisión fue tomada por la jueza de instrucción Alicia Iermini quien, sin embargo, no se pronunció sobre el pedido de la fiscalía para indagar a los funcionarios porteños encargados de la habilitación y el control del local.

La tragedia de Beara –un local ubicado en Scalabrini Ortiz al 1600, habilitado como casa de fiestas, pero que en realidad funcionaba como boliche bailable– se produjo el 10 de septiembre pasado. Varias personas resultaron aplastadas por el derrumbe: dos de ellas fallecieron y una decena sufrió heridas de distinta gravedad.

Las indagatorias comenzarán el 20 de mayo e involucran a los socios de la empresa El Viejo Sabio SA, responsable de la explotación de Beara. Se trata de Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattán Coria, Ronaldo Fliess e Iván Fliess (padre e hijo) además del organizador del evento de esa noche, Maximiliano Fratino.

Según la investigación, los Fliess serían a la vez socios del emprendimiento comercial y responsables de la empresa Mundo Seco, constructora y proveedora de los materiales con los que se hizo el entrepiso donde se ubicaban los invitados VIP, y que terminó derrumbándose.

El fiscal de instrucción Andrés Madrea había pedido además la declaración indagatoria de varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad: desde el entonces director de Habilitaciones y Permisos Martín Farrell, hasta el jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Casano; el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskcuscas, de quien habría firmado la habilitación, Carlos Mustapich y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru. En el derrumbe murieron Adriana Lizarraga y Leticia Provedo y en la pesquisa se determinó que el lugar tenía habilitación como casa de fiestas privadas, pese a lo cual se organizaban bailes. Una pericia ordenada por la jueza Alicia Iermini, en la que participaron tres ingenieros civiles designados por el Consejo Argentino de Ingenieros, y peritos de parte de la defensa y de la querella, llegó a la conclusión de que la superficie no estaba en condiciones de ser utilizada para el fin previsto en la habilitación. Los peritos oficiales dictaminaron que sólo podía soportar una carga de 215 kilos por metro cuadrado, cuando las normas requieren que las superficies soporten no menos de 460 kilogramos por metro cuadrado.

Después de recibir los resultados de los peritajes, la jueza convocó a los imputados a declaración indagatoria, pero no precisó por qué delito los acusa. Para el fiscal Madrea, tanto los responsables del local como los funcionarios están imputados por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”. La jueza tampoco dijo por qué no convocaba a los funcionarios.

Según trascendió de fuentes con acceso al expediente, el fiscal había pedido la declaración como testigo de la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski. La funcionaria había declarado en la Legislatura porteña que había advertido a Farrell que no concediera a Beara la habilitación solicitada como casa de fiestas privadas porque ese comercio venía funcionando como local de baile, en forma clandestina, razón por la cual había sido clausurado en dos oportunidades. De todas maneras, el organismo a cargo de Farrell le otorgó la habilitación. Poco después ocurrió la tragedia, se presume, porque la cantidad de público ubicado en el entrepiso excedía la resistencia de sus materiales.

Sin embargo, la jueza Iermini no convocó a Berkowski, ya que llegó a evaluar su posible citación como imputada, según fuentes de la causa. Adoptó ese criterio después de tomarle declaración, como testigo, al titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, a la sazón, jefe de Farrell y de Berkowski.

En la Legislatura, Farrell había justificado la habilitación de Beara en “el principio de inocencia” de los dueños. Poco después, el funcionario fue desplazado de su cargo y ubicado en un lugar de menor exposición dentro de la gestión.

Beara estaba habilitada como “casa de fiestas privadas”, un rubro que permite la realización de shows en vivo siempre que no se vendan entradas y los concurrentes lo hagan con invitaciones. Pero el boliche utilizaba esa habilitación como pantalla para organizar bailes y shows, a los que se ingresaba pagando consumisiones. El director de Habilitaciones estaba al tanto de ese comportamiento de los dueños del local, por la advertencia de Berkowski, y de todas maneras le otorgaron la habilitación.

Para el fiscal, los funcionarios son responsables de haber permitido el funcionamiento de Beara pese a que no estaba en condiciones de hacerlo. A Farrell, que firmó la habilitación aun sabiendo que la empresa usualmente violaba las normativas (el boliche había sido clausurado dos veces), agregan Cassano y Seiskuscas, que también suscribieron la habilitación; al inspector Mustapich, quien avaló la habilitación después de haber concurrido al lugar; al maestro mayor de obras Amaru, quien intervino como personal técnico en el trámite de habilitación del entrepiso, y al arquitecto Rasdolsky, verificador de habilitaciones contratado por la Ciudad.

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