Las activistas llegaron a la plaza con enormes racimos de globos rojos, bombos y redoblantes.
Imagen: Rafael Yohai.

Llegadas de todas las provincias, ayer, bajo el mediodía gris, con enormes racimos de globos rojos y bombos y redoblantes y pecheras que decían “Trata de personas no es igual a trabajo sexual”, militantes de la Asociación de Meretrices Argentinas (Ammar, Sindicato de Trabajadoras Sexuales) se reunieron ante el Congreso de la Nación para pedir el reconocimiento legal de su trabajo, en tanto se efectúe en forma autónoma: “Lo que atenta contra nuestra dignidad y nuestra seguridad es el proxenetismo”, plantearon. Y reclamaron: “Exigimos que no nos lleven más presas con la excusa de ‘buscar mujeres tratadas’: exigimos una persecución real a proxenetas y tratantes”. Página/12 dialogó con militantes de distintas provincias: se destacan los acuerdos con los ministerios de Salud locales para trabajar en prevención y los cambios de actitud de las policías provinciales: “El mismo comisario que me ponía presa, hoy, por temor a la Ammar, recibe mis denuncias”. Sin embargo, “muchas compañeras todavía tienen miedo: el maltrato y las detenciones no son fáciles de olvidar”.

La movilización se efectuó en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que conmemora el pronunciamiento efectuado en 1975 por meretrices francesas. “La legislación actual ya establece que el trabajo sexual no está prohibido ni penalizado; lo ilegal es el proxenetismo, que atenta contra la dignidad de nuestro trabajo y contra nuestra propia seguridad: me refiero a los dueños de prostíbulos”, destacó Elena Reynaga, titular del Sindicato. Ammar ya empezó a dialogar con legisladores pero todavía no presentó su anteproyecto: “Lo haremos después de las elecciones nacionales”, anticipó la dirigente. En ese marco, “proponemos una comisión con representantes de ministerios; pero sin poner a la policía en funciones de control: en Uruguay, una vieja ley reconoce el trabajo sexual pero otorga el control sanitario a la policía, que así tiene un arma de extorsión”.

“En nuestro trabajo no hay ningún ‘patrón’ legal: cuando lo hay, es un proxeneta”, observó Reynaga, y comentó: “Algunas compañeras se están juntando, en la Ciudad de Buenos Aires o Rosario para alquilar un departamento de trabajo. Pero los policías se enteran y les exigen que paguen. Les hemos enseñado a poner afiches de Ammar, para que dejen de molestarlas. Pero a veces no están tan empoderadas. Y los dueños de los departamentos las extorsionan también. Por eso es importante el reconocimiento legal: demasiada gente se aprovecha de la clandestinidad en que estamos”.

Muchas de las historias narradas por las militantes se organizan en torno de la lucha contra el ejercicio arbitrario del poder policial: “En Entre Ríos, desde 2003 logramos la derogación del artículo del Código Contravencional que, usando la palabra ‘prostitutas’, le permitía a la policía llevarnos presas, nos obligaba a pagar multa y a quedar detenidas 24 horas –contó Claudia Carranza, de la Ammar entrerriana–. También hicimos un convenio con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, y recorremos la provincia para que las compañeras no acepten la discriminación, para que usen siempre preservativo y para atender al cuidado de su salud, pero no sólo ginecológica sino integral: desde la cabeza, que puede requerir ayuda psicológica, hasta el dedo gordo del pie”.

Mariana Contreras, de Santiago del Estero, contó que “en 2006 logramos agregar al Código Contravencional un artículo contra la discriminación de personas trans y trabajadoras sexuales. Ya no vamos presas. El Ministerio de Salud provincial nos facilita un vehículo para hacer prevención con las compañeras que trabajan en la ruta y en las casas de trabajo. Ellas buscan respaldo en Ammar porque hay maltrato en allanamientos. Y actuamos de algún modo como veedoras del riesgo de trata, ya que Santiago es puente entre el norte y el sur del país en tráfico de personas”.

Claudia Lucero, de Rosario, recordó que “el precio fue la muerte de Sandra Cabrera (militante de Ammar asesinada en 2004): entonces, se disolvió la división ‘Moralidad Pública’ de la policía y dejaron de perseguirnos. Logramos la derogación del Código de Faltas pero, dos meses después, seguían pidiendo plata: hablé con el comisario y le dije que íbamos a tomar una determinación. Ellos saben que vamos a ir a la prensa a escracharlos y le tienen miedo. Hoy, en la misma comisaría donde me llevaban presa, cuando voy en nombre de Ammar, el comisario recibe mis denuncias”.

Yolanda Aguilar, de Villa Angela, Chaco, contó que “antes nos llevaban presas todas las noches. Ahora, ‘No quiero tener problemas con Ammar’ dice el comisario y hasta me pide preservativos (que Ammar distribuye por convenio con el Ministerio de Salud nacional) para sus agentes. Pero en otras partes de la provincia, las compañeras todavía le tienen miedo a la policía: el maltrato y las detenciones te quedan, psicológicamente, pero hay que olvidar”.

–¿Por qué denuncian maltratos “con la excusa de buscar mujeres tratadas”? –preguntó Página/12.

–En procedimientos con policía o gendarmería, ponen a las compañeras contra la pared, les sacan la plata, les quitan los celulares, las revisan, las manosean –contestó Reynaga–. Por nuestra parte, sabemos del tema: cuando en un prostíbulo nos dejan entrar a hablar con las compañeras, es porque ellas son mayores de edad y actúan por decisión propia; cuando no nos dejan entrar, es que esconden algo. Obtenemos información pero, para denunciar, sólo contamos con Zaida Gatti (titular de la Oficina de Rescate a Damnificados por la Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación). En las provincias no hay lugares confiables: no vamos a ir a la policía, no queremos perder la vida como la perdió Sandra Cabrera.