En el marco del juicio iniciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por la familia de Walter Bulacio, el Gobierno reconoció por primera vez ayer que el chico fue detenido ilegalmente y que fue víctima de una violación a sus derechos porque no fue custodiado debidamente. El reconocimiento sobre el comportamiento ilegítimo del Estado en este caso fue incluso más allá: el Gobierno también acepto tácitamente que las leyes y los usos no escritos en la Argentina permiten esas arbitrariedades policiales, por lo que se comprometió a modificar la normativa que la CIDH considere contraria con el derecho internacional.
El inédito reconocimiento fue sellado en un acta firmada por el ministro de Justicia, Juan José Alvarez; el procurador del Tesoro, Rubén Citara; la madre de Walter y su abogada, y un representante del CELS, Víctor Abramovich, en su papel como delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo fue decidido por el presidente Eduardo Duhalde para llegar a una “solución amistosa” en el caso.
“Que el Estado se haya hecho responsable de la violación de los derechos humanos de Walter significa que a Bulacio lo mató la policía”, interpretó María del Carmen Verdú, abogada de la familia del joven que murió hace 12 años, luego de su detención durante un recital de Los Redonditos de Ricota.
Mediante el acuerdo, quedó habilitada la vía para que el caso llegue a una audiencia, que se celebrará entre el 6 y el 8 de marzo próximos en San José de Costa Rica, a fin de que la Corte determine las reparaciones que el Estado deberá realizar. Es decir, que fije el monto de la indemnización que le corresponde a la familia Bulacio.
Expresamente, en el acta el Gobierno reconoció que Walter “fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima por incumplimientos procedimentales”. Paradójicamente, pese a esa admisión, el acusado por la muerte de Bulacio –el policía Miguel Angel Espósito– fue sobreseído definitivamente por la Justicia y la causa quedó cerrada.
El punto del acta que va más allá del caso es el segundo donde las partes (Gobierno incluido) piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fije “estándares” sobre detención de personas, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes, y en particular que se pronuncie en torno a las causas y condiciones por las que una persona puede ser privada de la libertad, sus derechos y los controles sobre esa detención. Esto significa un reconocimiento implícito de que la normativa argentina y sobre todo los usos y costumbres policiales no se corresponden con las pautas fijadas en la Convención sobre Derechos Humanos.
Justamente, el tercer punto establece la constitución de una “instancia de consulta para la adecuación y modernización de la legislación nacional en relación a las violaciones a los derechos humanos que evidenció el caso Bulacio”.
Tanto la resolución que deberá tomar la Corte Interamericana como esa instancia consultiva implican que el Estado argentino deberá “modificar todas las leyes que habilitan la detención de personas y que van contra el derecho internacional, es decir, todas las normativas que constituyen las prácticas habituales de detención”, explicó Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) a Página/12.
Para el director del programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS, Gustavo Palmieri, “el Estado aceptó la solución amistosa porque una condena de la Corte Interamericana hubiese implicado que hay una incapacidad del Estado argentino para proteger los derechos humanos de sus habitantes”. Una fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad confirmó ese análisis: “Era muy probable que si íbamos a un litigio, la Corte condenara al Estado, lo cual hubiese implicado un gran papelón a nivel internacional”. Al firmar este acuerdo y atenerse al dictamen de la CIDH, el Estado argentino reconoce también las “dificultades del Poder Judicial para controlar a la policía en lo referido a la detención de menores, la averiguación de antecedentes, las condiciones de detención y a las detenciones por faltas contravencionales”, explicó Palmieri.
“Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina avanzó mucho en cuanto a la modernización y adecuación de su legislación a la normativa internacional, pero todavía tiene mucho trabajo por hacer y la solución amistosa sobre el caso Bulacio debe ser utilizada para avanzar en ese sentido”, afirmó a Página/12 Fernando Peña, jefe de asesores del ministro Alvarez.
Miguel Angel Espósito fue sobreseído a mediados del año pasado por la Cámara del Crimen porteña con el argumento de que había prescripto el tiempo disponible para investigar la muerte de Walter. En diciembre pasado, el fiscal Joaquín Gaset presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revisara la resolución.
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