“El aborto legal no es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se dijo en 1984 y se ha ido reiterando en otros pronunciamientos.” Con esas palabras, la abogada venezolana Luz Patricia Mejía, relatora especial para los Derechos de las Mujeres y para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fijó claramente la posición del organismo de la OEA sobre la sanción de una ley que despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo en el país y dejó sin uno de los argumentos que suelen esgrimir los sectores opositores, que alegan –erróneamente– que se violaría ese tratado incorporado a la Constitución nacional. “Esperamos que el debate continúe en dirección a proteger los derechos de las mujeres”, afirmó Mejía.

Mejía habló ayer como única oradora en la segunda jornada pública convocada en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para debatir sobre el problema del aborto. Aclaró que lo hacía como relatora y no a título personal. Contó que en los últimos días recibió un millar de correos electrónicos en los que la insultaban por participar de la audiencia. Después de la reunión, en una rueda de prensa, la experta consideró que el debate “no puede ser sesgado por discusiones que tienen que ver con posiciones religiosas”, sino que debe basarse en fundamentos “jurídicos” porque el “Estado tiene responsabilidades legales” para proteger la salud de las mujeres.

En los alrededores del Congreso, grupos a favor y en contra de la descriminalización defendían con cánticos, volantes y carteles sus posiciones. Al intentar ingresar al edificio Anexo de la Cámara, la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, denunció que fue agredida por activistas antilegalización, que al reconocerla le tiraron del cabello. “Tuvo que intervenir un policía para protegerme de las agresiones”, contó luego Donda a este diario. César Rojas, ex candidato a jefe de Gobierno por el Nuevo MAS, también denunció que fue agredido.

Mientras tanto, en la Sala 1 del segundo piso del Anexo, activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto colmaron un lado del sector habilitado para el público, con sus pañuelos verdes al cuello. Enfrente, el otro pasillo fue ocupado por militantes antiderechos. El clima por momentos se caldeó. Disconforme con la exposición de Mejía, una mujer del público, del grupo contrario a la despenalización, la acusó a los gritos de manipular la información. Inmediatamente fue invitada a retirarse del lugar por el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Pero se resistió y tuvo que actuar personal de seguridad para que se fuera. Este episodio y otro protagonizado por la diputada puntana del Peronismo Federal Ivana Bianchi, que le faltó el respeto a Mejía, fueron los momentos más tensos del encuentro. Bianchi, en su turno para formular preguntas, despreció el rol de la CIDH para descalificar a la relatora.

Vega encabezó la audiencia pública, que comenzó a las 12. “Estamos abriendo un debate censurado y silenciado” en el Congreso “desde hace mucho tiempo”, destacó. Y recordó que el primer proyecto que planteó la despenalización del aborto fue presentado en 1936 y desde la recuperación democrática, en 1989, por la radical Florentina Gómez Miranda. “Tenemos una larga deuda con el debate”, subrayó Vega y señaló que “el único límite es el ultrismo, que significa faltarle el respeto al que piense distinto”. Y se ganó aplausos de los dos bandos. Después vendrían los dos incidentes promovidos por la diputada y la militante antiderechos.

La audiencia de ayer tuvo la misma modalidad que la primera, del 30 de octubre de 2010, donde la oradora fue una experta de Human Rights Watch. Mejía, abogada con extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la región, expuso durante media hora. Se refirió a los pronunciamientos jurídicos de la CIDH en diversos casos –de distintos países, ninguno de Argentina– en los que se afectaron los derechos a la salud de las mujeres, y particularmente sus derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto. Después contestó preguntas de las legisladoras, entre ellas de Bianchi, María Luisa Storani y Marcela Rodríguez de la CC, Diana Conti y Juliana Di Tulio del kirchnerismo, Cecilia Merchán y Donda, de Libres del Sur, y Cynthia Hotton (del bloque unipersonal Valores para mi país). Estuvieron también Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro; la radical Silvia Storni y el oficialista Héctor Recalde, entre otros legisladores.

“El tema de los derechos de las mujeres y su derecho a la salud tiene que ser prioritario”, afirmó Mejía y felicitó por la iniciativa de debatir el tema del aborto. “Tenemos que superar el calor (de las posiciones) para garantizar los derechos de las mujeres”, señaló. El eje más importante de su exposición fue cuando dejó en claro que “el aborto legal no es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”. Se refirió puntualmente al artículo 4º del tratado del sistema americano que se refiere al “derecho a la vida”. En su primer inciso dice: “Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Mejía explicó que el concepto “en general” fue introducido “con el fin de que los países que permiten el aborto no se sintieran impedidos de ratificar la Convención” y agregó: “No puede ser interpretado de manera restrictiva”. Es decir, abundó, “no es una limitación” para avanzar con una ley que legalice el aborto. Esta aclaración es muy importante porque el artículo 4º de la Convención suele ser esgrimido como el principal argumento jurídico para oponerse a la despenalización y sostener que sería “inconstitucional” una reforma que garantice la interrupción voluntaria del embarazo.