El Estado de Mendoza deberá pagar 2.216.000 dólares a los familiares de 18 internos fallecidos violentamente y otros 9 gravemente heridos en las cárceles mendocinas entre 2003 y 2007, durante el gobierno de Julio Cobos. La cifra surge del laudo de un tribunal arbitral, conformado específicamente para dictaminar sobre el caso, y que fue resuelto en noviembre del año pasado. Los demandantes y Mendoza aceptaron el laudo que ahora fue homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Los casos de violencia y muerte en las cárceles mendocinas habían llegado hasta la CIDH por denuncia de la horrorosa situación por la que pasaban los internos, seis de los cuales habían muerto asfixiados durante un incendio, y otro había sido descuartizado. Un detalle de interés es que entre los demandantes figuran los padres de Ricardo David Videla, uno de los jóvenes condenados a perpetua en Argentina, cuyo caso junto con el de otros cuatro adolescentes llegó a la Corte Interamericana de DD.HH, por violación a todos los tratados internacionales reconocidos por Argentina. Videla murió en su celda, ahorcado y con signos de violencia en su cuerpo, en junio de 2005.

El gobierno de Celso Jaque acordó con los peticionantes –los abogados Diego Lavado, Alfredo Guevara, Carlos Varela Alvarez y Pablo Salinas– una solución amistosa monitoreada por la CIDH en el caso que se denominó “Penitenciarías de Mendoza”. La denuncia surge de un cúmulo de denuncias agrupadas, que referían a casos cada uno más atroz que el otro. En diciembre de 2004, este diario publicó la horrorosa muerte de Sergio Norberto Salinas Ares, de 24 años. El sábado 4 de diciembre de 2004, alrededor de las cinco de la tarde, los guardias de la Penitenciaría observaron un agrupamiento de internos en el pabellón 7. Al acercarse descubrieron el torso de un preso. Había sido decapitado y le habían arrancado las extremidades que aparecieron diseminadas en bolsas de plástico. Salinas Ares era la 16ª víctima en el término de 10 meses.

Entre las muertes que deberá indemnizar el Estado mendocino, seis corresponden a casos de muertes ocurridas durante un incendio en la granja penal Gustavo André, en la localidad de Lavalle. Cuatro de ellos, Mario Andrada Molfa, José Falcón Porras, Javier Gualpa y Carlos Villaroel Murúa, murieron asfixiados el 1º de mayo de 2004. Sergio Reales Reynoso falleció en el mismo lugar pero herido por facazos. Ramón Sáez falleció en el hospital Lagomaggiore un mes después, el 4 de junio, por las quemaduras sufridas durante el incendio.

De los doce restantes, tres, incluido Salinas Ares, murieron apuñalados y mutilados. César Videla Fernández murió de una cuchillada en la espalda. Su hermano, Ricardo David, era uno de los cinco casos de jóvenes condenados a perpetua por delitos cometidos durante su minoría de edad, lo que no sólo representa una contradicción antediluviana con los tratados de derechos humanos elevados a la jerarquía de constitucionales por Argentina, sino que es contradictorio con la dimensión de buena parte de las condenas por delitos de lesa humanidad a represores y genocidas. Murió el 21 de junio de 2005 en su celda, con un cinturón atado al cuello, y la versión oficial habitual del suicidio que ahora el Estado acepta poner en duda.

Un comunicado del gobierno mendocino sostuvo que “la Comisión Internacional de Derechos Humanos aprobó el fallo arbitral como consecuencia de las 18 muertes y 9 heridos producidos durante el gobierno de Cobos-Jaliff en las penitenciarías mendocinas”, sostuvo el texto. El acuerdo, además del pago de las indemnizaciones, contempla la creación de un defensor penitenciario y los Mecanismos de Prevención de la Tortura, que ya fueron aprobados por ley y que deben ser ahora reglamentados, además de la modificación de los regímenes a los que son sometidos los internos, cuestión que no es claro que se haya cumplido, si tan solo se recuerdan los recientes videos sobre torturas a presos en el anexo San Felipe.

La solución amistosa “es un logro importante porque de no ser aprobada la solución amistosa se podría haber terminado en una condena contra Argentina ya que el próximo paso era el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo la directora de Derechos Humanos María José Ubaldini.

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