Cinco empresarios y un relacionista público fueron procesados por “doble homicidio culposo y lesiones culposas”, en la causa en la que se investiga el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, en el barrio porteño de Palermo, que provocó las muertes de Ariana Lizarraga y Leticia Provedo en septiembre de 2010. Los procesados son Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattam Coria, Iván y Ronaldo Fliess, miembros de la sociedad El Viejo Sabio –que administraba el local–, y Maximiliano Fratino, organizador de la fiesta privada durante la cual se produjeron los hechos. Los procesamientos fueron dictados por la jueza Alicia Iermini, quien desechó el pedido del fiscal, Andrés Madrea, quien pidió que se los imputara por “estrago doloso”, una figura penal mucho más dura, y que se incluyera en la acusación a un grupo de funcionarios del gobierno porteño por el delito de “cohecho” (coimas).

“El fiscal está cansado de pedir la indagatoria de los funcionarios. Hay personas como Gustavo Amaru, el arquitecto que construyó el entrepiso (que se derrumbó), que ni siquiera figuran para la jueza. Hay escuchas telefónicas que demuestran que hubo coimas y hay una causa conexa en la que aparecen los mismos funcionarios. Hoy es un mal día para nosotros, porque la Justicia sigue sin hacer justicia”, le dijo a Alberto Provedo, padre de una de las chicas fallecidas en el Beara.

La jueza Iermini se inclinó por la figura de “homicidio culposo y lesiones culposas” por entender que hubo un “mal uso” del local, que estaba habilitado como restaurante y bar, y para la realización de “fiestas privadas”. En la madrugada del 10 de septiembre de 2010 fue usado en forma irregular como local bailable, con pago de entradas a modo de consumiciones y con la actuación, en el salón VIP, de Ariel Puchetta, ex líder del grupo de cumbia Ráfaga. La medida dispuesta por Iermini incluye el embargo, por un millón de pesos, de cada uno de los procesados.

El fiscal Andrés Madrea había solicitado que se avanzara en la hipótesis del “cohecho” por el presunto pago que habrían realizado los empresarios a funcionarios del gobierno porteño para habilitar el boliche en condiciones irregulares. Madrea había solicitado la indagatoria del jefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Casano, del director de Habilitaciones Especiales Pablo Seicuscas, del funcionario que habría habilitado el local Carlos Mustapich, del maestro mayor de obras Gustavo Amaru, y del ex director de Habilitaciones y Permisos Martín Farrel, quien aspira a tener un cargo de juez en la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Provedo, padre de Leticia Provedo, de 20 años, una de las víctimas fatales, le recordó a este diario que todavía está “pendiente de resolución” el pedido del juez Juan Ramos Padilla para que la causa por el derrumbe pase a su juzgado, dado que existiría “conexidad” con otro expediente por el delito de extorsión. Madrea había pedido también que se investigue al gestor Leandro Camani y al abogado Matías Pantarotto, ambos involucrados en la causa que lleva Ramos Padilla.