Más de 508 mil familias residen actualmente en 864 villas y asentamientos del Gran Buenos Aires, el 83 por ciento de esos barrios no cuenta con acceso a la red de gas y el 21 por ciento se ubica sobre o cerca de un basural. “La realidad es que son más de cuatro millones de personas excluidas por la sociedad”, afirmó Agustín Algorta, director social de Un Techo para Mi País (Utpmpa) Argentina, organización que realizó el relevamiento del que surgen las cifras anteriores. Para una de las directoras del estudio, Maredes Falcón, los resultados dan cuenta de “la persistencia de villas y asentamientos, y su crecimiento”. “Es un fenómeno estructural que avanza pese a los esfuerzos y, aun en contextos económicos favorables”, sostuvo.

El relevamiento realizado en abril de 2011 concluye que, en los 30 partidos que conforman el conurbano, hay 633 asentamientos y 192 “villas miseria”, además de 39 cuyas características no pudieron ser precisdas. En total, son 864 “barrios informales” entendidos como “un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas que no cuenten con acceso regular a al menos uno de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado público) y que se encuentren en una situación irregular de tenencia del terreno”, señala el informe.

La distinción entre villa y asentamiento se basa esencialmente en la configuración espacial e histórica. La codirectora del relevamiento, María Laura Raffo, explicó a Página/12 que “entender el fenómeno de las estrategias ocupacionales populares necesariamente precisa ser enmarcado social, política y económicamente”. El surgimiento de las villas “es más espontáneo, tiene que ver con un proceso de migración interna a las ciudades que comenzó en la década de 1930”, marcó.

Por su parte, Falcón explicó que las villas son un “conjunto altamente hacinado de viviendas precarias que no cuentan con espacios verdes y en las que el espacio de circulación es el pasillo”, mientras que el asentamiento, que nace en los años ’80, “es una forma más planificada, se respeta el trazado de calles y se reserva espacio para una plaza o escuela. Eso hace más posible que accedan a la regulación dominial”.

De los 864 “barrios informales” registrados, un 35,3 por ciento se encuentra ubicado de forma contigua a un arroyo, ribera de río o canal, un 33,6 por ciento cerca de un camino de alto tráfico y el 21,9 por ciento al lado o encima de un basural. El relevamiento muestra que los partidos con mayor cantidad de barrios informales del GBA son La Matanza, con 120 asentamientos y 29 villas; el partido de Quilmes con 47 asentamientos y 14 villas; y Moreno, con 47 asentamientos y una villa.

En cuanto a la composición, dos tercios de las villas y asentamientos registrados son de al menos cien familias. En el 68,1 por ciento conviven distintos grupos migratorios provenientes del interior del país, en su mayoría de Chaco (19,5 por ciento), Santiago del Estero (16,2 por ciento), y Corrientes (15,6 por ciento). Mientras que en el 82,8 por ciento viven grupos migratorios provenientes de países limítrofes de los que el 55,3 por ciento es de Paraguay y el 32,5 por ciento es de Bolivia.

Un Techo para Mi País es una organización sin fines de lucro liderada por jóvenes voluntarios que trabajan en 19 países de Latinoamérica junto a familias en situación de extrema pobreza. Su intervención es en tres instancias: construcción de viviendas de emergencia, habilitación social y generación de una comunidad sustentable. “Nosotros tenemos dos cosas claras”, delineó Algorta: “Que esta realidad que vivimos hay que cambiarla y que eso no se puede lograr si no es con articulación de todos, incluido el Estado, pero también la sociedad civil”.

Los terrenos sobre los que se ubican villas y asentamientos del GBA son en más de la mitad de los casos tierras únicamente fiscales, el 59,9 por ciento es de jurisdicción municipal, el 26 por ciento provincial y el 17,3 por ciento nacional. En tanto, el 22,9 por ciento se ubica sobre lotes únicamente privados. En ese marco, afirmó Algorta, uno de los “grandes desafíos” es la regulación de tierras que “dificulta la obtención de servicios y la construcción de viviendas” ya que “siempre se teme el desalojo”.

En el relevamiento “participaron más de mil voluntarios” de Utpmpa, explicó Magdalena Masseroni, integrante de la ONG. “Primero se hizo un relevo para ubicar los referentes de cada barrio y el 9 y 10 de abril se hizo la encuesta masiva”, agregó su compañera, Sabrina Prieto.

“Comprobamos que siguen ocurriendo procesos informales de ocupación del suelo por parte de los sectores populares”, afirmó Falcón. “Eso –destacó– significa que no se superó la brecha para el igual acceso a la ciudad.”

Informe: Rocío Magnani.