El incendio en el geriátrico María Crescencia, de la ciudad de Pergamino, en el que murieron seis personas y otras ocho resultaron con lesiones, está lleno de entretelones truculentos. Todo indica, a partir del testimonio de unas 15 personas, que fue intencional y que los responsables son las dos personas detenidas, una pareja integrada por la encargada de cuidar a los ancianos y su concubino, quien había amenazado con “prenderle fuego” al establecimiento porque sus dueños le adeudaban varios meses de sueldo a su mujer. El cuadro se completa con otros dos datos: el lugar no contaba con habilitación de la Dirección de Fiscalización Sanitaria bonaerense y uno de sus propietarios está preso desde septiembre pasado acusado de pedofilia (ver aparte).

“Los dos detenidos, como era habitual entre ellos, estuvieron discutiendo en los momentos previos al incendio, que todo indica que fue intencional, y luego de iniciado el fuego se escaparon, dejando con llave varias puertas internas y también la principal salida hacia la calle”, explicó a Página/12 una fuente cercana a la investigación.

Los primeros en socorrer a las víctimas fueron los vecinos, que cuando quisieron entrar al edificio de dos plantas ubicado en Rocha y Carpani Costa, en el centro de Pergamino, constataron que el portón principal estaba cerrado con llave. Tuvieron que romper los barrotes de las ventanas para socorrer a los 16 ancianos que estaban atrapados por el fuego. Las tareas de salvataje se intensificaron con la llegada de varias dotaciones de bomberos voluntarios, de Pergamino y de otras ciudades vecinas. Una fuente del cuartel de bomberos local confirmó que cuando llegaron “el portón de la salida de emergencia estaba cerrado con llave”.

Entre los 15 testigos que declararon hay varios vecinos. Algunos de ellos dijeron que vieron salir corriendo a una mujer que sería Beatriz Ale, de 46 años, quien fue detenida a las cuatro de la mañana de ayer junto con su pareja, Néstor Barriz, de 72 años. Los dos fueron encontrados en una vivienda de Lavalle 1141, de la misma ciudad. El procedimiento, ordenado por la fiscal Victoria Mariani, fue realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), al mando del comisario Fabián Vizcaíno. Los dos están presos en celdas separadas, en la sede de la DDI.

Vizcaíno confirmó a este diario las dos detenciones y precisó que, en principio, se les imputa “el delito de incendio seguido de muerte, en los términos del artículo 186 del Código Penal”, que establece penas de entre ocho y 20 años de prisión. Luego de realizarse las autopsias se difundió la lista de fallecidos: Francisco Núñez (58), Patricio Flores (60), Miguel Leiva (68); Esteban Castillo (70), Manuel Ferrand (75) y Antonia Salvatierra (97).

Sobre el estado de los ocho heridos, el Ministerio de Salud bonaerense informó que Nora Toro (85), Dominga Yabrón (83) y Elena Siles (76) siguen internadas en el Hospital San José, de Pergamino, con un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono. Están fuera de peligro, su estado es estable y podrían ser dadas de alta hoy, según informó la médica de guardia Alicia Estaiolo. Otros cinco ancianos fueron internados por precaución en sanatorios privados, pero también están “fuera de peligro”.

La Dirección de Fiscalización Sanitaria de la provincia de Buenos Aires, encargada de inspeccionar los geriátricos bonaerenses y de otorgarles la habilitación, hizo saber que la residencia para mayores de Pergamino “no estaba habilitada” para ejercer esa función. El director del área, Pablo Binagui, afirmó que el geriátrico “había sido intimado en septiembre pasado a regularizar su situación”, por lo que “no estaba habilitado” en la actualidad.

El funcionario precisó que “a requerimiento del municipio de Pergamino el 13 de septiembre efectuamos un operativo conjunto en 30 geriátricos de ese partido y en el que se incendió detectamos ciertas anomalías, por lo que los intimamos a que regularicen su situación”, señaló Binagui. Aunque aclaró que los problemas detectados “no ponían en riesgo a los abuelos”, igual se los había intimado a solucionarlos. Respecto de la existencia o no de una salida de emergencia en el lugar, dijo que fue una de las primeras cosas que se verificaron. Al parecer, todo estaba bien, aunque Binagui aclaró que “en cada inspección verificamos las salidas de emergencia, pero si después los propietarios deciden cerrarlas, eso escapa a nuestro control”.

El funcionario se manifestó preocupado por la situación en los geriátricos porque “cada vez es mayor la cantidad de personas adultas mayores” que son internadas en esos lugares. Consideró necesaria la sanción de “una ley específica” por parte de la Legislatura bonaerense para darles “una mayor participación a la familia y a los municipios en una suerte de trabajo en red”. Binagui, al igual que la fiscal Mariani, confirmó que la principal hipótesis que se maneja es que fue “un incendio intencional”, de manera que “el hecho de que el geriátrico estuviera habilitado o no poco influyó en el resultado del incendio”.

Luego de que se apagara el fuego, la Policía Científica hizo peritajes para determinar cómo empezó. Los testigos afirmaron que hubo “una pelea entre los dos detenidos, cuando estaban en el geriátrico. El hombre habría sido el que comenzó el incendio, prendiendo papeles”, dijo a este diario una fuente de la investigación. Cuatro de las víctimas murieron en habitaciones del primer piso, un quinto en un baño y el sexto cuando trataba de llegar a la escalera.