Una fiscal pidió que se tome declaración indagatoria a la ex directora de Fiscalización y Control del gobierno porteño Vanesa Berkowski, en una causa en la que se la investiga por su presunta participación en una “asociación ilícita” dedicada a traficar influencias para la habilitación de locales nocturnos y evitar inspecciones. La misma medida fue pedida para otras tres personas: dos gestores y un abogado, cuyos diálogos comprometedores con la ex funcionaria quedaron registrados en escuchas telefónicas ordenadas por el juez Juan Ramos Padilla.

El pedido fue formulado el viernes último por la fiscal Betina Vota ante el propio Ramos Padilla, el juez que está a cargo de la investigación. Todo hace prever que el magistrado aceptará el pedido pero el trámite no será inmediato, ya que antes la Cámara del Crimen debe resolver un pedido de nulidad de las escuchas –la principal prueba que tiene la causa– formulada por el diputado del PRO Avelino Tamargo. El legislador aparece mencionado en las escuchas y también es candidato, por lo menos, a un pedido de indagatoria, según confiaron fuentes judiciales.

Los otros pedidos de indagatoria alcanzan a los gestores Federico Garaglia –en el momento de las escuchas, pareja de Berkowski–, Leandro Camani –novio de la ex mediática Samantha Farjat– y Matías Pantarotto, abogado de propietarios de distintos boliches, entre ellos los de Beara, imputados por el derrumbe de un entrepiso que provocó dos muertes, en septiembre del año pasado.

Berkowski era la encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos. Su despacho fue allanado por orden de Ramos Padilla, según publicó Página/12 el 10 de agosto último. Ese mismo día, la funcionaria pidió eximición de prisión y dos días después presentó su renuncia.

La ex funcionaria aparecía mencionada en las escuchas, que la involucran en gestiones para no inspeccionar a los boliches cuyos dueños habrían pagado “canon” para tener ese beneficio. La propia directora de Fiscalización participa de uno de esos diálogos con uno de los imputados, Federico Garaglia, por entonces su pareja, quien se queja porque otro funcionario le está demorando la habilitación de un comercio en el que él actuaba como gestor. Ella le promete interceder.

En otro diálogo, una mujer –que para los investigadores es Berkowski–, cuenta que participó como autoridad electoral en los comicios porteños del 10 de julio y admite: “Me tuve que afanar un sello (electoral). No, lo mío es de terror”.

Ramos Padilla también les otorgó la eximición de prisión a Camani, Garaglia y Matías Pantarotto, a cambio de altas cauciones, que luego fueron reducidas por la Cámara del Crimen.

La causa que tramita Ramos Padilla se inició a partir de la denuncia del dueño de un boliche del barrio de Liniers, quien aseguró haber sufrido “inspecciones constantes”, que terminaron en clausuras y multas. A esa denuncia se sumaron los testimonios de otros comerciantes, quienes coincidieron en que la seguidilla de inspecciones tornaba imposible el negocio. Aseguraron que les ofrecían un “sistema de avisos” mediante el cual, pago mediante, se evitaba la visita de los inspectores o bien se avisaba qué día serían inspeccionados.

A esta causa se agregó una denuncia por estafa presentada por el empresario Fabián Rodríguez y su esposa, la actriz y vedette Nazarena Vélez. En ese caso, la fiscal Graciela Gils Carbó pidió la declaración indagatoria de tres ex funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control, entre ellos, Martín Farrell, el ex director de Habilitaciones de la Ciudad. Todos están acusados por la presunta habilitación fraudulenta del ex cine Los Angeles –del cual Rodríguez y Vélez eran propietarios– en favor de sus socios. Tras la tragedia de Villa Urquiza, Farrell fue desplazado de Habilitaciones, pero luego ubicado como asesor en la Procuración.