Un nuevo pedido de “inmediata detención” fue presentado ayer ante los tribunales de Morón en contra del cura Julio César Grassi, condenado en primera y segunda instancia a la pena de 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual agravado en perjuicio de “Gabriel”, ocurridos cuando la víctima era un niño que estaba a su cuidado. El pedido fue planteado por el abogado Juan Pablo Gallego, acompañado por la Fiscalía de Morón, que intervino en el caso. En los fundamentos, Gallego sostuvo que Grassi “ha incurrido deliberadamente en el incumplimiento de dos de las restricciones que le fueran impuestas (por la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal bonaerense) como condición para mantener su libertad” hasta tanto la sentencia quede firme. Las dos condiciones a la que se hace mención son la prohibición impuesta a Grassi para ingresar en la Fundación Felices los Niños, escenario del hecho delictivo por el que fue condenado, y la obligación de no hablar en forma pública sobre las víctimas que lo denunciaron, entre ellos el propio “Gabriel”. Para justificar su planteo, Gallego aportó un DVD con imágenes de TV y la nota de un diario donde un abogado mediático dice que visitó al cura en la fundación.

Grassi, por su parte, negó ayer haber violado las normas que le fueron impuestas y pidió a los jueces que le apliquen “la droga de la verdad y que a través de ese sistema me interroguen para saber si miento”. Según el cura, con esa droga o “suero de la verdad”, que se aplica a los pacientes psicóticos, se podría “dar fin a esta subjetividad de ‘le creo o no le creo’”. El método sugerido por Grassi es rechazado por el derecho internacional por ser considerado una forma de tortura y además, tampoco es considerado infalible, ni mucho menos, dado que la persona a la que se le aplica puede decir cosas ciertas o alucinar. Según el sacerdote, la denuncia de Gallego sería “una maniobra burda para detenerme”.

Sobre la supuesta presencia de Grassi en la fundación, algo que tiene vedado por decisión de los jueces de Casación, Gallego aportó un recorte del diario La Nación del 23 de octubre pasado. En la nota, firmada por la periodista Romina Manguel, hace declaraciones el abogado Fernando Burlando, quien asegura que es Grassi quien le paga a él los honorarios para que sea el defensor de Carola Labrador, la mamá de Candela Rodríguez, la chica de 11 años que fue secuestrada y asesinada. Y cuenta cómo se contactó con Grassi: “El me llamó para que fuera a verlo a la fundación (se da por entendido que es Felices los Niños). Yo fui. Me pidió esto (representar a Labrador) y lo hice”. Burlando sostuvo que Grassi “es el apoyo espiritual de la madre de Candela de toda la vida”.

El segundo “incumplimiento” señalado por Gallego ocurrió durante la emisión del sábado 22 de octubre del programa MV 120, conducido por Mauro Viale, que sale al aire por América TV. El abogado denunciante aseguró que el sacerdote condenado por pedofilia “se refiere pública e inequívocamente a una de sus víctimas, concretamente a O. A. A. –conocido en autos como ‘Gabriel’–, al que se refiere, reiteradamente, como mentiroso y lo individualiza indicándolo como ‘por el que fui condenado’ (sic)”. La frase, precisó Gallego, fue dicha por Grassi luego de que se exhibiera “el video del programa Telenoche Investiga, en el que la periodista Miriam Lewin entrevista a ‘Gabriel’”, quien lo acusa de haberlo obligado a mantener una relación sexual.

Además de acusar a “Gabriel” de ser “un mentiroso” y de haber sido “inducido por Miriam Lewin” para que lo denunciara, el cura afirmó en el programa de Mauro Viale que fue condenado “sin pruebas” por el Tribunal Oral 1 de Morón, fallo que luego fue ratificado por la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal bonaerense. En ambos casos, los dos tribunales negaron el pedido de inmediata detención formulado, en varias ocasiones, por Gallego y también por el fiscal de Morón Alejandro Varela, quienes ahora, ante el supuesto incumplimiento de Grassi, insistieron ante el Tribunal Oral 1 para que ordene la “inmediata detención” del cura.

Gallego pidió al tribunal que se realice una audiencia en la que estén presentes Grassi, sus abogados y el doctor Fernando Burlando como testigo, para que lo interroguen acerca de sus dichos al diario La Nación. Al mismo tiempo, el abogado querellante en la causa Grassi pidió a los jueces que se ordene el allanamiento simultáneo de Gorriti 3545 y Gorriti 3520, de Hurlingham, donde están la sede de la Fundación Felices los Niños y La Blanquita, una de las residencias de Grassi. El tercer allanamiento tendría que hacerse en Sarratea 2512, de San Justo, partido de La Matanza, domicilio legal de Grassi para la Justicia.