Por unanimidad, los legisladores porteños aprobaron la creación de un fondo especial de 20 millones y medio de pesos para afrontar las indemnizaciones que se entregarán a los damnificados por el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200. El monto surgió de una negociación que se realizó en la Comisión de Presupuesto, donde se logró finalmente destrabar las diferencias importantes que existían entre el ofrecimiento del gobierno porteño, que ofrecía 1250 dólares por metro cuadrado y los valores de mercado que, finalmente, llevaron la cifra aprobada a 1750 dólares. El proyecto contempla la suma para expropiación del lote y un subsidio extra para compensar la diferencia con el valor de mercado, y otro subsidio para entregar entre 50 mil y 70 mil pesos por los valores perdidos en el interior del inmueble.

Ayer, a última hora, los vecinos damnificados festejaban, si es que corresponde definir el momento de ese modo, la votación favorable a su postura. Los 57 legisladores presentes votaron por unanimidad el proyecto de formación de un fondo específico de 20 millones y medio de pesos para afrontar los gastos que demandarán los pagos de bienes y propiedades.

El festejo o como quiera llamarse se debe a la diferencia planteada un día antes de la votación en la Comisión de Presupuesto, encabezada por el macrista Alvaro González. Allí llegó la cifra que ofrecía el Gobierno, de 1250 dólares por metro cuadrado, que generó la reacción de los damnificados, cuyo reclamo oscilaba en los 2000 dólares. “Se trabajó en conjunto para llegar a un texto consensuado –había explicado González–. Los vecinos nos dijeron que la tasación de 1200 dólares el metro cuadrado no era lo que ellos estimaban que valía la propiedad, entonces se hizo un relevamiento con las inmobiliarias de la zona y se llegó a la cifra de 1750 dólares.”

El proyecto votado declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al edificio colapsado “con destino a la realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños”.

De los 20 millones y medio de pesos que se dispusieron para “atender todos los gastos” que demande el cumplimiento de la ley, una parte se aplicará para la recuperación del valor de mercado de un inmueble semejante, esto es, la suma de 1750 dólares el metro cuadrado. Como las unidades eran de 60 o 90 metros cuadrados, corresponderían por propietario la suma de 105 mil o 157.500 dólares.

Por el otro lado, se estipuló un subsidio para pagar los bienes muebles perdidos dentro de cada propiedad. La cifra a la que se llegó es de 50 mil pesos para los damnificados del cuerpo A, que es el menos dañado y del que las autoridades estiman que se podrán rescatar parte de los bienes antes del derrumbe del edificio; y 70 mil para los de los cuerpos B y C, que se perdieron por completo.

Además, los inquilinos recibirán el valor del subsidio de 50 mil o 70 mil según corresponda, y 6 meses de subsidio para pagar un alquiler. “Nos parece muy bueno porque se acerca a lo que estábamos reclamando –dijo Ana Viton, una de las damnificadas por el derrumbe–. Las diferencias eran muy grandes y lo subieron mucho.”

El proyecto, además, le permite al Ejecutivo iniciar acciones por daños y perjuicios contra “el responsable de los hechos acaecidos”, que todo apunta a que es la empresa constructora del pozo lindante al edificio derrumbado. “Los damnificados deberán registrarse para recibir las indemnizaciones –dijo a este diario Eduardo Epszteyn, del FPP– y tendrán que renunciar a acciones legales que tuvieran relación con los reclamos de indemnización, pero no con los juicios que pudieran iniciar por cuestiones penales, daños y perjuicios de otra índole.” Por su lado, Epszteyn explicó que en el caso de Isidoro Madueña, el vecino fallecido durante el derrumbe, la indemnización deberá ser cursada a una hermana, quien es la propietaria del inmueble.

Entretanto, el legislador Martín Hourest (GEN) cuestionó que el fondo votado para la catástrofe es semejante al crédito disponible para vivienda en la ciudad. Hourest, que se mostró conforme con que se haya aprobado el proyecto para indemnizar a los damnificados, sostuvo que “no puede ser que el fondo de esta catástrofe, que son 20 millones y medio de pesos, sea casi el mismo que el crédito disponible para vivienda en toda la ciudad, crédito que en el 2010 fue de 23,7 millones, obviamente anuales. La gestión macrista deberá asumir y tratar de una buena vez por todas el compromiso, o la falta del mismo, que tiene para con la vivienda en lo que al presupuesto anual se refiere”.