Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical pidieron ayer a la Justicia Federal que detenga el contrato para la explotación minera del Famatina, porque la empresa canadiense a cargo de esos trabajos tiene, según afirman los denunciantes, intereses en las islas Malvinas. De ser así, el emprendimiento no puede llevarse a cabo porque está prohibido por una ley nacional.

El reclamo de dos diputados radicales se produjo cuando en Catamarca fueron detenidas seis personas que participaban en un corte de la ruta nacional 40, a la altura de la localidad de Belén, en contra del funcionamiento de la mina Bajo La Alumbrera.

La presentación en La Rioja estuvo a cargo de los diputados radicales Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, acompañados por la ONG Conciencia Solidaria, quienes pidieron ante el Juzgado Federal de la provincia que se haga cumplir la ley 26.659/2010.

La empresa Osisko celebró un contrato con el Estado riojano para explorar parte del cordón del Famatina en busca de oro. La ley vigente, explicaron los legisladores, “prohíbe a los Estados nacional, provinciales y municipales contratar empresas que tengan interés, filiales o conexiones con empresas que se encuentren explorando por hidrocarburos en Malvinas”.

Los diputados pidieron a la Justicia que “desentrañe los vínculos accionarios existentes y/o que pudieran existir entre los inversores institucionales y empresas controlantes de Osisko Mining Corporation y las compañías petroleras Rockhopper Exploration, Desire Petroleum Plc, Falkland Oil and Gas, y Borders & Southern Petroleum”, que trabajan en Malvinas.

“La trama de intereses minero-petroleros y sus vínculos con el poder político argentino debe ser profundamente investigada”, advirtió Martínez. El diputado sostuvo que “los mayores proveedores de fondos para la industria minera durante la última década son a su vez importantes accionistas de las compañías petroleras que están explorando la cuenca de Malvinas”. “Resulta indignante que el gobernador Luis Beder Herrera pretenda regalar el agua de los riojanos a Osisko Mining Corporation, una empresa canadiense cuyas acciones son propiedad de fondos de inversión con participaciones importantes en el paquete accionario de las petroleras de Malvinas.”

Los diputados advirtieron que el contrato entre el gobierno provincial y Osisko también estaría violando la Ley de Glaciares, por lo que Martínez dijo que “hay que hacer un inventario de glaciares y luego de ese inventario cada glaciar debe ser protegido. En el caso de La Rioja y el contrato con Osisko, eso no se ha cumplido”.