Pudo haber sido un mal entendido pero se pareció más a una operación política. El gobierno porteño denunció que la Nación había decidido retirar a la Policía Federal de la custodia y seguridad de los subtes, en proceso de transferencia a la Ciudad, a partir de la semana próxima.

Ayer por la mañana, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, opinó que la medida “tiene consecuencias políticas” porque “toma un poco de sorpresa” a la gestión macrista. Más tarde, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, precisó que a partir del 1º de febrero se retirarán sólo 40 policías federales de las estaciones de subte y el 1º de marzo los restantes 210, que cumplen servicios adicionales “tal como lo habíamos estipulado en una reunión mantenida el 20 de enero con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro”. Desde el gobierno macrista habían dejado trascender que los policías a retirar eran 800.

Por la tarde, los propios voceros del ministerio porteño desmintieron ante Páginal12 la información que a esa hora se publicaba en portales y agencias de noticias, según la cual la Ciudad se haría cargo de los servicios adicionales de la Federal hasta el 1º de marzo: esos servicios, hasta entonces, serán solventados como hasta ahora por la Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa Metrovías.

Como ocurrió el año pasado con los hospitales y las escuelas porteñas, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió “comenzar un proceso ordenado de traspaso de las responsabilidades de vigilancia” que la Policía Federal cumple en los subtes. Esto, en virtud del proceso de traspaso del servicio de transporte subterráneo a la ciudad. De acuerdo con un comunicado de la cartera que conduce Garré, la medida se le comunicó al Gobierno de la Ciudad por nota del 20 de enero. Allí se sostenía que los 250 efectivos de la Federal serían “asignados a fortalecer el operativo Tren Alerta, nuevo sistema de vigilancia de andenes, terminales ferroviarias y ómnibus con cámaras de alta resolución”.

Siempre de acuerdo con ese comunicado, el mismo 20 de enero se reunieron el ministro Montenegro y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Raúl Garré. En ese encuentro, se definió que “el 1º de febrero se desafectaran solo a los 40 agentes de la Policía Federal que realizan servicios ordinarios en los subterráneos, mientras que el resto, que cumplen servicios adicionales, será retirado el 1º de marzo”.

“Fue un acuerdo entre funcionarios, por eso llama la atención la divulgación mediática que está haciendo Montenegro de una decisión que conocía”, dijo la ministra en declaraciones a la agencia Télam.

El ministro porteño, en declaraciones radiales, se había quejado porque la medida “toma un poco de sorpresa” a la administración porteña y “va en perjuicio de la gente”. Y sostuvo que “da la sensación de que un poco están retirando a la Policía Federal de la ciudad”. Por ello, reclamó el traspaso de la Policía Federal “con los fondos correspondientes a la Ciudad”.

“No están en los hospitales, no están en los subtes, no están en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires”, protestó el funcionario macrista. Y prometió luego que “en febrero se va a mantener el servicio adicional” de efectivos de la Federal, a cargo de la Ciudad..

La denuncia del gobierno porteño generó una ola de críticas a través de las redes sociales, en las que se hablaba de una supuesta vía libre a los punguistas que sacan provecho del hacinamiento en los vagones del subte. Lo cierto es que la presencia policial en las estaciones se reduce a las boleterías y molinetes, y en algunos casos en los andenes, pero nunca en los vagones.

Garré fundamentó su decisión en que “todas las jurisdicciones tienen escasez de recursos humanos para cubrir todas las tareas de seguridad y la Ciudad no es una excepción”. También recordó que la Policía Federal “debe ocuparse, nada menos y nada más, que de delitos federales, delitos contemplados en el Código Penal, como narcotráfico o trata de personas, por ejemplo, y de la custodia y seguridad nacional”.

La aclaración del Ministerio de Seguridad de la Nación despejó algunas inquietudes pero dejó pendientes otras, como el destino de la gestión de las cámaras de seguridad y de la línea telefónica de emergencia que ordenó instalar durante su gestión como ministro Aníbal Fernández, después de una serie de delitos en los andenes, escaleras y pasillos de la red de subtes.