A tres años de la desaparición de Luciano Arruga, quien fue visto por última vez la noche del 31 de enero de 2009, la causa continúa siendo investigada como averiguación de paradero. Luego de 36 meses, la hipótesis más firme continúa siendo la responsabilidad policial, como lo reconoció la fiscal de la causa, Celia Cejas, hace dos años. Pero ninguno de los efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, que en la noche de la desaparición de Arruga estaban en funciones, está imputado y todos continúan en funciones. En el último año la investigación no sumó nuevas pruebas, en ninguna línea. “La fiscalía no supo encauzar la investigación y tampoco hay voluntad autónoma del Ministerio Público Fiscal para avanzar. Si no es por el impulso de las partes, la causa no se mueve”, señaló Maximiliano Medina, integrante, junto a Eva Asprella, del equipo de abogados del CELS, que hace poco más de un año es querellante en la causa.

La única novedad es la apertura de una investigación conexa por apremios ilegales –cuando Arruga fue detenido irregularmente y golpeado en el destacamento policial, cuatro meses antes de desaparecer– y otra, por la omisión de una denuncia. Las pruebas para abrir esas causas se incorporaron entre 2009 y 2010.

“Hay que avanzar en las causas conexas, agotar las medidas de prueba pendientes y explorar y profundizar indicios que surjan de los testimonios registrados o de otros nuevos que se acerquen a la familia o a los abogados”, adelantó Paula Litvachky, directora del Area de Seguridad y Justicia del CELS.

–¿Cómo evalúan ustedes el rol de los investigadores? –preguntó Página/12.

Eva Asprella: –En los primeros meses de la investigación, la fiscal Roxana Castelli hizo intervenir directamente a la policía y provocó que se pierdan elementos de prueba, mientras que la actual fiscal mostró intención de investigar, pero de una forma en la que dejó que el tiempo transcurra y sin seguir una línea clara. Cuando se investiga una desaparición, la demora juega en contra.

Paula Litvachky: –El caso está abandonado a la inercia de las trabas burocráticas, mientras las partes tratan de insistir con medidas de prueba que quiebren el tan increíble manto de silencio que hay sobre el caso.

–¿Ese silencio también alcanza al barrio?

E. A.: –Sí, el barrio no fue bien explorado. Cuando la fiscal fue a tomar testimonio a los vecinos, lo hizo con la Gendarmería. El barrio no va a brindar testimonio de esa forma. Son vecinos a los que hay que cuidar, son gente humilde que siempre está expuesta a los abusos policiales y no se los puede exponer.

–¿Los vecinos aún pueden aportar información clave para la causa?

P. L: –En la causa ya aparecen declaraciones de vecinos o amigos de las que surge claramente cuál es la modalidad de intervención de la Policía Bonaerense respecto de los jóvenes varones de clase baja. Al Ministerio Público Fiscal recibir esos testimonios le tendría que dar la pauta de cómo se vinculaba la policía con los jóvenes del barrio, algo fundamental para entender lo que pudo haber ocurrido con Luciano.

–Al menos este año se logró avanzar en la causa conexa por apremios ilegales a Luciano durante su detención irregular en el destacamento de Lomas del Mirador, en septiembre de 2008.

E. A.: –Se logró después de una larga discusión con la fiscalía, que no reconocía el estudio médico del Policlínico de San Justo, que indica que Luciano presentaba golpes después de la detención. Incluso la fiscalía no tuvo en cuenta testimonios que denunciaban que Luciano llegó al barrio golpeado. Son cosas que generan una sensación de que hay falta de voluntad o inoperancia.

Maximiliano Medina: –La causa se inició por impulso nuestro, pero por ahora no es más que algo simbólico. A la vuelta de la feria judicial vamos a insistir para que se profundice en esa investigación e intentar que se inicie otra por la adulteración de los libros del destacamento y la comisaría 8ª, de la que depende el puesto policial.

–¿Por qué aún no se cambió la calificación del hecho como desa-parición forzada, que implicaría pasar la causa a la Justicia federal?

P. L.: –Más allá de la discusión sobre la federalización o no del caso, la experiencia indica que el fracaso judicial ante este tipo de hechos termina en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que es muy problemático porque el Estado no puede descansar su responsabilidad en que la causa pase a una instancia superior. La causa de Luciano puso en evidencia que el Estado federal y el provincial tienen absoluta incapacidad para investigar este tipo de hechos.

–¿Qué rol cumplió el gobierno provincial para reparar esa falta?

P. L.: –No hubo un mensaje fuerte, no fue tomado como los casos de inseguridad, que alcanzan muchísima conmoción pública, y no fue prioritario en la agenda de derechos humanos. Eso hace que no haya incentivo para investigar.