La causa empezó mal, bajo la dirección de la fiscal Roxana Castelli, quien le entregó la investigación a la propia Policía Bonaerense, violando la resolución 1390 de la Procuración General provincial. En marzo de 2009, con Castelli sumariada, la fiscal Cejas avanzó con peritajes sobre el destacamento policial y en el Monte Dorrego, un extenso predio municipal, donde los perros –a tres meses de la desaparición del adolescente– encontraron rastros. Además, las antenas del destacamento detectaron que los patrulleros estuvieron en la zona la madrugada del 31 de enero, lejos de su recorrido habitual.

Aquella prueba es la más fuerte de la causa. Pero en abril de 2011, dos años después, los abogados del CELS encontraron un problema: “La fiscal no documentó correctamente el rastrillaje”, lamentó Eva Asprella, del equipo de abogados del CELS. El organismo pidió en mayo que la medida se repita y comenzó a tropezar con las trabas procesales. El georradar solicitado para la medida llegó dos semanas tarde, después de ser utilizado para investigar una falsa pista sobre la causa de Julio López, que fue ventilada mediáticamente por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.

“Eso dejó al descubierto que el rastrillaje se iba a repetir porque se tuvo que detener una obra en construcción dentro del predio. Finalmente se avanzó sobre una parte del predio hasta julio, pero desde entonces se frenó y quedó inconcluso”, indicó Asprella.