El Ministerio de Educación porteño no utilizó el año pasado 322 millones de pesos que tenía presupuestados, de los cuales 241 millones corresponden a la partida destinada a obras de Infraestructura Escolar. En forma paralela, no sólo ejecutó todo el dinero que se le había asignado como subsidio a la educación privada, sino que lo incrementó en un 24 por ciento respecto de lo previsto en el presupuesto original. Las cifras, que corresponden a un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en conjunto con el colectivo Familias por la Escuela Pública, contribuyen a echar luz sobre los conflictos que hoy afectan a la escuela pública de la Ciudad.

Desde el inicio del ciclo lectivo se encendieron luces de alerta en la comunidad educativa por el cierre o “fusión” de cursos en escuelas de tres niveles, especialmente ubicadas en las zona norte y centro de la Ciudad, muchas de ellas fagocitadas por el avance de establecimientos privados, según muestra un informe elaborado por la diputada Laura García Tuñón, publicado por este diario el martes último.

Otro conflicto es el de la Villa 31, donde por falta de vacantes en ese barrio muchos chicos deben asistir a una escuela de Belgrano y el gobierno porteño no les asigna transporte escolar en cantidad suficiente pese a que un fallo judicial así se lo ordena. Los números sobre subejecución presupuestaria demuestran que dinero no es lo que falta. Por el contrario, sobra.

La subejecución del presupuesto no es un fenómeno nuevo, sino que se arrastra de gestiones anteriores pero que se intensificó en ésta. El informe de la ACIJ da cuenta de que en 2005, durante la gestión de Aníbal Ibarra, no se ejecutaron 108 millones de pesos. En 2006 y 2007, la administración de Jorge Telerman no gastó 80 millones y 58 millones, respectivamente. En 2008, ya con Mauricio Macri en el gobierno, el “ahorro” trepó a 433 millones y fue de 103 millones en 2009, escaló a 455 millones en 2010 y cerró en 322 millones el año pasado.

Los cálculos, realizados en base a los informes trimestrales del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, confirman además que en 2011 también se subejecutaron los recursos correspondientes al programa de Infraestructura Escolar, que tiene a su cargo la construcción y el mantenimiento de escuelas. “De los 728 millones del presupuesto vigente (reajustado por Hacienda a partir de lo aprobado por la Legislatura), el Ministerio de Educación ha utilizado nada más que 487 millones, tan solo el 67 por ciento de los recursos disponibles”, sostiene el informe. Es decir, “no se han utilizado 241 millones de pesos que podrían haber sido destinados a resolver el déficit de infraestructura educativa que afecta particularmente a los distritos que tienen los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas”.

En forma paralela, dice el estudio, la ejecución del Presupuesto 2011 mostró que se mantienen montos elevados destinados a la educación de gestión privada; 1246 millones de pesos, contra 1150 millones en 2010. Y mientras el presupuesto sancionado por la Legislatura establecía que el gasto en educación privada fuera del 15,4 del presupuesto total del Ministerio (1008,8 millones), la ejecución finalmente fue del 17,2 por ciento del total (1246,6 millones). Así, mientras el presupuesto total de Educación se incrementó en un 15 por ciento respecto de lo aprobado por la Legislatura, la partida destinada a educación de gestión privada creció un 24 por ciento.

“Esta ejecución del gasto destinado a la educación privada se da en el contexto en que la distribución de aportes entre las escuelas de gestión privada no sigue criterios de transparencia”, advierte el informe de la ACIJ. “Muchas escuelas que cobran elevados aranceles reciben sustanciales aportes estatales, lo que tiende a profundizar las desigualdades educativas”, advierte el informe. Ya lo había advertido la organización en su informe sobre datos de 2010: “Se están subsidiando escuelas de gestión privada en zonas donde hay oferta de vacantes en las escuelas públicas”.

“El sistema de subsidios no tiene racionalidad, no hay ningún criterio objetivo para otorgarlos. Llegamos a esa conclusión después de pedir informes durante años al gobierno. Y no es un problema privativo de esta gestión, porque los subsidios estaban desde antes”, dice a Página/12 Dalile Antúnez, coordinadora del área Igualdad Educativa de la ACIJ.

Para Ernesto Golomb, de Familias x la Escuela Pública, “la subejecución del presupuesto está directamente vinculada con la decisión de cerrar cursos en escuelas primarias y secundarias, y es en parte la causa de esos cierres” (ver recuadro).

Por último, el informe cuestiona la disminución en las partidas asignadas a la educación especial, que el Gobierno de la Ciudad disminuyó en 2011 en un 32 por ciento respecto del año anterior. En efecto, de los 311 millones previstos en el presupuesto original, se redujo a 210 millones, una cifra notablemente menor a los 381 millones ejecutados en 2010. Esa disminución afecta directamente a “los dispositivos para apoyar la asistencia de niños y niñas con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, en escuelas especiales o integrados en escuelas comunes”.