Ni Ariel Acevedo ni Marcelo Pereira, los dos enfermeros acusados del homicidio agravado de 10 y 5 pacientes respectivamente, dijeron recordar a cuántas personas les aplicaron el tratamiento para que “descansen”. “No es una cosa para llevar la cuenta, lo hacía para..., es contradictorio lo que voy a decir, pero lo hacía por la humanidad”, comentó Acevedo al juez Rolando Vomero, quien ayer develó en un escrito los argumentos que utilizó para los procesamientos. Cuando Vomero insistió sobre el tiempo en que llevaba haciendo “esas maniobras”, el acusado dijo: “Un par de años puede ser”. Pereira, por su parte, dijo que hacía “tal vez un año, un año y medio” que inyectaba morfina a pacientes “con mal pronóstico vital”. Dijo que haría lo mismo con sus padres. “La prueba incorporada no permite considerar que estemos ante homicidios piadosos”, determinó el juez, a falta de pruebas que “den cuenta de las continuas súplicas de la víctimas”, necesarias para aplicar esa figura legal.

El texto de Vomero incluye una serie de observaciones de enfermeras del hospital público Maciel y la clínica privada Asociación Española, al igual que médicos de esas instituciones, informes internos de éstas y la autopsia de Santa Gladys Lemos, de 74 años, que fue uno de los elementos determinantes para ordenar las detenciones. Esta mujer, diabética, tuvo una crisis respiratoria el día en que debía ser externada y fue atendida en ese momento por Pereira: “Le administré una ampolla de morfina no con el fin de matarla, sino con el fin de sedarla. La señora se deprimió, hizo un paro respiratorio”.

La jefa de Sala declaró que “ante las sospechas” que ya existían sobre las muertes inesperadas en el hospital Maciel cuando el paciente era atendido por Pereira, sacó sangre de esta paciente cuando se descompensó, aunque había sido antes de la inyección de morfina. Sólo así se entiende que en la autopsia el peritaje toxicológico diera cuenta de la presencia de lidocaína y atropina, sustancias utilizadas para reanimarla tras el paro cardiorrespiratorio. La vida media de la morfina en el cuerpo de una persona es de 12 horas, según afirman fuentes médicas.

“Mi error fue haberlo administrado sin autorización médica. No fue con el fin de matar a nadie”, dijo Pereira. Consultado sobre el procedimiento, Ariel Cherro, integrante de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, respondió: “La morfina no se usa para sedar, sí para el dolor o la falta de aire. Es un error que la use como analgésico, hizo que la paciente dejara de hacer fuerza para respirar y entrara en paro. Era inapropiada la morfina para ella”. Cherro aclaró que se puede aliviar el dolor de un paciente “sin acelerar su muerte o matarlo”.

Aunque identificó a cinco pacientes del hospital público a quienes inyectó sustancias que les provocaron la muerte, Pereira contó que hacía lo mismo en la clínica privada, donde también trabajaba Acevedo. De acuerdo con el escrito, dos enfermeras relataron que “los ronquidos, la falta de aire y la braquicardia” eran factor común de algunas muertes en las que intervino Pereira, en salas donde no se permitían visitas, y coinciden en la tardanza de los médicos para la reanimación. En esos momentos el propio acusado tomaba protagonismo tratando de recuperar al paciente al que había inyectado morfina o Dormicum, una benzodiazepina como el clonazepam.

“Hay pacientes que son irreversibles y que muchas veces, no sé por capricho de quién, no se toman ciertas determinaciones como sedarlos y que por fin puedan descansar en paz. Ni siquiera descansar en paz, simplemente analgesiarlos para que, en ese momento, la persona no esté cabalmente consciente de que no puede respirar. Eso es horrible y ése fue el fin de darles morfina o Dormicum”, se justificó Pereira. Los cinco pacientes que mató este enfermero, explicó un médico a la Justicia, “estaban dentro del promedio de gravedad” que atiende la unidad donde trabaja Pereira.

En el caso de Acevedo, la principal prueba en su contra es un mensaje de texto enviado en diciembre a una compañera, Andrea Acosta, procesada por encubrimiento, en el que afirma que él “le puso la medicación para que falleciera”. Este enfermero argumentó: “No eran al azar, se trataba de pacientes en etapa terminal. En la cual él y la familia, según mi visión, estaban en un sufrimiento continuo”. Ayer se supo que en vez de once, reconoció haber matado a diez pacientes y a la mayoría, advirtió, simplemente les inyectó aire, como había trascendido.

“Llega un momento en que no se puede tolerar tanto sufrimiento, llegó al límite de mi persona, tomé una decisión de parar, de hacer que la gente dejara de sufrir, pero pasó tanto tiempo y veía que eso se continuaba y se continuaba y reitero, mi intención no era parar la vida, sino permitir descansar”, argumentó Acevedo. En los párrafos citados por el juez no se involucra el consentimiento de médicos y familiares, aunque Inés Massiotti, su abogada, viene insistiendo en este punto.

La imputación por homicidio especialmente agravado, que prevé penas de entre 10 y 24 años de prisión, es “provisoria”. El juez entiende que no fue la piedad la que prevaleció, como indicaron los abogados defensores y que, de probarse, podría exonerarlos de la pena. “La prueba incorporada al proceso permite sin esfuerzo deducir la intención de matar. Se trata de enfermeros con vastísima experiencia en su profesión que aplicaron sustancias que rápidamente llevaban a la muerte (...) Basta decir que no existe en autos ninguna prueba que dé cuenta de las continuas súplicas de la víctima”, dice el fallo.

El juez ordenó hacer más peritajes psicológicos e instó a una junta médica a seguir, como ya pidió el fiscal, el estudio de las historias clínicas agregadas “y las que, en el futuro, se agreguen”. Ayer se sumaron al menos diez consultas de familiares de fallecidos en la clínica privada y la policía menciona alrededor de doscientas muertes dudosas más. Este proceso puede ser apelado por las partes y si se confirma, no implica un inmediato juicio oral, no público por tratarse de un asunto penal, según las leyes uruguayas. “Resta un sumario investigativo antes de las audiencias. Y eso va a llevar varios meses”, dijeron fuentes judiciales.

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