Sin mencionar las 15 muertes reconocidas por los dos enfermeros en Montevideo, el médico Oscar Cluzet, integrante del Colegio Médico de ese país, aseguró que la Ley de Testamento Vital no se aplica correctamente. La norma, sancionada en 2009, permite que una persona mayor de edad se oponga anticipadamente “a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible”. Cluzet afirmó que los médicos “siguen resolviendo los problemas ellos mismos y envían pocos casos a los comités de bioética”, como plantea la ley. Los médicos temen una avalancha de juicios.

La ley obliga a dejar por escrito la decisión y exige dos testigos, pero también permite evitar el llamado “encarnizamiento terapéutico” a todo paciente terminal que no haya expresado la voluntad anticipada, incluso si se encuentra “incapacitado de expresarla”. “La suspensión de los tratamientos o procedimientos –dice el texto– será una decisión del cónyuge o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley.” El artículo 8 es el que involucra a los comités de bioética.

Cluzet explicó que es “deseable y la ley pide que se haga” que, ante estos casos, se consulte al comité del hospital o mutualista, integrado por médicos, un abogado, algún representante de los usuarios del sistema de salud y también del paciente involucrado. Este comité tiene 48 horas para tomar una decisión. Si no lo hace, “en dicho plazo se considerará tácitamente aprobada la suspensión del tratamiento”, dice la ley, que no establece sanciones si un médico toma la decisión individualmente.

El problema, según este médico internista, reside en la dificultad de instrumentar los comités “por esa concurrencia múltiple, por la elección de los representantes de los usuarios y el apoyo que le puede dar la propia institución”. Cluzet aclaró que si no se hace la consulta al comité, “el médico toma la decisión en el marco de sus responsabilidades. Y si consultara, igual tendría que resolver en última instancia él”.

“A veces apremian los tiempos”, admitió el médico y recordó que en algunos países se conforma una especie de “personal de guardia” del comité para acelerar estas decisiones. Según relató Raquel, hija de un hombre de 81 años cuya muerte también se investiga en el marco de la causa de los dos enfermeros, un médico que tomó la guardia le dijo que su padre “era un enfermo terminal y que le iban a poner el suero para morirse. Nunca informó, nunca pidió autorización”.

La Ley de Voluntad Anticipada también insta a las instituciones de salud públicas y privadas a “proveer programas educativos para su personal y usuarios sobre los derechos del paciente” y exige al Ministerio de Salud Pública “implementar una amplia difusión”. Esto, según reconocieron varias fuentes médicas de Uruguay, no está ocurriendo. Mientras tanto, tres nuevos posibles casos, entre ellos el de una mujer de 99 años, se están investigando en Colonia desde la semana pasada. Allí, una enfermera y una médica internista fueron detenidas y luego liberadas a falta de pruebas concluyentes.

El “tsunami” en la confianza en los servicios médicos, como dijo el presidente José “Pepe” Mujica, continúa: una ONG de usuarios de la Asociación Española, donde uno de los enfermeros reconoció haber terminado con la vida de 10 personas, recibió 300 denuncias de casos de muertes “dudosas” la semana pasada. Sólo 15 fueron verificadas hasta el momento. Estas denuncias y otras que se pueden contrastar en estos días serán presentadas ante la Justicia luego de la “Semana de Turismo”, que se festeja en paralelo a las Pascuas.

Por su parte, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Enrique Gallo, comentó que de otras 260 denuncias recibidas en el Ministerio de Salud sólo tres serán enviadas luego de haber sido analizadas por un comité de especialistas. Por el momento, en la causa instruida por el juez Rolando Vomero sigue habiendo tres detenidos: los enfermeros Marcelo Pereira y Ariel Acevedo, acusados de “homicidio especialmente agravado”, y la enfermera Andrea Acosta, imputada de “encubrimiento”.

Santiago Clavijo confirmó a este diario que no defiende a Pereira desde hace casi diez días, cuando el juez le informó los argumentos por los que lo procesó. “Ahora se encarga la defensora oficial, Sylvia Landeir, quien lo asistió primero a cuatro horas de su detención y lo acompañó en su declaración”, le dijo el juez Vomero a Página/12. “Y no voy a hablar del caso”, advirtió luego. Clavijo, quien continúa defendiendo a Acosta, apeló la detención, pero no quiso contar sus argumentos.

La posibilidad de que fueran exhumados algunos de los fallecidos no está confirmada. El ministro de Salud, Jorge Venegas, preguntó varias veces la semana pasada sobre este punto en una charla organizada por la Cátedra de Medicina Legal intitulada “Medicina forense y asesinos seriales”. Allí, el titular de la cátedra, Hugo Rodríguez Almada, le explicó al funcionario que las exhumaciones pueden “aproximar a la verdad”, pero no dan resultados exactos porque éstos dependen del estado de los cuerpos y de las condiciones en que se encuentran órganos y tejidos.

Los médicos se mostraron preocupados por la desconfianza que impera en pacientes y familiares, y admitieron el temor de una avalancha de juicios. Las repercusiones en la atención podrían ser muy graves, por lo que Rodríguez Almada aconsejó a sus pares practicar la “medicina defensiva”, es decir, trabajar protegiéndose de posibles demandas judiciales.