El domingo pasado este diario denunció en su nota de tapa cómo presos de la Unidad 47 del Complejo San Martín entregaron facas y un cuchillo enorme al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto durante su visita a la unidad, armas que según denunciaron habían sido provistas por jefes de la unidad y destinadas a matar a otro preso, también presente en la entrega. En la misma nota, el periodista Horacio Verbitsky denunció que apenas terminada la visita de Mariotto, que era acompañado por integrantes del CELS, la Comisión por la Memoria, el Comité Contra la Tortura, la Universidad de San Martín y la Defensoría General de ese partido, el interno Juan Romano Verón fue asesinado en la Unidad 48 del mismo complejo, en lo que los penitenciarios describieron como una “revuelta generalizada”. Uno de los presos que supuestamente intervinieron en la pelea, José Burela Sombra, el sábado fue trasladado a la Unidad 45, de Melchor Romero. No duró en pie más de 45 minutos: en el pabellón de admisión lo mataron a puñaladas. Otro muerto a la misma hora, pero en la cárcel de Olmos, subrayó los hábitos penitenciarios.

El mecanismo de custodia del SPB es el mismo sin importar la jurisdicción. Por eso, lo que le ocurrió a Verón se repitió, un día y medio después, el sábado al mediodía, a 80 kilómetros de la Unidad 48, con facas diferentes y entregadas por otras manos penitenciarias. Esta vez, le tocó a José Burela Sombra, que intervino supuestamente en la revuelta en la que murió Verón. Su asesinato se produjo en una pelea entre grupos rivales, lo que permite que a los ávidos ojos mediáticos la violencia carcelaria quede explicada por la violencia supuestamente intrínseca de los presos. Esa tintura nada dice que la decisión de encerrar a bandas rivales en el mismo pabellón no es una decisión de los presos, sino de las jerarquías del SPB.

“Ellos saben perfectamente si hay rivalidad entre los presos”, dijo Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria. A Burela Sombra lo trasladaron el sábado al mediodía desde la U48, en San Isidro, hasta la U45, en Melchor Romero, La Plata. Apenas llegó lo pasaron, como habitualmente ocurre, al sector de Admisión, en este caso el Pabellón 5. Burela no tuvo tiempo siquiera de subir al pabellón que le hubiera correspondido. Lo encerraron en una celda en el mismo pabellón en que se encontraban presos con los que ya había tenido enfrentamientos. Después fue muy fácil: simplemente abrieron las puertas. Igual que antes ocurrió con Verón, Burela murió después de que le asestaran varias puñaladas. Obviamente, su muerte fue violenta, pero sería simplista y oblicuo suponer que llegó hasta ese lugar por decisión propia y control de su supuesta agenda.

Como se informó el domingo pasado, una de las políticas de control es permitir “que se maten entre ellos”. Otra, es mandar a matar por medio de los conocidos “encargos”, tal como parecían destinadas las facas entregadas el jueves a Mariotto. También es recurrente la muerte directa a manos de los penitenciarios, como ocurrió con Patricio Barros Cisneros, también en el Complejo San Martín, o como se supone que ocurrió con Juan Gorosito en 2004, violado y prendido fuego en su celda, pese a la orden de custodia judicial y tal como determinaron los peritos de la Corte bonaerense, a pesar de que luego los jueces Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara e Inés Siro, del Tribunal Oral No 4 de La Plata, decidieran relevar de toda responsabilidad a los tres penitenciarios enjuiciados, el viernes pasado.

El sábado, a la misma hora en que Burela era asesinado a puñaladas por presos enemistados con él, otro interno, Rodolfo Daniel Martínez, fue apuñalado en otra “revuelta generalizada” en la U1 bonaerense, más conocida como cárcel de Olmos.

Igual que lo que ocurrió en las muertes de Verón, Burela, Barros Cisneros y tantos otros, la información que trasciende a los medios es tan engañosa como teñida de imparcialidad. Para el caso de Martínez, la tintura se corre por el lado de los antecedentes inmediatos: aunque el informe penitenciario lo ubica participando de una “revuelta generalizada” entre bandas rivales, el Comité Contra la Tortura lo instala en sus imposibilidades. Desde hacía meses los integrantes del CCT acompañaban su pedido para que fuera operado de la vesícula, pedido que por un motivo u otro era desestimado o aplazado. “Es muy raro que lo hayan incluido a Martínez en una pelea –confió a este cronista Cipriano García–. Como no lo trataban no quería comer porque le traía dolor, y al alimentarse tan mal, apenas si podía caminar tambaleándose porque le faltaban fuerzas.”

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