En el barrio Los Piletones, una oficina móvil de la Asesoría recoge consultas sobre acceso a la vivienda y a la educación.
Imagen: Rafael Yohai.

Los derechos a la alimentación y al acceso a una vivienda digna son los principales motivos de reclamos y consultas realizados por pobladores de los barrios del sur porteño, en las oficinas de atención descentralizada de la Asesoría General Tutelar porteña. Las dependencias son tres y están destinadas a facilitar el acceso a la Justicia y la efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas afectadas en su salud mental. Allí, durante 2011, se realizaron un total de 3579 consultas: el 21 por ciento por problemas en el funcionamiento de los planes alimentarios poteños; el 19 por ciento por pedidos para acceder a planes de vivienda; el 14 por ciento por problemas de violencia y otros conflictos familiares, y el 11 por ciento por la falta de acceso al derecho a la educación, como la falta de vacantes.

Las oficinas de atención descentralizada se encuentran en la zona sur de la ciudad, donde vive el “74 por ciento de los niños y niñas pobres del distrito”, según un relevamiento de la AGT. Están ubicadas en Villa Soldati-Nueva Pompeya; Mataderos-Liniers y La Boca-Barracas. Su misión es dar asesoramiento en temas de infancia y adolescencia.

Carlos Danielli, coordinador del centro de Villa Soldati-Nueva Pompeya, explicó a Página/12 que “en esta región uno de los problemas más serios es la existencia de núcleos habitacionales en crecimiento: la zona se caracteriza por la informalidad de la vivienda, la alta vulnerabilidad de las familias y los escasos dispositivos estatales frente a una población en constante crecimiento”, explicó.

Las oficinas de la AGT son un servicio de atención directa al público destinado a la orientación y asistencia jurídica para el acceso a los derechos del niño y adolescente. Además, funcionan como un mecanismo de seguimiento, supervisión y monitoreo de las políticas públicas zonales y del funcionamiento de las agencias estatales con competencia en derechos de infancia, adolescencia y salud mental.

De acuerdo con un relevamiento estadístico de la AGT, la comuna 8 –que comprende Villa Soldati y Nueva Pompeya– concentra la mayor cantidad de niños y adolescentes de la ciudad (56.125) y el mayor porcentaje de población propia viviendo en villas y asentamientos (32,9 por ciento).

“Otra de las demandas es la falta de vacantes en las escuelas de enseñanza inicial y media”, dijo Danielli. Entre los reclamos de la población de villas y asentamientos se encuentran, además, “la falta de suministro eléctrico, la carencia de cloacas y de agua potable”.

En cuanto a los reclamos por el derecho a la alimentación, están vinculados con problemas en el cobro de los planes Ticket y Ciudadanía Porteña (PCP), que permiten transferencias monetarias directas a las familias en situación de indigencia, para la compra de alimentos y afines. “Muchas veces el aporte está condicionado. Si un chico o adolescente abandona la escuela, se le quita el cobro a todo el grupo familiar”, lamenta Danielli.

Además del trabajo que esta oficina realiza en su centro de atención de Varela 3301, en el barrio Los Piletones de Villa Soldati, implementó desde comienzos de este año una mesa de consultas.

En la zona de Mataderos-Liniers, donde funciona otra oficina, se registran cifras que evidencian un importante grado de vulnerabilidad social y un crecimiento demográfico en los últimos diez años del 3,7 por ciento, constituyendo el tercer mayor porcentaje de población de niños, niñas y adolescentes de la ciudad: el 22,46 por ciento, según datos de la AGT. El porcentaje de población que vive en villas de emergencia y asentamientos la ubica en el quinto lugar en el ranking del déficit habitacional porteño.

“Aquí abrimos en junio de 2011 y hasta diciembre atendimos a 386 personas, y entre las problemáticas más frecuentes encontramos una gran confluencia con nuestros vecinos de Villa Soldati. El déficit habitacional es grande porque estamos cercanos a la Villa 19 y al barrio Piedrabuena”, informó Julieta Parellada, abogada de la oficina descentralizada de Mataderos-Liniers.

“Otro de los temas recurrentes es el incremento de la conflictividad familiar, frente a lo cual acompañamos a la familia y hacemos un seguimiento hasta derivar el tema”, dijo Parellada.

Por su parte, Mariano Valentino, coordinador de la oficina, relató que “en lo que va de 2012 ya recibieron unas 245 consultas”. “Buscamos servir como oficina de referencia para todos los vecinos y para eso contamos con redes barriales que nos posibilitan conocer la problemática de cada una de las zonas”, agregó Valentini.

La tercera oficina es la de La Boca-Barracas, ubicada en Almirante Brown 1250. Allí, Andrea Ventura, su coordinadora, explicó a Página/12 que “en esta región la población sufre un importante deterioro habitacional”, especialmente quienes viven en inquilinatos y viviendas tomadas. “El 24 por ciento de las entrevistas que realizamos están relacionadas al déficit habitacional, y gente que vive en situación de calle”, precisó.

“Aquí llegó el caso de una mujer embarazada de ocho meses que tenía un niño de un año y había sido desalojada de su casa por adeudar unos meses de alquiler. Ante esta situación, intervenimos no sólo para conseguirle de alguna forma un techo, sino que también la trasladamos al hospital porque su embarazo era de alto riesgo y no asistía a controlarlo”. Situaciones como ésta son moneda corriente en el barrio.

“En La Boca también vemos gran cantidad de adolescentes que no se encuentran contenidos por sus familias, ni por dispositivos sociales y escolares”, dijo Ventura.

La coordinadora pone como ejemplo el trabajo con un grupo de chicos “de entre 12 y 14 años que estaban en situación de semicalle, que han pasado por todas las instituciones para mejorar su situación personal y que el Gobierno de la Ciudad ha expulsado del sistema”. “Para aprovechar el fuerte entramado institucional de organizaciones sociales con que cuenta el barrio, surgió la idea de armar una mesa de trabajo sobre adolescentes en situación de vulnerabilidad, para trabajar las problemáticas y garantizar que cada adolescente sea oído en el debido proceso.”

Informe: Sabrina Améndola.