El Tribunal Oral Federal de Jujuy se apresta a consagrar el proceso de impunidad construido durante años por el flamante ex juez Carlos Olivera Pastor con el visto bueno de la Cámara Federal de Salta. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos, de la Procuración General de la Nación y de la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exhortó a los magistrados a concretar juicios orales en plazos razonables y con la mayor cantidad posible de imputados y de casos (víctimas) para evitar la revictimización de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz decidieron comenzar el 13 de junio un juicio con apenas un imputado y por una sola desaparición. La Unidad Especial de coordinación y seguimiento de juicios de lesa humanidad de la Procuración anticipó ayer a Página/12 que presentará esta semana un recurso ante la Cámara de Casación Penal para que le exija al TOF jujeño la acumulación de los 53 casos que Olivera Pastor elevó con cuentagotas y la realización de un juicio con los diez represores en condiciones de rendir cuentas por delitos cometidos 35 años atrás.

Jujuy, junto con Mendoza y otras provincias norteñas, es un símbolo de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Las casi 100 mil personas que marcharon en San Salvador el último 24 de marzo llevaron como consigna central la denuncia contra Olivera Pastor, un oscuro secretario devenido juez federal subrogante que durante años bloqueó sistemáticamente el avance del proceso, que rechazó el 90 por ciento de las indagatorias pedidas por el fiscal (incluida la del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier) y que esta semana presentó finalmente su renuncia.

Entre 2009 y febrero pasado, siempre con el respaldo de la Cámara salteña que encabeza Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, el entonces juez contrarió los criterios impulsados por la Procuración y la Comisión Interpoderes y elevó al tribunal diez fragmentos de la instrucción, varios con un imputado y una víctima. Los represores en condiciones de ser juzgados son el condenado Luciano Menéndez, Rafael Mariano Braga, César Darío Díaz, Mario Marcelo Gutiérrez, Antonio Orlando Vargas, Herminio Zárate, José Eduardo Bulgheroni, Horacio Domingo Marengo, Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz. El único a quien el tribunal decidió juzgar es el teniente coronel Braga, alias “Cara cortada” por sus cicatrices en la mejilla izquierda, y sólo por el secuestro en 1976 de Julio Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista.

“El caso de Jujuy refleja la dificultad de lograr que se apliquen pautas básicas como la acumulación de casos conexos”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal, quien destaca la necesidad imperiosa de “desarrollar mecanismos institucionales para corregir rápidamente estas decisiones”. “No puede seguir pasando que los tribunales arbitrariamente dejen de acumular casos conexos y con pruebas en común. Hay 875 procesados y más de 600 tienen alguna elevación a juicio. Este mecanismo de juicios por goteo está probando una dilación que, finalmente, va a impedir concretar los juicios que faltan”, advierte. “Es urgente que desde la cabeza del Poder Judicial se tomen medidas para evitarlo.”