La muerte de Lautaro Bugatto desató indignación, dolor. Y el necesario debate sobre la lógica del estado policial permanente. Ayer, la consternación fue una marca en las declaraciones oficiales, sin distinción. Tanto la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sostuvo su pesar como lo hicieron el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal. Pero la diferencia no estribó en el pesar, sino en el sentido que se le imprimió a lo ocurrido. Garré sostuvo que “estar armados las 24 horas del día, los 365 días del año, genera un nivel de tensión que nadie puede soportar”; Scioli, en cambio, justificó la lógica de las armas. “Esto no es inseguridad, es un asesinato”, parafraseó a un familiar, siendo funcionario. Casal, más medido, sostuvo que “si bien (el policía) pudo estar conmocionado porque la víctima era su hija y su hermana, eso no habilita a tirar siete tiros con su arma”.

Para ubicar al lector en territorio armado, habrá que recordar que la única fuerza de seguridad que no aplica a sus integrantes la obligación de portar armas fuera de las horas de servicio es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, creada en 2006, en democracia y bajo la intervención directa del actual diputado (NE) Marcelo Saín.

El resto, incluyendo la Federal y la Bonaerense, sostienen en sus leyes orgánicas aquello del estado policial permanente y la obligación de intervenir en cualquier momento ante un delito. En el ámbito nacional, tanto la Federal (1958 y 1976) como la Prefectura (1969) y la Gendarmería (1972) tienen sus leyes orgánicas basadas en normas en período de dictaduras.

“Esa intervención podría darse de muchas maneras, que llamen al 911 por ejemplo. Pero está institucionalizada de una sola manera, que respondan con armas”, dijo a Página/12 Mariana Galvani, autora, entre otras obras, de La marca de la gorra e investigadora del instituto Gino Germani.

En pleno menemismo, ya se había instalado el debate sobre la utilización de armas policiales fuera de servicio. Antes del 2000, Eugenio Zaffaroni, años antes de ser elegido como integrante de la Corte Suprema, dijo que “la presión institucional hace que el policía, ante una situación así (se refería a la muerte de un federal) se desespere, lo cual es riesgoso para ellos como para terceros y da lugar a situaciones como tiroteos dentro de colectivos”. Y aportó un dato que suele pasar desapercibido: “El mayor número de muertes de policías se produce cuando están de franco, ya que los reglamentos policiales les imponen intervenir sin darles la posibilidad de evaluar la situación de riesgo, los obligan a actuar”.

Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del Cels, dijo que “la secuencia del caso de Lautaro coincide con muchos otros casos de la Bonaerense y también de la PFA. Estas situaciones suelen tener lugar cuando están descansando. Los casos de uso abusivo de la fuerza por parte de la Metropolitana en 2011 fueron todos fuera de servicio. Se trata de una combinación de normas y de usos que hacen a la relación de los policías con la portación del arma y con el principio de actuar siempre en cualquier circunstancia sin atender que pueden estar introduciendo riesgos mucho mayores de aquellos que procuran controlar”.

Garré ya tiene una posición tomada, incluso desde cuando era diputada y propuso el proyecto de evitar el estado policial fuera de servicio. “Disparar con una pistola 9 milímetros siete disparos a delincuentes desarmados, obviamente es un exceso inaceptable”, dijo ayer, pero también insistió en que 24 horas de estado policial “es insoportable”. La cuestión figura entre los temas de trabajo cotidianos ministeriales, y desde hace un tiempo en la cartera se trabaja sobre tres proyectos existentes sobre el tema. La idea es reformar la Ley Orgánica, es decir, dar un estatus democrático a las policías y cambiar el eje de la resolución armada por otros ejes que no aparecen en los debates públicos: anular el estado policial permanente; instalar la idea de que están cumpliendo un trabajo y que no exige disposición total; que se instale el escalafón único (como lo inició Arslanian en la Bonaerense hasta que Scioli dio marcha atrás); dar mayor importancia al ascenso por preparación, hoy aplastado por el ascenso por antigüedad; la no discriminación por género.

“Los policías no se consideran trabajadores –confió un investigador que conoce los dilemas por los que pasa la modificación de las normas de la dictadura–. La mayor parte recibe la función policial como una herencia familiar que es transmitida como una vocación.”

Esa transmisión hereditaria va de la mano con el reclamo social. “Cuando se les pide que entreguen el arma porque salen de franco muchos se quejan porque se sienten desnudos –revela un funcionario de la PSA–. Algunos dicen que ‘en el barrio ya me conocen y si pasa algo me viene a pedir que vaya y lo solucione’.”

Pero la solución que imponen, como uniformados aun sin uniforme, es la armada.

[email protected]