Ante la “preocupante” constatación de que “no existió, ni existe”, en el proceso del conflicto bilateral por la instalación de una papelera en el río Uruguay, una evaluación del sentir de las poblaciones afectadas, el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, recomendó al gobierno nacional que impulse una modificación de la autoridad de cuenca para que instrumente mecanismos de participación social en el monitoreo y la toma de decisiones con respecto a la planta de la Botnia-UPM. Página/12 conversó con una de las responsables del área de Ambiente y Desarrollo Sustentable del organismo sobre los alcances de esta petición que, aunque está contemplada en la propia Constitución, sólo se aplica para el caso del Riachuelo.

Adriana Giorgio es ingeniera química y técnica de la Defensoría para el conflicto del Río Uruguay, iniciado en 2005 con el anuncio de la instalación de las dos megaplantas de fabricación de pasta celulosa. Tras años de protestas sobre la ruta y disputas diplomáticas, los gobiernos arribaron a un acuerdo en 2010, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya dirimió el conflicto con un fallo en que desestimó la denuncia argentina por contaminación y sugirió un monitoreo conjunto tanto del funcionamiento y los efluentes de la pastera, como de las condiciones ambientales del río. Así se hizo. “Se creó el Comité Científico uruguayo-argentino que funciona dentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), que está conformada por dos científicos por cada país. A nosotros nos parece que es muy poco para dar por cubierta la representación nacional, y es mucha responsabilidad para esos dos científicos. Las presiones pueden ser muchísimas”, apunta, desde su oficina, la especialista en Ambiente.

La Defensoría explicitó en la recomendación que es necesaria una reforma al Estatuto del río Uruguay que exija la consulta y participación de las poblaciones afectadas. “Ante el importante rol que jugó hasta ahora la población de Gualeguaychú en la historia ambiental de la instalación de la planta Botnia-UPM resulta obligatoria la aplicación del Principio de Participación Ciudadana previsto en la Ley General del Ambiente, con el fin de prevenir eventuales futuros desencuentros y superar las confrontaciones del pasado”, reza el texto.

–Consideramos que la autoridad de cuenca ha quedado obsoleta. Su conformación es muy anterior a la Declaración de Río (de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992), donde se refiere la necesidad del acceso a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas de carácter ambiental. A 20 años de la convención y en puertas de la Río+20, la Caru no ha cambiado para adecuarse a los nuevos tratados, la Constitución del ’94 y la Ley de Ambiente, que establecen el principio de la participación de las partes.

–La gente siempre puede participar, tiene ese derecho: puede cortar una ruta, mandar una nota al periódico o hacer una sentada. Pero cuando se institucionalizan la relación y los roles de participación del pueblo, la ciudadanía tiene otro poder de presión para volver pública la información y para influir en las decisiones, sea su participación vinculante o no. Y para las autoridades de ejecución está claro que nunca va a ser lo mismo decidir detrás de un escritorio, que escuchando. Hace falta estar atento a lo que piensa la sociedad porque estos son temas muy complejos. Abarcan cuestiones de salud, económicas, del funcionamiento de las empresas y de las relaciones con el exterior.

–Pedimos que se modifique el estatuto de la autoridad de cuenca del río Uruguay (Caru) para que se especifique en un reglamento cómo se abre a la participación de la población en general del modo que más se adecue a las necesidades. El ámbito de participación debe ser diseñado para cada caso particular.

–Sólo uno, el del Riachuelo. La participación fue determinada por el fallo de la Corte Suprema. El fallo obliga a los tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) a trabajar en conjunto, lo que da creación a la Acumar. Esto es inédito. Antes, cada municipio era como un compartimento estanco, lo que es absurdo porque el ambiente es precisamente lo que sobrepasa todos esos límites políticos. El río desconoce el municipio y obliga a que se arme una nueva forma de trabajo. Dentro de esa nueva gestión, la Corte otorga la responsabilidad de fiscalizar y colaborar a un Cuerpo Colegiado, integrado por cinco ONGs convocadas por el Defensor del Pueblo.

–La participación está siempre. Pensemos en la actividad minera, en cómo está participando la población, por ejemplo. Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación creemos que las empresas necesitan una licencia social para poder funcionar. De algún modo, tienen que mostrar que cumplen las leyes.

–Sí. La formalización de la participación es algo que debería existir en todos los ámbitos, pero no necesariamente del mismo modo. ¿Cómo haríamos en un país tan, pero tan basto, para crear un cuerpo colegiado sobre el uso de agroquímicos, por ejemplo? ¿A qué población deberíamos incluir? El de los agroquímicos es un tema mucho más difuso, donde no hay un único organismo que se ocupe, aunque la reglamentación en realidad ya está: existen las audiencias públicas o el recurso de iniciativa.

–Sí, son mecanismos formales para esa problemática y se suman al derecho de todo ciudadano a ejercer su participación de modo más informal, con marchas, con pintadas. Lo cierto es que la gente está participando cada vez más y hay algo que de hecho se está dando. Falta plasmarlo, definir la licencia social. Esto recién empieza.

Informe: Rocío Magnani.