Ni el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni la nueva política criminal del Ministerio de Seguridad pueden terminar con la criminalización de los usuarios de drogas. Así lo explicó el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Y agregó: “La ley sigue vigente y la corporación policial continúa deteniendo consumidores”, advirtió, cuando la diputada Patricia Bullrich preguntó si es necesario despenalizar la tenencia para uso personal, ya que la Corte se expidió al respecto. Salvada esta duda, ayer el magistrado y cuatro especialistas hicieron su aporte para un debate informado, en el primer plenario de las comisiones de Prevención de la Adicciones y Combate al Narcotráfico y de Legislación Penal, en vistas a modificar la ley de drogas actual. La penalización de la tenencia, agregó, “habilita a la policía a molestar, a extorsionar, a veces a hacer caja, a meterse en la vida personal”.

El plenario comenzó a las 10.30, en una sala repleta del segundo piso del Anexo del Congreso, y sirvió para analizar los distintos proyectos, en particular uno de consenso entre el oficialismo, la UCR y el Frente Amplio Progresista, en el que coincidieron los diputados Diana Conti, Ricardo Gil Lavedra y Victoria Donda. También se informó sobre el estado de las políticas públicas del Ejecutivo nacional, tras el cambio hacia un paradigma alternativo al prohibicionista, que involucra cambios en la persecución del crimen organizado dedicado a las drogas y en la atención de los usuarios.

“La peor toxicodependencia sin dudas es el alcohol”, dijo Zaffaroni, rodeado de los presidentes de ambas comisiones, el radical Mario Fiad, por Adicciones, y el kirchnerista Oscar Albrieu, de Legislación Penal, quien estuvo acompañado por su colega de banca Horacio Pietragalla. También estaba el jefe de bloque del oficialismo, Agustín Rossi. Zaffaroni aclaró luego que el fenómeno del paco se circunscribe “a una población vulnerable, minoritaria y recuperable”, y las redes de producción y distribución conforman “una mafia barrial, no un cartel de droga que maneja millones”.

El magistrado habló de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que producía y distribuía esa sustancia dentro del país, y cómo generó mafias y un mercado informal. “Hoy el tóxico ilegal se produce afuera, las muertes están en México y 60 por ciento del dinero de la distribución queda en Estados Unidos, que además vende armas a los narcos mexicanos”, explicó Zaffaroni, al describir al país que promueve y sostiene la prohibición aún. Argentina, diferenció luego, no es un país productor ni está al lado del principal consumidor de drogas ilegales, como le pasa a México. “Somos un país de tránsito de cocaína, pero no un gran consumidor”, definió.

La sanción de la ley actual, agregó, fue impulsada por la administración de Richard Nixon en Estados Unidos e implica “una política criminal absurda y suicida”. Y explicó luego: “El consumo es un problema de salud, que tiene su propia naturaleza. Si se lo saca de ahí y se lo lleva a una naturaleza que le es artificial, como la esfera penal, no se resuelve el problema”. Zaffaroni recordó “sentencias aberrantes”, como la de un consumidor a quien la policía le encontró “restos de marihuana en el bolsillo” y fue arrestado “por hacer peligrar la seguridad nacional”.

Consultado sobre dos puntos del proyecto de consenso, el juez de la Corte sostuvo su posición favorable a bajar las penas al microtráfico, como el caso de las mulitas, y también consideró que “no es proselitismo el consumo en la vía pública, algunos pueden fumar marihuana en su terraza, otros se tienen que arriesgar en la calle”. Cuando el diputado del PRO Federico Pinedo preguntó si no se estaba permitiendo la adquisición de estupefacientes al despenalizar, Zaffaroni explicó que en algunos delitos no hay pena para el partícipe necesario o el sujeto pasivo de un delito, como en el caso del estupro, donde hay relación consentida de la víctima.

La siguiente persona en hablar fue Mónica Cuñarro, quien coordinó la Comisión de Políticas Públicas en Drogas, que asesoró al gobierno nacional durante cinco años. La fiscal informó que siguen llegando ese tipo de causas a los juzgados y cada una cuesta 5000 mil dólares. “Este año en Capital Federal hubo 1230 causas. El 86 por ciento fue contra usuarios”, agregó. La especialista aclaró que no es lo mismo el uso, el abuso y la dependencia a las sustancias. Recordó que se hizo un gran estudio, en 51 mil hogares: “Más del 50 por ciento de abuso y adicción tenía que ver con el alcohol”. Le siguieron el tabaco, los psicofármacos, la marihuana, la cocaína y muy atrás el paco.

Tras repasar los logros legislativos en la materia, como la Ley Antitabaco, de Medicamentos y de Salud Mental, advirtió la necesidad de campañas de prevención por parte del Estado. “En cuanto a la oferta, las causas graves por tráfico no llegan al 2 por ciento del total, nunca se llega al organizador ni al comerciante. Además había un desvío de precursores químicos, efedrina y derivados de la efedrina, antes del triple crimen. Ahora, con el Registro de Precursores intervenido, comienza a regularizarse la situación”, agregó.

El trabajo de la comisión que encabezó Cuñarro, junto a jueces, sanitaristas y sociólogos, derivó en un proyecto de ley integral, que este año presentó el senador Aníbal Fernández. La fiscal se mostró a favor de debatir en Diputados el proyecto de consenso entre Conti, Gil Lavedra y Donda, y aconsejó que se integraran a esta reforma, que permite el autocultivo de marihuana y desjudicializa la atención médica. “De nuestro proyecto agregaría para mí la división de roles en las organizaciones, para que no quede siempre enganchado el de segunda o tercera línea, y las regulaciones a las figuras del agente encubierto y el arrepentido”, propuso.

“También agregaría el levantamiento de secreto bancario de las empresas. Recordemos que el zar de la cocaína, hace unos años, fue ex jefe de Inteligencia de la Gendarmería Nacional, que tenía un montón de empresas fantasma. Esto lo digo para que el demonio no se vea solamente peruano, colombiano, boliviano”, dijo la fiscal. Además sugirió que se sume el agravamiento de penas para los funcionarios estatales y judiciales implicados en estos delitos.

Sobre el tema del consumo de drogas pidió reconocer que se trata de una pauta cultural. “Como podía existir una pauta cultural, cuando Conti estaba en la Cámara del Crimen y regía un decreto de la Corte del ’55, que prohibía el uso de minifalda y botas”, recordó.

Por su parte, Ignacio O’Donell, de la Sedronar, explicó que con tratamiento diferenciado de los consumidores de paco, con protocolos y nuevas modalidades de intervención se puede dar “tratamientos pertinentes e integrales, se puede reinsertarlos y tienen muchas posibilidad”. El funcionario informó que se están inspeccionando los lugares de tratamiento, redireccionando becas a organizaciones de base y mejorando el acceso al tratamiento, poniendo el foco en la atención en los barrios. “Estamos financiando otro tipo de dispositivos, que tienen que ver con centros de escuchas en otros barrios, casas de abrigo para que los usuarios en situación de calle puedan bañarse, dormir, comer.”

Malavolta, encargado de la parte de oferta en la Sedronar, describió los controles que se están haciendo sobre los precursores químicos y los avances en coordinación. “El paco es el desafío porque está en sectores vulnerables, sin inclusión social, donde el Estado a veces no puede llegar. Tuvimos siempre la teoría de que el crecimiento económico era la solución a nuestros problemas y nunca pensamos en el desarrollo integral de las personas”, reflexionó Malavolta.

El cierre estuvo a cargo del encargado del tema adicciones en el Ministerio de Salud, Alberto Calabrese. Su discurso fue lapidario: “Nosotros, los seres humanos, desde hace 70 años libramos esta guerra contra las sustancias. El adicto, recuerden, puede estar sentado acá, puede ser un familiar o un primo o un hijo, no es un enemigo, es una persona que se descoloca en un punto porque es lo que se resignificó antes, esto es lo importante. El día que le pusimos el dedo a esta incriminación previa, condenamos a inclusiones y exclusiones de todo tipo y en todo momento. Esta historia empieza con un modelo ético-jurídico, lo sigue un modelo positivista médico, que deviene en el punto de vista médico hegemónico. Esta asociación nefasta hasta el día de hoy nos controla la vida”.