Una adolescente de 16 años, acompañada por sus padres, pidió interrumpir el embarazo producto de una violación, en el hospital de El Calafate, Santa Cruz, donde vive. Pero los médicos, con el aval del director del hospital, Roberto Kwazka, manifestaron su oposición a realizar la práctica y exigieron una autorización judicial, contrariando así el reciente fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible. El reclamo de la chica llegó a los tribunales locales. El juez de instrucción penal Carlos Narvete se pronunció en línea con la sentencia del máximo tribunal y dijo que “la judicialización del caso es innecesaria”, que se trata de un tema de salud y no penal, y exhortó al director del hospital local y al ministro provincial de Salud, Daniel Peralta, “a hacer operativo en forma urgente el protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles, como el presente caso”.

En declaraciones a la prensa local, Narvete señaló compartir plenamente los lineamientos que fijó la Corte Suprema para garantizar las interrupciones de embarazo contempladas en el Código Penal. “Al negarle los abortos no punibles se están violando los derechos de las mujeres”, denunció en diálogo con Página/12 Lucrecia Vivanco, referente de Libres del Sur en la provincia de Santa Cruz. “El Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo del tema”, agregó Vivanco y reclamó la urgente implementación de un protocolo hospitalario para la atención de esos casos.

La adolescente cursa un embarazo de nueve semanas, según contó a este diario la secretaria de Desarrollo Social del municipio de El Calafate, Norma Costa, quien viene acompañando a la chica y a su familia en el reclamo del aborto no punible. Costa precisó que se comunicó con el ministro de Salud provincial, tras conocer el fallo del juez Narvete. “Hoy (por ayer) el ministro me manifestó que todos los hospitales del interior de Santa Cruz se declararon objetores de conciencia. Y que no habría ningún profesional dispuesto a realizar el aborto no punible. Falta solo determinar si en Río Gallegos hay alguno”, informó la funcionaria.

Sobre este punto, el fallo de la Corte establece que la objeción de conciencia no puede ser institucional, sino que se trata de un derecho individual, es decir que las autoridades sanitarias deben garantizar la atención de los abortos no punibles que se soliciten. En los últimos días, el ministro Peralta dijo públicamente que la provincia adhiere a lo dispuesto por el máximo tribunal. Sin embargo, todavía no dio a conocer ninguna resolución que fije un protocolo hospitalario. Santa Cruz es de las pocas provincias –junto con Mendoza, Corrientes, San Luis, Río Negro, y Chaco y la ciudad de Buenos Aires– que hasta el momento no se hicieron eco de la exhortación que hizo la Corte a las provincias para establecer guías de atención con el máximo estatus normativo posible, para evitar que se impongan obstáculos arbitrarios al derecho que tienen las mujeres a interrumpir un embarazo producto de una violación y cuando corre riesgo su vida o su salud.

El municipio de El Calafate intervino en el caso desde el área de protección de la infancia, cuando tomó conocimiento de que la adolescente había sido violada, contó la secretaria local de Desarrollo Social. “Le explicamos a ella y a su familia los derechos que tenía. La familia decidió hacer la denuncia y pedir la interrupción del embarazo. Entonces, hicimos la presentación en el hospital”, relató Costa, cuya secretaría es la autoridad de aplicación de la ley provincial de protección de la infancia. Pero en el hospital rechazaron el pedido. “El director alegó que no tenían garantías jurídicas para hacer el aborto no punible, que necesitaban una autorización judicial. Nosotros consideramos que no es necesaria. Pero frente a esa situación, decidí llevar el caso a la Justicia para que no se sigan vulnerando los derechos de esta joven”, explicó la funcionaria municipal.

El juez se expidió el martes. “Debo pronunciarme sobre la innecesariedad de la judicialización del presente caso y exhortar al director del hospital local y al ministro provincial a hacer operativo en forma urgente el protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles, como el presente caso”, dice la resolución de Narvete. El magistrado aclaró que la falta de un protocolo hospitalario no impide que el aborto no punible reclamado por la adolescente se realice. “Ahora la resolución del tema está en manos del Ministerio de Salud de la provincia”, dijo Costa. Paralelamente, la fiscalía local tiene a su cargo la investigación de la violación, que habría ocurrido en la vía pública.